Políticas públicas LGBTIQ+ en Colombia, más de 15 años de experiencias

Las políticas públicas son herramientas de transformación social, con estas se busca persuadir el comportamiento de la ciudadanía y subsanar un problema social; por medio de un proceso integrador, en donde convergen decisiones, instrumentos y acciones, encaminadas a resolver una situación entendida como problemática.

En el caso de Colombia, la discriminación estructural e histórica contra las personas LGBTIQ+ se ha combatido en gran medida con las políticas públicas que han sido formuladas gracias a los esfuerzos del movimiento social y su capacidad de incidencia política.

La primera de estas herramientas fue aprobada en 2009 en Bogotá, mediante el acuerdo 371, un documento que se ha convertido en un referente para el resto del país. Su formulación fue producto de la articulación entre líderes sociales, organizaciones y la institucionalidad del Gobierno distrital.

Entre sus objetivos se encuentra: consolidar el desarrollo institucional para que reconozca, garantice y restituya los derechos de las personas LGBTIQ+; generar capacidades y espacios de participación políticas; promover la cultura ciudadana basada en la protección de una vida libre de violencias y posicionar la perspectiva de género y diversidad sexual en los instrumentos de gobierno de la ciudad.

En diciembre de 2022, con motivo de los 15 años de esta política, se anunció que Bogotá contaba con: cuatro Casas LGBTI, espacios en los que se ofrece atención psicosocial y jurídica, salas de cómputo y programas de formación; dos salas de lectura enfocadas en la diversidad sexual; atención a 367 personas en la Casa Refugio; se brindaron 1.243 subsidios a personas LGBTI en condición de vulnerabilidad social; un comedor comunitario, Casa Nutrir Diversidad, que brinda atención a 150 personas diariamente.

Dos años después, Medellín expidió su propia política, mediante el acuerdo 008 de 2011. Al igual que en Bogotá, el eje central de su estructuración es garantizar una libre de violencias para la comunidad LGBTIQ+ en el territorio, pero además creó el Centro para la Diversidad Sexual y de Género.

Bajo el ejemplo de las dos ciudades más importantes del país, otras urbes han seguido estos pasos, tales como: Ibagué (2015), Santa Marta (2015), Popayán (2016), Cartagena (2016), Manizales (2017), Sincelejo (2021), Villavicencio (2020), Pasto (2020), Montería (2022) y Bucaramanga (2022).

El difícil camino de la Política Pública Nacional LGBTIQ+

A nivel nacional se decretó la Política Pública Nacional desde mayo de 2018, en un esfuerzo liderado por el Ministerio del Interior, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue acompañado por varios líderes y organizaciones, que ya contaban con experiencia en los escenarios locales. Con el documento se pretendía:

Sin embargo, la implementación de este articulado solo se registró hasta 2022. En su momento, organizaciones sociales y líderes manifestaron que el decreto 762 de 2018 no fue implementado por el gobierno de Iván Duque debido a sus diferencias políticas con su predecesor, así como por las presiones de líderes religiosos que no veían con buenos ojos la promoción de esta política.

Esto motivó a que Mauricio Toro, entonces representante a la Cámara, convocara a una audiencia pública de seguimiento a la implementación del decreto, el 14 de septiembre de 2020, durante la cual, varios activistas y voceros de organizaciones sociales expresaron sus molestias frente a la situación.

Finalmente, la territorialización de este instrumento fue producto de una acción de tutela, medida de protección de derechos inmediata emitida por un juzgado, la cual fue interpuesta por varias organizaciones sociales que exigieron al Estado colombiano su implementación.

La más reciente Política Pública en una ciudad colombiana

El pasado 9 de febrero, la organización Caribe Afirmativo informó a la opinión pública que Barrancabermeja está cerca de unirse al grupo de ciudades colombianas que cuentan con una política pública LGBTIQ+, sería la número 11. En el concepto de la organización social, esta experiencia es de gran importancia, pues:

Esta misma organización había documentado la afectación de las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado colombiano, así como las consideraciones especiales que implica este fenómeno en la atención gubernamental.

Pero estas advertencias no solo corresponden a las organizaciones sociales, organismos de gobierno y mecanismos de justicia transicional, ya las han documentado la Defensoría del Pueblo, los tribunales de Justicia y Paz, el Centro Nacional de Memoria Histórica y más recientemente la Comisión de la Verdad, que como parte de sus recomendaciones incluyó “Impulsar un estatuto de participación de mujeres y personas LGTBIQ+”.

Un aspecto clave en el éxito de estos instrumentos es que sean concertados y formulados desde los escenarios locales, un aspecto que no siempre es valorado por las autoridades, las cuales pueden llegar a subestimar la capacidad de participación política de las comunidades, así como sus efectos en la construcción de herramientas de gobierno.