Tucumán: congelan bienes y criptoactivos en una causa por presunto lavado del Comando Vermelho

En una resolución que marca un hito en la lucha contra las finanzas criminales en el norte argentino, el juez José Manuel Díaz Vélez, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó el congelamiento masivo de criptoactivos y bienes de una organización bajo sospecha. La medida, dictada a pedido del Ministerio Público Fiscal, busca desarticular una compleja estructura de presunto lavado de activos que, según la hipótesis de los investigadores, operaba como una terminal financiera para canalizar fondos de la organización narcocriminal brasileña denominada Comando Vermelho.

La investigación es impulsada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y tuvo su génesis en una denuncia de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), bajo la dirección del fiscal general Diego Velasco. La pesquisa puso bajo la lupa a un grupo de personas acusadas de movilizar fondos provenientes de delitos graves, con especial énfasis en la narcocriminalidad transnacional, utilizando una arquitectura financiera que combinaba el mundo digital con el tradicional.

Del efectivo al <i>trading</i>

De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, los imputados habrían montado un sistema de “diversificación” de fondos para borrar el rastro del dinero. La maniobra consistía en la recepción de activos —cuyo origen no podía ser justificado mediante perfiles patrimoniales o fiscales— y su posterior canalización a través de una red de múltiples contrapartes. Para ello, se valían de plataformas digitales, billeteras virtuales y operaciones de trading de criptomonedas.

El trading no era una actividad financiera legítima, sino una herramienta de lavado: permitía que los activos fluyeran rápidamente entre diversas carteras digitales, dificultando la trazabilidad manual de los fondos. Según la fiscalía, esta operatoria permitía un eventual retorno de los capitales al beneficiario final de la estructura: Marcelo Clayton Alves de Sousa. Se trata de un ciudadano brasileño que actualmente se encuentra prófugo y que posee antecedentes y procesos abiertos tanto en Argentina como en Brasil por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales.

Para los investigadores, Alves de Sousa es la pieza clave que conecta la célula tucumana con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas del continente. La hipótesis fiscal sugiere que la red operaba en nuestro país como una vía de escape y legitimación de los activos ilícitos generados por la organización en territorio brasileño y en las rutas del narcotráfico regional.

El despliegue técnico del Ministerio Público

Dada la complejidad tecnológica de la causa, la fiscalía de Agustín Chit requirió la colaboración de las áreas más especializadas del Ministerio Público Fiscal (MPF). El éxito del congelamiento de activos se basó en el trabajo coordinado de tres direcciones clave:

• SIFRAI: La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, a cargo de María Fernanda Bergalli, se encargó de la trazabilidad técnica de las operaciones digitales.
• DGRADB: La Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, cuya titular es María del Carmen Chena, trabajó en la identificación de los bienes físicos y su embargo preventivo.
• DAFI: La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero, dirigida por Fabián Matilla, realizó el análisis de los perfiles fiscales y la inconsistencia de los montos operados frente a los ingresos declarados por los sospechosos.

A partir del cruce de información con diferentes operadoras de criptomonedas, la Justicia logró confirmar y bloquear saldos por un total de USDT 208.693 (un activo digital anclado al valor del dólar estadounidense). Estos fondos quedaron incautados bajo la figura de depósito judicial, a la espera de los avances en el proceso penal.

Un patrimonio internacional bajo la lupa

La resolución del juez Díaz Vélez no se limitó al entorno digital. La magnitud de la organización bajo sospecha quedó reflejada en el listado de bienes y activos financieros que fueron cautelados, muchos de los cuales se encuentran fuera de las fronteras argentinas, lo que demuestra la capacidad logística de la red:

• Sociedades y acciones: Se ordenó el bloqueo de ocho participaciones sociales, de las cuales siete corresponden a firmas radicadas en el extranjero.
• Inmuebles: Se dispuso la cautela de diez propiedades ubicadas fuera del país.
• Productos bancarios: Se congelaron alrededor de 50 cuentas y productos financieros, varios de ellos en el exterior.
• Vehículos: La medida alcanzó a cuatro rodados, uno de los cuales también se encuentra fuera de la Argentina.

Estándares internacionales y seguridad financiera

Este procedimiento se inscribe en el marco de los compromisos asumidos por el país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Específicamente, el MPF subrayó que la investigación se ajusta a las Recomendaciones N°4 y N°30 de dicho organismo. La primera promueve el decomiso efectivo de las ganancias del delito para desfinanciar a las bandas, mientras que la segunda exige que las autoridades tengan un rol proactivo y especializado en la persecución del crimen económico.

Para la justicia federal, este caso no solo representa un avance en la investigación penal individual, sino que fortalece la integridad del sistema financiero nacional frente a la infiltración de capitales de la narcocriminalidad. La recuperación de activos ilícitos y la aplicación de multas millonarias se consolidan así como políticas de Estado prioritarias en la lucha contra el crimen organizado transnacional.