
Margarita Zavala, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), reapareció en su ejercicio legislativo tras ausentarse algunos días y propuso una iniciativa para reformar las leyes de Asistencia Social y la General de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de que el personal de asistencia social cuente con certificación.
Para materializar dicho propósito, la egresada de la Escuela Libre de Derecho planteó una serie de modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA), esto para que se establezca que el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social deberá contar con comprobantes de certificación, con enfoque en los derechos de la niñez, sobre todo el personal que labora en los Centros de Asistencia Social.
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Específicamente, se trata de reformar los artículos 111 y 112 de dicha Ley, asimismo, especificó que esto guarda la finalidad de efectuar una labor con una capacitación integral, así como la del director general y representante legal para que los menores resulten beneficiados con una atención especializada en materia.

Zavala Gómez del Campo señaló que la obligación de los titulares o responsables legales de esos Centros de brindar las facilidades a las Procuradurías de Protección para que realicen la verificación sea de manera semestral. Asimismo, el paquete de modificaciones aplica en los artículos 10 y 28 de la Ley de Asistencia Social (LAS), donde se apunta que los sujetos de atención tendrán derecho a recibir servicios por parte de personal certificado.
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Además, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SN-DIF) tendrá la función de promover la certificación del personal encargado de la prestación de los servicios de asistencia social. Y fue en este contexto donde el texto fue remitido a las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su dictaminación.
Para defender esta iniciativa, la también ex primera dama explicó que el objetivo de la certificación es vigilar que los Centros de Asistencia Social cumplan con los estándares de calidad, capacidad y seguridad nacionales e internacionales requeridos, y que cuenten con los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar los derechos de las y los menores en México.
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Aunado a ello, se espera que con esta iniciativa se asegure el cumplimiento de estándares de profesionalización del personal que brinda servicios a los usuarios de los Centros de Asistencia Social, y supervisar el cumplimiento de los objetivos de calidad integral de los servicios, cuidado y atención que brindan.
Durante su exposición de motivos, la panista refirió que en 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó que existían más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en albergues u orfanatos públicos. Actualmente, en México, de acuerdo con cifras oficiales, quedaron en orfandad 131 mil 325 niñas y niños, que perdieron padre, madre o ambos, por causa del COVID-19.
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Como si esto no fuera suficiente, la licenciada en derecho recordó una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se solicita al gobierno garantizar el trato adecuado a este demográfico en situación de vulnerabilidad, por lo que destacó la necesidad de legislar al respecto.

Dicha iniciativa sale en un contexto convulso para Acción Nacional, pues el pasado 21 de febrero, la Corte de Brooklyn declaró culpable a Genaro García Luna, el “super policía” de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón —esposo de Margarita Zavala—, motivo por el cual se criticó severamente a los dos gobiernos emanados del PAN (de 2000 a 2012) en materia de seguridad.
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Además, desde que se dio el veredicto contra el narcotraficante mexicano, que fungía como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Margarita Zavala llamó la atención de la 4T por ausentarse de la Cámara de Diputados, ya que fue hasta este viernes 3 de marzo que reapareció en el Pleno del Palacio de San Lázaro.|
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