La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó que continúe la investigación por una pegatina de afiches en el microcentro porteño en febrero de 2022 con un fotomontaje en la que se veía a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, vestidos con uniformes de jerarcas nazis y la leyenda “La GestaPRO”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que por mayoría la Sala I revocó el sobreseimiento de los cinco acusados que tenía el caso, el archivo de la causa que se había decretado en primera instancia y dispuso " agotar todas las diligencias posibles a los fines de dar con aquellas personas que han ostentado un rol más relevante que el de quienes han sido legitimados pasivamente hasta el momento –y constituirían, en todo caso, el último eslabón de la maniobra investigada”.
Los afiches aparecieron cuando el gobierno de Alberto Fernández denunció en la justicia el hallazgo en la AFI de un video donde se ve a funcionarios del gobierno de Vidal reuniones con empresarios de la construcción de la ciudad de La Plata y con agentes de la AFI para hablar sobre la situación del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Allí el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo que tendía una gestapo antisindical. Villegas también aparece en los afiches.
Bullrich presentó una denuncia judicial por incitación a la violencia colectiva que tramita en los tribunales de Comodoro Py y por las cámaras de seguridad se pudo dar con cinco personas que realizaron la pegatina. En primera instancia los acusados fueron desvinculados porque no se pudo probar que hubiesen tenido el dolo -la intención- de cometer un delito y no se pudo avanzar hacía quienes encargaron el trabajo.
La decisión fue apelada por Bullrich y ahora los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron esa decisión y ordenaron profundizar la investigación. “Nos encontramos ante un panorama incompleto que impide convalidar la decisión definitiva que ha sido adoptada respecto de los encartados, como así también que existen medidas pendientes de producción que resultarían útiles a los fines de dar con otros intervinientes en los sucesos, por lo cual el archivo dispuesto resulta prematuro”, señalaron los magistrados en su resolución a la que accedió este medio.
Los jueces también manifestaron que en la causa se llegó a otros imputados -además de quienes hicieron la pegatina- de quienes se pudo obtener información de sus teléfonos. “En este sentido, se advierte que del análisis de los aparatos telefónicos incautados han surgido datos que, contrariamente a lo señalado por el Sr. Agente Fiscal, podrían arrojar luz sobre los hechos”, explicaron.
“En razón de ello, entendemos que esta senda de investigación debe ser profundizada, con el objeto de agotar todas las diligencias posibles a los fines de dar con aquellas personas que han ostentado un rol más relevante que el de quienes han sido legitimados pasivamente hasta el momento –y constituirían, en todo caso, el último eslabón de la maniobra investigada”, concluyeron para ordenarle al juez federal Julián Ercolini avanzar con la investigación.
En disidencia, el juez Mariano LLorens votó por confirmar el archivo de la causa judicial. El magistrado explicó que la investigación arrojó que los cinco acusados solo pegaron los afiches. “Este hecho, de por sí, no implica que esa actividad se vincule con algún grado de participación dolosa cuyo norte haya sido incitar a la violencia colectiva. La mera colocación de esos carteles no importa la existencia de algún grado de convalidación dolosa de los fines que el autor del contenido de aquéllos tuvo en el momento en que ordenó su creación”, explicó.
“Para establecer una conexión que importe algún grado de responsabilidad deberá superarse un umbral probatorio mínimo, que no se ha observado en el trámite que demandaron las presentes actuaciones, ni la acusación particular ha incorporado elementos en su recurso que habiliten a considerar una solución alternativa a la establecida en la resolución puesta en crisis”, sostuvo Llorens en su voto.
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