Señalaron conflicto de interés entre Norma Piña y caso Wallace: la Corte podría conocer de irregularidades

Salvador Leyva, ex secretario técnico A de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, presentó su renuncia a la Defensoría Pública Federal, porque de acuerdo con él no existen las condiciones para continuar trabajando por los derechos humanos bajo la nueva dirección y presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Su renuncia se hizo pública el jueves 2 de febrero y este lunes 6 se volvió tendencia en redes sociales “Isabel Miranda”, esto por la posible existencia de un conflicto de interés que, de acuerdo con el ex servidor público, inicia en la investigación del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, pasa por la utilización de un software espía y llega hasta Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte.

Leyva Morelos Zaragoza se desempeñaba como defensor de Brenda Quevedo y Juana Hilda González, parte de los presuntos señalados de atentar contra la libertad y vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, mismas personas que llevan encerradas 17 años sin sentencia y han demostrado ante instancias internacionales que, para probar su culpabilidad, fueron objeto de tortura e insisten en que todas las pruebas fueron fabricadas.

En su carta de renuncia, dirigida a la magistrada Taissia Cruz Parcero, Salvador Leyva señala que es del conocimiento de Cruz Parcero que Abraham Pedraza Rodríguez, secretario de Estudio y cuenta de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, es también cuñado de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto Wallace.

Y es esta red de conexiones la que supuestamente permite que existan dos cosas: 1. Múltiples irregularidades en el caso; 2. Que éstas se legitimen en el sistema de impartición de justicia de México. Aunado a ello, el defensor público comprobó que él y algunos de sus colegas fueron espiados con un malware de uso exclusivo del gobierno mientras atendía los casos de Brenda Quevedo y Juana Hilda González, por lo que decidió separarse de su cargo.

Cabe destacar que en el documento publicado por el abogado, quien manifestó su indignación por la presunta tortura ejercida contra Brenda, Juana Hilda, Tony, Albert, Jacobo y César, enunció dificultades impuestas en su desempeño como defensor derivado de una denuncia anónima en relación a este caso.

Para brindar más contexto, Leyva Morelos Zaragoza especificó que el 14 de febrero de 2022 solicitó que la SCJN atrajera el caso de Juana Hilda; no obstante, la denuncia anónima se presentó el 16 de febrero de ese mismo año (dos días después). Aunado a ello, el defensor relató diversas irregularidades en el proceso y documentó que los ataques realizados por el malware espía coincidieron con acciones específicas de la defensa.

Al respecto, Salvador Leyva destacó ciertos aspectos de la defensa de Juana Hilda que pudieron haber tenido como consecuencia la denuncia anónima contra su persona y la de sus colegas involucrados en el caso de Hugo Alberto Wallace Miranda.

1. El hallazgo de la prueba que acredita que un empleado de Isabel Miranda rentó el departamento 4 de Perugino 6 entre el primer y segundo cateo, en el cual supuestamente se encontró una gota de sangre y una licencia de conducir vencida.

2. El impulso de una investigación penal en contra de Isabel Miranda por la simulación de pruebas que mantienen a Juana Hilda y demás implicados privados de libertad desde hace más de 17 años.

3. El trámite del incidente de revisión de medida cautelar de Brenda Quevedo, co-proceda de Juana Hilda González Lomelí, quien se encuentra en prisión preventiva oficiosa desde hace más de una década.

Finalmente, el abogado destacó que fue la Universidad de Toronto quien confirmó las violaciones a la seguridad electrónica de los dispositivos del equipo de defensores, mismas que se realizaron en cuatro fechas diferentes de 2021: 1 de mayo, 5 de julio, 31 de agosto y 24 de noviembre.