La corrupción dentro de los centros penitenciarios de Honduras no se limita a las actividades ilícitas que pueden organizarse desde el interior de las cárceles, sino que involucra presuntamente al personal encargado de su vigilancia y administración, según las advertencias de Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Hernández planteó la necesidad de someter a los empleados penitenciarios a procesos permanentes de depuración y fortalecer su preparación profesional, al considerar que las irregularidades dentro de los establecimientos carcelarios no pueden combatirse únicamente mediante cambios administrativos.
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Sus declaraciones se producen tras la publicación en La Gaceta, el diario oficial de Honduras, de reformas al sistema penitenciario que contemplan distintas disposiciones para modificar el funcionamiento de los centros penales, entre ellas la creación de una fuerza élite encargada de fortalecer el control de esos establecimientos.
Cobros ilegales dentro de las cárceles
Uno de los señalamientos del director de ASJ apunta a la existencia de mecanismos de cobro dentro de los centros penitenciarios que afectarían tanto a las personas privadas de libertad como a sus familiares.
Hernández describió esta situación como una estructura de corrupción “industrializada” y sostuvo que en los establecimientos carcelarios se ha desarrollado una economía paralela.
“Aquí los centros penitenciarios tienen su propia industria. Aquí se aprovechan de las condiciones, le cobran dinero a las personas que llegan, a los familiares, a los internos, tienen su propia moneda”, manifestó.
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La denuncia apunta a prácticas que, según Hernández, no pueden entenderse únicamente como hechos aislados, sino que requieren investigar los mecanismos que permiten su continuidad.
El señalamiento también pone el foco en la situación de los familiares de los internos, quienes pueden enfrentar exigencias económicas adicionales durante las visitas o en otras gestiones relacionadas con sus parientes recluidos.
Para Hernández, el control penitenciario debe abarcar estas posibles redes de cobros y beneficios ilegales, así como determinar si existe participación o complicidad de empleados públicos responsables de garantizar el orden y la seguridad en los establecimientos.
Los controles internos pendientes
La disposición forma parte de los cambios planteados para fortalecer la seguridad y la administración penitenciaria, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre las condiciones de funcionamiento de las cárceles y la capacidad institucional para impedir que desde su interior se desarrollen actividades delictivas.
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No obstante, Hernández advirtió que la creación de un nuevo cuerpo especializado no resolverá por sí sola los problemas de corrupción si no se investiga también al personal que trabaja dentro de las instalaciones.
El planteamiento de ASJ apunta a que las medidas de seguridad deben complementarse con mecanismos de supervisión, controles sobre los funcionarios y procedimientos para identificar posibles vínculos entre empleados penitenciarios y actividades ilícitas.
Otro de los aspectos señalados por Hernández es la ausencia de información pública sobre la cantidad de empleados penitenciarios que han enfrentado procesos judiciales por presuntos actos de corrupción.
El director de ASJ cuestionó que no exista claridad sobre cuántos funcionarios han sido procesados por irregularidades cometidas dentro de los centros penales, una información que considera necesaria para conocer el alcance de las investigaciones y los resultados de las medidas adoptadas por las autoridades.
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Advirtió además que las destituciones administrativas no deben utilizarse como sustituto de las investigaciones judiciales cuando existan indicios de que un funcionario pudo haber cometido un delito.
La diferencia es relevante porque una separación del cargo puede constituir una medida administrativa, pero no determina por sí misma la existencia o inexistencia de responsabilidad penal.
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