El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la noche de este miércoles a tres magistrados de la Primera Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de emprender una “guerra jurídica” en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral.
A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), señaló que los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Otálora Malassis invadieron las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver inaplicar el artículo 17 transitorio que ordenaba el despido del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo.
Incluso, se aseguró que los magistrados tienen comprometida su imparcialidad debido a que la oposición (PRI, PAN y PRD) consiguieron extender su cargo hasta después de 2024, lo calificaron como “inconstitucional”.
“Cabe recordar que este grupo de magistrados electorales fueron beneficiados de un acuerdo inconstitucional que data de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, quienes ampliaron indebidamente los plazos para que ocuparan las magistraturas hasta después de 2024, con lo cual se comprometió la parcialidad de dichos juzgadores”, agregó.
Por el contrario, Presidencia destacó que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales, votaron en contra del proyecto al considerar que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Jacobo Molina.
Cabe mencionar que tanto Soto Fregoso como Vargas Valdez, también conocido como “magistrado billetes”, suelen votar a favor de la administración de AMLO.
Por lo anterior, se anunció que la CJEF explorará todas las vías jurídicas para combatir la “resolución ilegal” que aprobó la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF en contra de la transformación de un marco normativo que, “fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México”.
Los argumentos de Janine Otálora
Al exponer su proyecto, la magistrada Otálara Malassis señaló que el Congreso de la Unión no tiene libertad absoluta para interferir en órganos autónomos, por el principio de división de poderes.
Y es que argumentó que el artículo 17 del Plan B que ordena cesar a Jacobo Molina es una ley dirigida y personalizada, pues sólo se le puede aplicar a él y después será obsoleta, lo cual va en contra de derechos fundamentales.
Durante la sesión pública, se destacó que si existiera una contradicción de criterios, será en todo caso la SCJN, la que deberá de decidir cuál debe prevalecer.
La resolución del Tribunal Electoral se suma a una sentencia judicial a favor del funcionario, que provocó que regresara provisionalmente a su cargo el 13 de marzo.
El pasado 9 de marzo, un tribunal colegiado ordenó restituir provisionalmente a Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE en lo que una jueza resuelve el juicio de amparo que promovió el exfuncionario contra el cese de su cargo.
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