A menos de un menos para que empiece a regir el nuevo código acusatorio en Rosario, la Corte Suprema de Justicia reforzó este martes la dotación de la Justicia Federal de esa jurisdicción a través de la creación de 16 cargos de funcionarios y personal para la Cámara de Apelaciones de la ciudad.
La medida se formalizó a través de la resolución N° 651/2024, que llevó la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En rigor, la decisión creó distintos cargos en la dotación de Funcionarios y de Personal de la Cámara de alzada rosarina, a saber: uno de secretario letrado; cuatro de secretarios de juzgado; dos de prosecretarios administrativos; dos de jefes de despacho; dos de oficiales; cuatro de escribientes y uno de medio oficial.
Esta resolución se agrega a la adoptada el 21 de marzo pasado, cuando la Corte Suprema asignó tres aeronaves -dos marca Beechcraft modelo Baron 58P y una Cessna modelo 210K- al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe con el propósito de llevar adelante actividades operativas e investigativas de policía en función judicial tendientes a la lucha contra el narcotráfico. También autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario para abocarse a dicha tarea.
La decisión firmada por los cuatro ministros, a su vez, invoca lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 27.150 de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, que establece la creación de Oficinas Judiciales en los Distritos Federales con asiento en las provincias. Bajo ese marco legal se han creado oficinas en Salta y Jujuy, donde ya se puso en marcha el sistema acusatorio que el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona resolvió aplicar en Rosario desde el próximo 6 de mayo.
Dicho sistema se aprobó hace casi 10 años, en 2014, por medio de la ley 27.063 que estableció el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que implicaba -entre otros puntos- el cambio a una normativa que busca empoderar a los fiscales en las investigaciones y en donde el procedimiento pasa a hacer oral. Además apunta a establecer plazos concretos para que los expedientes no se extiendan en el tiempo.
En 2019, el sistema acusatorio comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy, después de más de nueve meses de trabajo. La próxima jurisdicción en donde debía regir era en Rosario, pero su implementación nunca llegó a ponerse en marcha. Estaba en manos de una comisión bicameral en el Congreso.
A fines de febrero pasado, el Poder Ejecutivo decidió por DNU asumir las funciones de la bicameral. Si bien todos estaban de acuerdo en avanzar, el mundo de los fiscales reclamaba recursos. Sin embargo, los crímenes ocurridos recientemente en Rosario, ligados a presuntos mensajes de bandas mafiosas dedicadas al narcotráfico, llevó al Gobierno nacional a desplegar una serie de estrategias y medidas para luchar contra la delincuencia. Y entre idas y vueltas, el ministro de Justicia ordenó la vigencia del código acusatorio para el mes de mayo.
En ese contexto, el presidente del Máximo Tribunal y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, participó de la primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal. Según informo el sitio de la Corte Suprema, el ministro dio cuenta del compromiso del Máximo Tribunal respecto al objetivo de alcanzar “una Justicia más ágil, más pronta, más transparente y, fundamentalmente, más eficaz para el esclarecimiento de los ilícitos”.
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