Torturaron y amenazaron de muerte al padre Clemente Morales durante los tres días que estuvo secuestrado en Culiacán

La Diócesis de Culiacán confirmó el 1 de noviembre que el sacerdote Clemente Morales Topete fue golpeado, quemado y amenazado de muerte durante los tres días que un grupo de personas desconocidas lo mantuvo privado de la libertad, luego de ser reportado como desaparecido el sábado 24 de octubre.

La Iglesia advirtió que las acciones de seguridad han sido insuficientes para devolver la tranquilidad a Culiacán después de más de dos años de violencia, en medio de la guerra interna entre el Cártel de Sinaloa.

En una carta circular, firmada por el obispo Jesús José Herrera Quiñónez y el secretario canciller Ramón Alberto Ibarra Ayala, la Diócesis detalló que sus agresores exigieron al párroco información que no podía proporcionar.

El religioso, de 67 años y párroco de la iglesia Cristo Resucitado en la colonia La Campiña, continúa bajo observación médica con una evolución favorable, aunque su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral.

La desaparición de Morales Topete ocurrió después de que acudiera a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, al sur de Culiacán. Fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas del sábado 24 de octubre; tenía previsto trasladarse a Cristo Resucitado para oficiar una misa a las 17:00, pero nunca llegó. Una feligresa identificada como Rossy narró que el sacerdote abordó su camioneta Toyota Hilux gris oscuro, placas UG34195, al salir de la clínica, y desde ese momento se perdió su rastro.

La Diócesis confirma tortura

La circular detalla con precisión las agresiones que sufrió el párroco durante su cautiverio. “Confirmamos que el sacerdote fue levantado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar desconocido, fue golpeado y le provocaron incluso quemaduras graves en su cuerpo, pidiéndole información que él no conocía y por lo cual no podía ofrecer, fue retenido durante tres días en los cuales recibió amenazas de muerte reiteradamente, hasta que lo liberaron el pasado martes”, señala el documento.

El martes 27 de octubre, Morales Topete regresó por sus propios medios a la casa parroquial conduciendo su camioneta, con evidentes muestras de violencia en el cuerpo. Miembros de su comunidad, sacerdotes, un médico y autoridades acudieron de inmediato para atenderlo antes de su traslado a una clínica para recibir atención especializada.

La Fiscalía General del Estado confirmó el 30 de octubre que el sacerdote presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo. “Lesiones diversas corporales, pero ya fue atendido y él está bien, en buen estado de salud”, dijo la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo. La funcionaria precisó que Morales Topete ya había rendido declaración, que contaba con medidas de protección como víctima y que la carpeta de investigación se mantenía abierta bajo el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resultara.

Además de las lesiones físicas, la carta circular de la Diócesis reporta afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas recibidas.

La Iglesia exige resultados y llama a quienes generan violencia a detenerse

El obispo Herrera Quiñónez agradeció en la circular la intervención de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales, pero advirtió que sus esfuerzos no han sido suficientes.

“Después de más de dos años de vivir esta situación, el sufrimiento de las familias, las desapariciones, las privaciones ilegales de la libertad y las muertes violentas y en estos últimos meses los feminicidios, nos obligan a decir que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto necesita”, señala el documento.

La Diócesis pidió fortalecer las estrategias de prevención, seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, procuración de justicia y atención integral a las víctimas.

“No bastan los discursos ni los datos estadísticos cuando las familias continúan sufriendo y las personas siguen viviendo con temor. Es indispensable que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables”, exigió el obispo.

En el mismo documento, Herrera Quiñónez dirigió un llamado directo a quienes generan violencia en Sinaloa. “Les pedimos que reflexionen sobre el daño que están causando, que escuchen la voz de su conciencia y que vuelvan su mirada a Dios. Está en ustedes detener esta violencia”, escribió, para agregar: “Oramos también por quienes hacen el mal, porque creemos en la posibilidad de la conversión; pero nuestra oración no significa aprobación ni justificación de sus acciones”.

En su condena, la Diócesis citó el documento conciliar Gaudium et Spes 27 para respaldar su posición doctrinal: “Reprobamos, rechazamos y condenamos las acciones que atentan contra la vida y la integridad física y moral de las personas, entre ellas las torturas físicas y psicológicas y las detenciones arbitrarias, porque son contrarias a la dignidad humana”.

Herrera Quiñónez convocó a familias, instituciones educativas, organizaciones civiles, empresarios, medios de comunicación y comunidades religiosas a encontrar juntos caminos que favorezcan la reconciliación y el respeto a la vida. “La paz es una responsabilidad compartida, pero las autoridades tienen una responsabilidad particular e irrenunciable en la protección de la vida, la seguridad y los derechos de las personas”, subrayó.

La carta circular fue emitida en la Sede Episcopal de Culiacán el 1 de noviembre de 2026, en la Solemnidad de Todos los Santos. Las investigaciones sobre la agresión al sacerdote permanecen abiertas y la Diócesis pidió no adelantar conclusiones ni difundir información que pudiera comprometer el proceso. El obispo cerró el documento con una petición a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Catedral de Culiacán, para que interceda por las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y toque el corazón de quienes han elegido el camino de la violencia.