El ex presidente de la Nación Alberto Fernández sumó una nueva acusación en la causa judicial por la violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. Pero no solo él, sino también su custodia. El viernes le llegó al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Ramiro González -quienes tienen el expediente por las agresiones- una denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos por haber encubierto los hechos.
Se trata de una denuncia que presentó un grupo de dirigentes de Republicanos Unidos porque la violencia contra Yañez “habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia, todos ellos funcionarios que estaban a las órdenes del propio Presidente de la Nación”.
La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Guillermo Marijuán que entendieron que debía ser remitida al expediente por violencia de género porque los hechos se vinculan y porque tienen a Fernández como principal imputado de ambas causas.
Republicanos Unidos denunció el 7 de agosto que en base a la causa por violencia de género que inició Yañez se debía investigar un caso de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
“La eventual agresión física a su pareja, por parte del denunciado, de haber existido, constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción o por omisión, habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia, todos ellos funcionarios que estaban a las órdenes del propio Presidente de la Nación. Y más aún, todo lo dicho habría ocurrido al amparo de un edificio público que había sido puesto al servicio del Primer Mandatario como vivienda, pero no como aguantadero para la comisión de ilícitos”, señalaron en la denuncia.
También resaltaron los alcances de la ley de ética en el ejercicio de la función pública. Así entendieron que “la eventual agresión física a la entonces Primera Dama, por parte del Primer Mandatario, constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamentario, tales como el deber de utilizar la función y los bienes asignados al denunciado con fines lícitos y sin abusar de ellos para la comisión de ilícitos”. Republicanos Unidos agregó que Fernández debía cumplir con “el deber de rectitud, el deber de evitar acciones que desprestigien la función pública, el deber de seguir conductas que no puedan ser objeto de reproche, el deber de no adoptar represalias, a menos que las mismas emanen del ejercicio del cargo, y el deber de llevar adelante una conducta digna y decorosa”.
Por sorteo la causa recayó en el juzgado federal 8 de Comodoro Py, a cargo momentáneamente de Ramos, y de la Fiscalía Federal 9 de Marijuán. El fiscal dictaminó que la denuncia debía ir al juzgado de Ercolini donde tramita la causa por violencia de género. Para Marijuán “los hechos que se ventilan en ambos expedientes son idénticos, y aparecen involucrados los mismos actores.”
El juez Ramos compartió el criterio. El magistrado señaló en su resolución a la que accedió Infobae que las dos causas “involucran a Alberto Ángel Fernández, y que se desplegaron en un contexto de violencia de género, sobre la base de la relación asimétrica y desigual de poder que se desarrolló a lo largo del tiempo, y que se acrecentó durante el ejercicio como Presidente de la Nación”. También resaltó que primero se inició la causa por violencia de género que “se encuentra en un estado más avanzado de investigación”.
Y agregó: “En virtud de ello, se entiende que a los fines de lograr una mejor y más pronta administración de justicia, y no provocar un retardo injustificado en la sustanciación de los procesos, corresponde su unificación, y que sea un mismo juez, quien investigue ambas causas”. Por último, Ramos señaló que “ambos expedientes, se tratan sobre hechos estrechamente vinculados entre sí, e involucran a la misma persona denunciada -Alberto Ángel Fernández-, y a la misma damnificada Fabiola Yañez, avizorándose una probable comunidad probatoria con la necesaria valoración integral de estos sucesos”.
Ahora el juez Ercolini y el fiscal González deben decidir si aceptan acumular la causa e iniciar una investigación contra la custodia de Alberto Fernández y del propio ex presidente por abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público.
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