Honduras registra 77 conflictos activos relacionados con la tierra, los recursos naturales y los derechos territoriales, según el informe “Conflictividad Socioterritorial: balance 2025 y perspectivas 2026”, elaborado por el Observatorio del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad). Los casos están distribuidos en 13 de los 18 departamentos del país.
Más del 80% de los casos presenta alta intensidad, una condición marcada por judicialización, amenazas de desalojo, debilitamiento institucional y confrontación entre comunidades, empresas y autoridades estatales.
Los conflictos se concentran principalmente en el sector agrario, que representa casi la mitad de los casos registrados. Le siguen los vinculados con proyectos energéticos y actividades mineras.
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Según el análisis de Cespad, la situación está vinculada con problemas estructurales que han afectado a Honduras, entre ellos la desigual distribución de la tierra y la limitada capacidad institucional para atender las demandas de las comunidades rurales.
La investigadora Lucía Vijil explicó que gran parte de los conflictos se concentra en siete departamentos, donde persisten tensiones asociadas al acceso a la tierra, la expansión de actividades productivas y la defensa de territorios ancestrales.
A su juicio, las recientes reformas legales y la orientación de algunas políticas públicas podrían incrementar los niveles de confrontación en lugar de generar mecanismos de resolución.
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El informe sostiene que el contexto político y legal favorece una visión centrada en la protección de las inversiones privadas, mientras organizaciones sociales denuncian que sus demandas continúan sin respuestas concretas.
El foco en el Bajo Aguán
Cespad señaló que esta situación ha provocado un aumento de los procesos judiciales contra líderes comunitarios y defensores del territorio.
Uno de los principales focos de preocupación es la región del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, donde desde hace décadas se mantienen disputas por la propiedad y el uso de áreas de tierra agrícola.
Organizaciones campesinas denuncian que los desalojos y acciones legales contra sus miembros siguen siendo frecuentes, mientras las autoridades abordan el problema desde una perspectiva de seguridad.
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Para sectores sociales, esa estrategia ha impedido avanzar hacia soluciones de fondo relacionadas con la distribución de la tierra y el reconocimiento de derechos históricos de las comunidades campesinas.
Debate por la ley agroindustrial
Otro punto de controversia es la reciente aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
Mientras el Gobierno sostiene que la normativa busca brindar seguridad jurídica a las inversiones y fortalecer la producción nacional, organizaciones campesinas consideran que podría favorecer una mayor concentración de tierras en manos de grandes grupos económicos.
Yony Rivas, representante de la Plataforma Agraria, señaló que la nueva ley genera preocupación entre las comunidades rurales porque, según su interpretación, prioriza la protección de intereses empresariales por encima de los derechos humanos y sociales de quienes reclaman acceso a la tierra.
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Las organizaciones campesinas insisten en que el problema agrario requiere una respuesta integral basada en la justicia social, el respeto a la legislación vigente y la garantía de derechos para las poblaciones excluidas.
Riesgos y perspectivas
También reclaman que las instituciones estatales fortalezcan los mecanismos de mediación y diálogo para evitar que los conflictos sigan escalando.
El informe de Cespad advierte que, si no se implementan políticas orientadas a resolver las causas estructurales de la conflictividad, Honduras podría enfrentar un aumento de las tensiones territoriales en los próximos años.
Entre los factores de riesgo identificados figuran la expansión de proyectos extractivos, la presión sobre los recursos naturales, la debilidad institucional y la persistente desigualdad en el acceso a la tierra.
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Los investigadores plantean que las respuestas pasan por fortalecer la institucionalidad agraria y ambiental, promover espacios de diálogo entre los actores involucrados y garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y del territorio.
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