Las defensas de los ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, decidieron no acompañar, al menos por ahora, el planteo de nulidad de la causa que investiga las presuntas coimas entre el gobierno y la droguería Suizo Argentina. Así se lo comunicaron este lunes al juez federal Sebastián Casanello.
El abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, había realizado dos presentaciones con el fin de cerrar el expediente judicial. En la primera sostuvo que la denuncia se originó a partir de audios sin validez legal, mientras que en la siguiente esgrimió el principio de “cosa juzgada”, dado que ya se había archivado una causa similar por presuntos sobreprecios en las compras del plan Incluir Salud.
El juez Casanello pidió la opinión de las defensas, que contestaron este lunes, a última hora y sobre el vencimiento del plazo previsto. En adelante harán lo propio el fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación del caso, y la ONG Poder Ciudadano, que fue aceptada como parte querellante.
Según pudo reconstruir Infobae de fuentes judiciales, los defensores de Spagnuolo solicitaron prórroga para pronunciarse sobre la cuestión para “poder ver la causa” primero. Quienes lo representan son los abogados Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz de Lamadrid.
Desde el entorno de Spagnuolo indicaron ante la consulta de este medio que esta postura que adoptaron no es parte de una estrategia para que se convierta en “arrepentido” o “imputado colaborador”.
Sin embargo, es una opción que todavía está sobre la mesa del ex titular de la Andis: “La decisión la va a tomar él”, dijeron cerca de Spagnuolo.
Por su parte, los abogados Martin Olari Ugrotte y Agustín Biancardi, que representan al ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, expusieron que todavía no pueden opinar sobre el planteo de los Kovalivker porque no tuvieron acceso al expediente.
Esto es así -para todas las partes- debido al secreto de sumario que rige en la causa. Esta condición tendrá vigencia al menos hasta el próximo jueves, y podría volver a renovarse otros diez días más a pedido del fiscal Picardi.
“A esta altura de los acontecimientos desconocemos por completo si los audios que oficiaron como disparadores de la presente investigación son verdaderos, editados, construidos por Inteligencia Artificial, obtenidos de manera ilícita, o alguna otra alternativa que aún nos encontramos analizando, y que, hasta tanto no podamos tener acceso a la investigación, no podremos adoptar una postura fundada”, le comunicaron los defensores a Casanello.
Una vez que el juez reciba la opinión de la fiscalía y la querella estará en condiciones de resolver el planteo de nulidad. La decisión que tome puede ser apelada ante instancias superiores.
Tanto los dueños de la droguería Suizo Argentina como Garbellini y Spagnuolo están bajo investigación, pero -de momento- no se les imputó formalmente ningún delito.
Para pedir la nulidad de la causa, los abogados de los Kovalivker expusieron que aun sin conocer los detalles del expediente corresponde dar por nulo todo lo actuado por el “oscurantismo, la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho” que habría caracterizado, desde su mirada, el comienzo de la investigación.
La defensa impugnó “el origen de la grabación y la forma en la que se procuró la investigación” y solicitó explícitamente la declaración de nulidad de este material probatorio que, según describieron, “existe pero no está, brinda información pero no sabemos a ciencia cierta quién, ni cuándo”.
El audio en el que se escucha al ex titular de la Andis hablar de coimas “no pudo jamás dar sustento a una denuncia seria ni tener acogida conforme una buena práctica respetuosa del debido proceso”, dice el escrito firmado por el abogado Martín Magram.
Es que de acuerdo a la postura de los Kovalivker, las grabaciones clandestinas atentan contra una garantía constitucional: el derecho a la intimidad. Este se encuentra previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en las convenciones sobre derechos humanos que poseen jerarquía constitucional. Por esta razón, explicó Magram, dicha nulidad “puede y debe ser declarada, incluso de oficio, en cualquier estado del proceso judicial”.
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