La violencia que vive la ciudad de Rosario tuvo como su último capítulo el reemplazo del ministro de Seguridad por tres crímenes cometido en 24 horas. La base es la disputa del narcotráfico por el territorio. Y desde hace años la justicia encargada de combatir el crimen organizado vive una grave crisis: el 33% de los cargos de jueces y fiscales que tienen esas investigaciones están vacantes. Uno de los tres Tribunales Orales Federales de la ciudad no tiene a ninguno de sus tres integrantes.
Las vacantes es un reclamo constante desde los tribunales e inclusive fue marcado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en mayo del año pasado hizo un acto en la ciudad con más de 100 jueces federales de todo el país. También los diputados nacionales de la provincia, sin distinción de partido político, presentaron un proyecto de ley para fortalecer la justicia federal de Rosario.
Sin embargo, las vacantes están frenadas por la pelea política entre el oficialismo y la oposición en torno a la justicia. En un año de elecciones presidenciales nadie apuesta a que este tema salga de la grieta.
La justicia federal de Rosario tiene la misma estructura de hace 20 años cuando la ciudad en esas dos décadas vio el crecimiento exponencial del crimen organizado. El reclamo desde distintos sectores es por mejorar el sistema de justicia en distintos aspectos. Uno de ellos es cubrir las vacantes de jueces y fiscales.
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En Rosario hay 24 cargos de jueces y fiscales federales de las distintas instancias: ocho están vacantes. Es el 33 por ciento de los lugares.
Radiografía de las vacantes
Toda causa comienza en un juzgado de primera instancia. En Rosario los encargados del crimen organizado son dos y tienen titulares., Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque. Las fiscalías de primera instancia son tres pero con una sola titular, Adriana Saccone. Las otras dos tienen suborgantes. Uno es Javier Arzubi Calvo, fiscal federal de Venado Tuerto, y la tercera con un fiscal trasladado tercera está ocupada por otro suplente. La Procuración General elevó en mayo de 2022 el concurso al Poder Ejecutivo para cubrir una de las vacantes.
La Cámara Federal, que revisa las investigaciones de los jueces de primera instancia, tiene dos salas con tres jueces cada una. Una de ellas tiene dos jueces y la segunda estaba en la misma situación hasta que en septiembre del año pasado asumió Silvina María Andalaf Casiello. Esa fue la última vez que se nombró un juez federal en Rosario. La anterior había sido en octubre de 2017 cuando en la misma Cámara Aníbal Pineda.
La vacante que queda en la Cámara está lista para cubrirse desde marzo de 2018 cuando el Consejo de la Magistratura finalizó el concurso y envió al Poder Ejecutivo los candidatos. El gobierno de Alberto Fernández propuso para ese lugar al juez federal de Paraná, Daniel Alonso, y envió su nombre al Senado. Pero el nombramiento quedó paralizado porque Alonso dictó una medida cautelar a pedido del diputado del Frente de Todos para que el Congreso no envíe sus representantes al Consejo. La Corte anuló ese fallo, denunció al juez por mal desempeño y la oposición lo acusó de jugar para el oficialismo.
En la Cámara hay una Fiscalía General que está vacante desde mediados de 2021. El lugar lo ocupa como subrogante Fernando Arrigo que a su vez es fiscal ante uno de los tribunales orales de la ciudad.
Rosario tiene tres tribunales orales federales que es donde se juzgan los delitos de narcotráfico. Dos tienen a sus tres jueces titulares pero el tercero no. Todos los lugares están libres. Son ocupados por los magistrados de los otros tribunales. Las vacantes están en condiciones de cubrirse desde diciembre de 2020 cuando el Consejo de la Magistratura concluyó el concurso. En junio del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández envió al Senado el nombre de dos postulantes. Desde entonces la cámara alta no aprobó o rechazó los nombramientos y el Poder Ejecutivo no remitió el tercer nombre.
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Las Fiscalías de juicio también son tres. Uno de los fiscales se dedica exclusivamente a los expedientes de lesa humanidad. Arrigo ocupaba una de ellos y Federico Reynares Solari dos.
La problemática de la violencia en Rosario es más complejo que las vacantes de jueces. También involucra la situación de la justicia provincial, las denuncias y condenadas en juicio orales de policías y otros agentes del estado como jueces de complicidad con el crimen organizado. En la ciudad fue baleada la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, edificios judiciales, casas de jueces y fiscales, comisarías o medios de comunicación.
El 95% de los hechos se ordenan desde cárceles. “Nadie escucha las cárceles, no tenemos inteligencia criminal penitenciaria. Lo que agrava es la falta de presencia policial en calle, porque si no cómo se explica que balean dos instituciones policiales y nadie los persigue, ni siquiera en bicicleta. “Hay muy pocos patrulleros disponibles. Tenemos alrededor de 150 móviles, como techo, la mitad de lo que haría falta. No es solo lo poco que hay, sino la forma en la que se actúa”, dijo hoy el intendente de la ciudad, Pablo Javkin.
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