La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este martes 3 de mayo al Estado mexicano a investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en un centro migratorio en Ciudad Juárez, así como reparar adecuadamente los daños a las víctimas.
“A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos”, indicó el organismo a través de un comunicado.
La CIDH condenó enérgicamente los fallecimientos, no obstante reconoció las acciones del Estado tras la tragedia, como la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias; el inicio de las investigaciones, y la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de los migrantes.
De igual manera, solicitó a México “aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos”.
Además, recordó que los migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos, lo que implica esclarecer, investigar y procesar a los responsables “y según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado”.
La dependencia también señaló que tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos. E igual incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.
La CIDH subrayó que el Estado debe garantizar los derechos frente a las personas bajo custodia. En ese sentido recordó que, según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, “el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo”.
El pasado 27 de marzo, tras un incendio dentro de una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, murieron 40 migrantes que realziaban una protesta donde solicitaban que mejoraran sus condiciones dentro del centro de detención y contra su posible deportación.
Después de la tragedia, una decena de personas han sido detenidas, mientras que el director del INM, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso el domingo porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de omisión de funciones por su rol en los hechos, pero se mantiene en libertad y sin renunciar a su cargo.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado que Garduño permanezca como titular de Migración, aunque ha prometido que no se protegerá a nadie, además de que habrá justicia.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
(Con información de EFE)
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