
La fiscal general Fabiana León insistirá ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 para que el juicio por la denominada causa Cuadernos se realice de manera presencial en el edificio judicial de Comodoro Py 2002, en lugar de continuar bajo la modalidad virtual con la que se viene desarrollando desde su inicio. Se prevé que su planteo sea formulado en la audiencia prevista para este martes, cuando el tribunal comience a resolver las cuestiones preliminares planteadas por las distintas defensas.
Fuentes cercanas a la fiscal señalaron que la acusación le pedirá a los jueces trasladar el debate a una sala de audiencias en los tribunales federales de Retiro. Según indicaron, León entiende que esa modalidad podría aportar “verdad” al juicio.
Las mismas fuentes señalaron además que el Ministerio Público Fiscal considera que ninguno de los planteos de nulidad formulados por las defensas debería prosperar. Y advirtieron que, a su entender, existe riesgo de prescripción respecto de algunos delitos investigados si se da cauce a las estrategias de los imputados, consideradas dilatorias.

En ese contexto, indicaron que la fiscalía se prepara para la siguiente etapa, ya que si el tribunal rechaza las cuestiones previas formuladas a lo largo de las distintas audiencias, el debate avanzará hacia la fase de declaraciones indagatorias de los imputados, uno de los momentos centrales del juicio.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, y comenzó formalmente el jueves 6 de noviembre de 2025. Desde entonces se lleva adelante bajo modalidad virtual, con sesiones programadas los martes y jueves.
Durante las primeras jornadas se realizó la lectura de los requerimientos de elevación a juicio elaborados durante la etapa de instrucción, un trámite que se extendió durante varias audiencias y demandó más de 20 horas de lectura de acusaciones.

Concluida esa etapa, el juicio ingresó en el tramo actual de las cuestiones preliminares, en el que las defensas de los distintos imputados elaboraron planteos de nulidad, pedidos de sobreseimiento, recusaciones y objeciones sobre la validez del expediente y de algunas pruebas incorporadas durante la instrucción inicial.
En el debate oral están imputadas 86 personas, entre ellas 19 ex funcionarios públicos, 65 empresarios y dos choferes, incluido Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación. Entre los principales acusados figuran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, además de numerosos empresarios vinculados con el sector de la obra pública.
Según la hipótesis acusatoria, entre 2003 y 2015 habría funcionado un esquema sistemático de recaudación de sobornos de empresarios que buscaban obtener contratos o beneficios en la adjudicación de obras públicas.
Así las cosas, durante el último mes varios defensores cuestionaron la validez del proceso en curso. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitó la nulidad total del expediente tras sostener que la causa estaba viciada desde su origen por irregularidades en la asignación del caso y por la utilización indebida de la figura del imputado colaborador, contemplada en la Ley del Arrepentido.

En su exposición ante los magistrados, Beraldi cuestionó particularmente la intervención del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, al considerar que la causa habría sido direccionada para quedar en manos de esos funcionarios judiciales, lo que -según su planteo- habría vulnerado el principio del juez natural.
Otros imputados también plantearon objeciones al desenvolvimiento del proceso. La defensa del ex ministro Julio De Vido, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, pidió suspender el juicio y cuestionó la validez de su elevación a debate al manifestar que existían pruebas pendientes de incorporación al expediente.
También se plantearon cuestionamientos sobre la autenticidad de los cuadernos atribuidos a Centeno, piedra angular del proceso, y sobre las condiciones en las que se obtuvieron algunas declaraciones durante la etapa inicial.
En la audiencia del martes será el turno del tribunal oral que, luego de deliberar entre sus tres integrantes, deberá definir qué planteos prosperan y cómo continuará el proceso.
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