El estado de derecho jamás estuvo en riesgo con Plan B: Adán Augusto sobre decisión de SCJN

La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dio un duro golpe a los integrante del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), ya que admitió una suspensión absoluta del polémico Plan B de Andrés Manuel López Obrador.

La decisión fue celebrada por miembros de la oposición y el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama. No así por el secretario de Gobernación y corcholata, Adán Augusto López.

Pues en sus redes sociales aseguró que la aprobación de la reforma a las leyes secundarias nunca pusieron en riesgo el Estado de Derecho del país.

El titular de la Segob aseguró en su cuenta de Twitter que la Reforma en realidad garantiza el acceso democrático de la ciudadanía y la transparencia de los recursos, dos cosas que la democracia “debe abanderar y defender”.

Añadió que el oportunismo político de la oposición “no debe dar paso a la duda de las acciones” de la SCJN e insinuó que la suspensión otorgada no duraría, pues aún faltaba que los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Ejecutivo, respondieran a la solicitud.

La solicitud referida por López Hernández, es la que hizo el ministro Javier Laynez, responsable de admitir la demanda de controversia constitucional, quien pidió al Congreso y al presidente una contestación para que sus posturas atraviesen por un analisis y se busque una solución.

Mientras que la demanda aceptada por el Máximo Tribunal, fue la presentada por el INE con la que se buscaba suspender en lo general y en lo particular el decreto “por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Material Electoral”.

Lo anterior bajo el argumento de que la Reforma ponía en riesgo los derechos político-electorales de los mexicanos. Laynez Potisek destacó que la SCJN puede otorgar suspensiones en Constroversias si los derechos humanos están en peligro de ser vulnerados.

Cabe destacar que no fue la única acción legal presentada en contra del Plan B, pues tanto la oposición como el INE han presentado algunas impugnaciones en meses pasados. Sin embargo, varias de las demandas contra la Reforma presidencial han sido desechadas por las autoridades electorale.

Pues el pasado 15 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 677 demandas, que junto con las 250 desechadas el 8 de marzo, suman 927.

Varias de estas fueron presentadas por trabajadores de algún órgano del INE (alrededor de 241) y no presentaban un acto concreto de aplicación, por lo que no se estudió el problema jurídico.

Aunque el Plan B se ha visto golpeado por el poder Judicial después de que el TEPJF también determinara la inoperabilidad del artículo 17 transitorio del decreto con el que se destituyó al Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.

Esto ocasionó que el Gobierno Federal a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) señalase a los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Otálora Malassis de invadir las facultades de la SCJN y de sostener una “guerra jurídica” contra el Plan B.

Incluso llegó a poner en duda su imparcialidad al relacionarlos con los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, porque en el 2016, dentro del Senado, se logró extender los plazos de las magistraturas hasta después del 2024.