Diputados aprobaron una ley para que ningún agresor ocupe un cargo en el servicio público

Con 455 votos a favor y 25 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la “iniciativa 3 de 3 contra la violencia” que propone que las personas con sanciones por violencia familiar, delitos sexuales, así como deudores alimentarios, no tengan el derecho a ocupar un cargo en el servicio público, ya sea por elección popular o nombramiento.

Lo anterior reforma el artículo 38 constitucional para establecer las diferentes causales, que se dividieron en apartados, pues algunas conductas son delitos y otras faltas administrativas que se conforman vía declaratorias y no sentencias.

“La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación”, se estableció.

Según la iniciativa, una persona agresora que haya sido sentenciada, una vez que cumpla con esta sanción ya no cae en el supuesto de pérdida de derechos políticos.

Cabe mencionar que el voto fue dividido en las y los legisladores de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), pues 25 diputados del Partido del Trabajo (PT) se abstuvieron. Incluso, antes de comenzar la discusión, el diputado Gerardo Fernández Noroña presentó una moción para suspender la discusión de esta reforma --que no pasó--, pues dijo que será utilizada para sacar a mujeres y hombres de la actividad política y aseguró que 20% de quienes están en el “padrón de violentadores” son mujeres.

Y es que Fernández Noroña ha sido señalado de emitir pronunciamientos presuntamente violentos contra las mujeres.

Previamente, por la mañana, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Aleida Alavez, había advertido el intento de legisladores varones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para frenar la aprobación de las enmiendas, por lo que las demás compañeras de los otros partidos tuvieron que unirse y hacer presión para incluir la discusión y votación.

Durante la discusión, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinoza, comentó que esta reforma fue construida por las legisladoras de todas las bancadas.

Mientras que su homológa del PT, Lilia Aguilar Gil, afirmó que las acusaciones de que esta reforma buscaba “perseguir”, provienen desde el miedo.

Agregó que “con esta decisión no se ataca a los hombres, se demuestra que las mujeres estamos avanzando en nuestros derechos”.

“La inclusión de hombres violentadores a los puestos públicos es lo que hace que existan leyes violentadoras”, apuntó.

El dictamen ya fue turnado al Senado para su eventual aprobación y entrada en vigor.