La Corte Suprema dejó firme la condena para el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso: por dinero, “arreglaba” causas para narcotraficantes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo y, con ello, dejó firme la condena impuesta al exjuez federal de Orán Raúl Juan Reynoso a 13 años de prisión por los delitos de prevaricato y concusión en el marco de la adopción de resoluciones judiciales vinculadas a la libertad o la situación procesal de personas imputadas en procesos en los que el condenado intervenía en calidad de juez.

En 2019, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta condenó a Reynoso a 13 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua por igual término, inhabilitación especial para ejercer el cargo de magistrado judicial por el término de 35 años y multa. Se le atribuyeron siete hechos cometidos entre 2010 y 2015 de pedido de sobornos a personas detenidas en su juzgado, la mayoría por narcotráfico, a cambio de favorecer su situación procesal.

En tanto, los abogados María Esper Durán y Ramón Valor fueron condenados como partícipes necesarios, a diez años y medio y cuatro años, respectivamente. Todas las condenas fueron confirmadas por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en abril del 2023.

Llegado el caso hasta el Máximo Tribunal, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó los planteos del exjuez federal y de los dos abogados. De esta manera, las condenas quedaron firmes, según se informó hoy.

La causa se inició ante el Juzgado Federal de Orán a partir de una nota publicada en el diario Hoy el 19 de agosto de 2014, donde se informaba sobre pedidos de coima en la provincia de Salta, más precisamente en esa localidad, con complicidad de funcionarios del Juzgado Federal N° 2. Ante la vista conferida por el juez actuante, el Fiscal Federal de Orán solicitó que se realizasen tareas de investigación para comprobar lo manifestado en el artículo.

En junio del año siguiente, en otra nota publicada en la edición digital de Radio A 92.3, un abogado denunció que en el juzgado “se vende la libertad a los presos por narcotráfico, trata de personas o tráfico de divisas, y que existe un grupo de abogados que apañan este delito, actuando como mediadores en el trato económico entre el juez y los delincuentes”.

Durante la investigación, en la que intervino el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba, se le imputó a los acusados haber formado parte de una asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita, la cual fue montada y encabezada por Reynoso, y que funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán al menos desde el 19 de marzo de 2010; se dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favoreciendo a personas imputadas en procesos vinculados a conductas de narcocriminalidad, que tramitaron o tramitan actualmente ante ese tribunal, tales como excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas.

Según la Fiscalía, por debajo de Reynoso -que detentaba el carácter de jefe-, la organización estaba integrada por los abogados María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona y René Alberto Gómez, como también por los empleados judiciales Miguel Ángel Saavedra y César Julio Aparicio. De todos ellos, resultaron condenados Esper -como partícipe necesaria del delito de concusión en cinco hechos- y Valor -por idéntico delito y grado de participación, en un caso-.

Según la investigación, el exjuez Reynoso, cuando seleccionó el personal de su despacho, designó a varias personas con quienes tenía estrechos vínculos de amistad. Estos empleados junto a un grupo de cuatro abogados, con los que también tenía una relación de mucha confianza, seleccionaban y captaban los casos en los que podían obtener algún rédito económico.

Una vez elegidas las causas, se ponían en contacto con los detenidos o sus familiares y les exigían un monto de dinero que normalmente oscilaba en alrededor de $500.000 a cambio de dejarlos en libertad. Esta modalidad implicaba más de una vez “deslizar” algún error en los fallos que -en caso de ser advertido- el juez se lo atribuía a la “descomunal carga de trabajo”. De acuerdo con lo indicado en la causa, esta pantalla defensiva fue utilizada por Reynoso en forma sistemática.

El tribunal oral sentenció a Reynoso aa trece años de prisión. El ex magistrado fue encontrado responsable de favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes. Los jueces Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, integrantes del Tribunal Oral Federal de Salta, lo consideraron autor del delito de concusión en siete hechos, en concurso ideal con el de prevaricato en otros seis. Además de la reclusión, le ordenaron la inhabilitación para ejercer el cargo de magistrado por el término de treinta y cinco años, y una multa de noventa mil pesos. En su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal le habían imputado haber sido autor de nueve hechos de concusión, en concurso con otros seis de prevaricato, y solicitaron veinticinco años de reclusión, una multa de veinte millones de pesos y su inhabilitación absoluta.