
Un tribunal federal invalidó una condena de 50 años de prisión contra Daniel Arizmendi López, mejor conocido como “El Mochaorejas”, y cuatro miembros de su banda delictiva, luego de que se llegara a la determinación de los implicados no tuvieron la oportunidad de presentar pruebas a su favor.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México, a orden expresa del Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal, anuló las condenas y dio cumplimiento a la resolución para que un juez de Distrito de Procesos Penales Federales reponga el proceso en el que se detectaron violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
Sin embargo, dicha resolución no implica que Daniel Arizmendi salga libre, pues solo contribuyó a disminuir las condenas acumuladas de más de 380 años de prisión que pesan en su contra. Asimismo, de acuerdo con Proceso, en el amparo los acusados afirmaron que fueron víctimas de tortura con el fin de confesar los delitos por los que fueron sentenciados.

“El Mochaorejas” y los otros cuatro implicados fueron sentenciados a 50 años de cárcel por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. De acuerdo con un expediente con fecha del 6 de mayo de 1997, fueron responsables del secuestro de un comerciante de la Central de Abasto de la Ciudad de México.
La víctima, según la investigación, fue llevada a una casa de seguridad en tanto los secuestradores negociaron con su padre cierta cantidad de dinero por su liberación. Para presionar a su progenitor, los plagiadores le cortaron la oreja izquierda y se la enviaron a su familia; sin embargo, debido a que no obtuvieron la cantidad solicitada, privaron a la víctima de la vida y tiraron su cadáver en la avenida Ignacio Zaragoza, donde fue localizado nueve días después del secuestro.
El Tribunal Colegiado insturyó al juez de la causa a rendir indicios de estas alegaciones para que, en caso de acreditarse que fueron víctimas de tortura, se haga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se inicie una carpeta de investigación.
“El Mochaorejas”

Daniel Arizmendi nació en Miacatlán, Morelos, el 22 de julio de 1958. Sus padres fueron Catarino Arizmendi y María López, quienes además de él procrearon a Juan Ubaldo, Aurelio y Diego.
Fue detenido por primera vez en diciembre de 1990 por la Policía Judicial del Estado de México. Comenzó a dedicarse al secuestro cuando una sobrina de su esposa le platicó que habían plagiado a una persona en la ciudad de Cuernavaca. Sus cautivadores habían exigido a la familia un millón de pesos.
Se dio cuenta de lo “fácil” que era y empezó a secuestrar con la misma banda con la que robaba automóviles: su hermano Aurelio, los hermanos Paz Villegas, Raciel El Rachi, Joaquín Parra Zúñiga, y un hermano de éste.
El primer secuestro que realizó fue el de Martín Gómez Robledo, dueño de una gasolinera. Lo trasladaron en una camioneta por la autopista México–Puebla a su casa de seguridad: el lugar también lo utilizaban como un refugio para guardar los vehículos robados.

Encerraron a Gómez Robledo desnudo en el baño, lo ataron de pies y manos, le vendaron los ojos, y no le dieron comida ni agua. Arizmendi exigió a la familia de la víctima un millón de pesos, pero como estuvo abierto a las negociaciones, terminó recibiendo 350 mil.
Al darse cuenta que el negocio no sería tan rentable si estaba dispuesto a negociar, El Mochaorejas comenzó a utilizar medidas más crueles. Durante su séptimo secuestro, le cortó una oreja a Leobardo Pineda, propietario de distintas bodegas en Ixtapaluca, Estado de México.
Solamente tendría que mutilar a sus víctimas y dejar su propia marca: concluyó que la oreja sería una parte del cuerpo espeluznante pero sutil y no tan perverso como cortar una pierna entera o un brazo.
“Yo creo que sí volvería a empezar. Aunque tuviera 100 millones de dólares lo volvería a hacer. Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando, que te podrían matar. Era como adivinar, ahora le corto una oreja a este cuate y va a pagar. ¡Y pagaban!”, dijo en una entrevista.
El 22 de agosto del 2003 fue sentenciado a 393 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y homicidio.
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