Con la firma de sus ministros, la Corte Suprema resolvió este jueves que la justicia de federal de Comodoro Py será la encargada de intervenir en la investigación por una pintada intimidatoria dirigida contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizada el año pasado durante una protesta en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
El incidente en el que terminó interviniendo el Máximo Tribunal se originó por un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 4 porteño y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.
Los hechos que conformarán el objeto de la investigación ocurrieron en marzo del año pasado en las inmediaciones del monumento a Don Quijote, ubicado en la intersección de la avenida De Mayo y la calle Lima, en el centro porteño, donde personas no identificadas escribieron: “matar a Bullrrich para vengar a Santiago”, en alusión a Santiago Maldonado, el joven artesano que murió en 2017 tras una intervención de Gendarmería Nacional durante un desalojo de una ruta en la provincia de Chubut, cuando Bullrich ocupaba el mismo cargo bajo la presidencia de Mauricio Macri.
La pintada fue denunciada públicamente por la propia titular de la cartera de Justicia el 26 de marzo, dos días después de las movilizaciones por el Día de la Memoria. “Hoy amaneció la avenida 9 de Julio con esta pintada. ¿De verdad creen que nos vamos a asustar?”, escribió Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter), donde también publicó una imagen con el monumento intervenido con la frase. Y añadió: “Lo único que logran es que redoblemos nuestro trabajo, cada día, para que no nos sigan tomando de rehenes. Entiéndanlo, se les acabó la joda”.
Tras la denuncia, el juez contravencional entendió que la pintada podría constituir el delito de amenazas y declinó su competencia a favor del fuero federal, ya que la destinataria del mensaje es una funcionaria pública nacional. Sin embargo, el juez Casanello, al recibir las actuaciones resolvió rechazar el caso por considerar que aún no se habían producido pruebas mínimas que permitieran definir un encuadre legal preciso. De regreso en el juzgado inicial, su titular insistió en la remisión, trabó el conflicto de competencia y elevó la causa a la Corte Suprema, conforme al procedimiento.
El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que debía intervenir la justicia federal. En su opinión, expuso: “Toda vez que la frase se dirige contra una autoridad nacional y está presumiblemente motivada en su cargo de ministra de seguridad, considero que corresponde intervenir a la justicia federal, pues su competencia incluye conocer de los hechos que pudieren afectar el funcionamiento de órganos nacionales o el desempeño de los empleados que prestan en ellos funciones”.
La resolución de la Corte Suprema dirimió la disputa en línea con la postura del jefe de los fiscales. En su parte resolutiva, los tres ministros señalaron: “De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 7, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n.º 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El expediente tramitará así en los tribunales de la Avenida Comodoro Py 2002, donde se deberá avanzar con las medidas probatorias necesarias para reconstruir el hecho y establecer su tipificación legal. Por el momento, la investigación no tiene personas imputadas.
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