La “incómoda” fecha que los dictadores de Nicaragua quieren borrar del calendario cívico

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende reformar la Constitución para trasladar la toma de posesión presidencial del 10 al 18 de enero, una modificación que presenta como un homenaje a Rubén Darío y forma parte de un paquete de doce cambios constitucionales agrupados bajo el concepto de “Estabilidad, Seguridad y Paz”, según un borrador de las reformas distribuido a los diputados.

El borrador también modifica el artículo 130 para adelantar al 17 de enero la instalación de la Asamblea Nacional, órgano encargado de imponer la banda presidencial, con el fin de ajustar el calendario institucional al nuevo esquema propuesto por el régimen.

Desde 1985, la Constitución nicaragüense fija el 10 de enero como el día en que los mandatarios electos asumen el cargo, una fecha que el sandinismo en el poder entonces escogió para conmemorar el aniversario del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ocurrido exactamente ese día de 1978.

Ahora, más de cuatro décadas después, los mismos que se declaran herederos políticos de aquella primera revolución sandinista buscan borrar esa fecha del calendario cívico del país, sustituyéndola por el natalicio del poeta Rubén Darío, ocurrido un 18 de enero de 1867 en Metapa, hoy Ciudad Darío.

La explicación pública de este cambio corrió a cargo del diputado Wilfredo Navarro, un antiguo dirigente liberal convertido en aliado incondicional de la pareja presidencial, quien detalló el alcance de la reforma en una entrevista concedida al canal oficialista ATV98.

Navarro sostuvo que la intención es realizar el traspaso de mando “en una fecha que tenga trascendencia”, en alusión al nacimiento del autor de “Azul”.

En la misma línea se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, durante un proceso de consulta de la reforma ante mandos policiales, cuando afirmó que el traspaso de gobierno “estaba establecido para el 10 de Enero” y que con ello “estábamos cometiendo una enorme injusticia”, por lo que planteó modificar los artículos 123 y 130 para fijar el 18 de enero “en homenaje a nuestro Héroe Nacional y Poeta Universal, Rubén Darío”.

Ninguno de los dos funcionarios mencionó, en sus explicaciones públicas, el nombre de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal ni la razón original por la que el 10 de enero fue escogido como fecha de transición presidencial hace cuatro décadas.

En 1984, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, la primera dictadura del Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, nombró a los miembros del Consejo Supremo Electoral encargados de organizar las elecciones de aquel año, en las que resultó ganador Daniel Ortega.

El Consejo de Estado de la época, integrado por militantes sandinistas y organizaciones afines al FSLN, reivindicó explícitamente el aniversario del magnicidio de Chamorro Cardenal como la fecha simbólica para devolverle a Nicaragua su condición de República.

El propio Chamorro había popularizado la consigna “Nicaragua volverá a ser República”, pronunciada en un mitin en Chinandega apenas un mes antes de ser asesinado. Aquella misma frase fue retomada por la Junta de Gobierno en sus actos públicos de finales de 1983 como llamado a participar en las elecciones, según un reportaje de la revista Domingo, del diario La Prensa.

Fue así como el 10 de enero de 1985 Daniel Ortega, vestido de militar, se ciñó por primera vez la banda presidencial, iniciando una tradición cívica que se mantendría, con una sola excepción, durante los siguientes cuarenta años.

Esa excepción fue precisamente Violeta Barrios de Chamorro, viuda del periodista asesinado, quien tras derrotar a Ortega en las urnas en febrero de 1990 recibió el poder el 25 de abril de aquel año, por el adelanto electoral pactado para poner fin a la guerra civil. Desde entonces, cada 10 de enero posterior marcó una transición pacífica: de Barrios de Chamorro a Arnoldo Alemán en 1997, y de este a Enrique Bolaños en 2002.

La fecha volvió a las manos de Ortega el 10 de enero de 2007, tras su regreso al poder mediante una reforma electoral pactada en la sombra con Alemán, y desde entonces el aniversario del asesinato de Chamorro Cardenal se ha repetido, año tras año, como el día en que los Ortega Murillo reafirman un control del poder que ya lleva casi dos décadas ininterrumpidas.

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal nació en Granada el 23 de septiembre de 1924 y llegó a dirigir el diario La Prensa durante 26 años, convirtiéndolo en el principal medio opositor a la dinastía de los Somoza, que gobernó Nicaragua durante más de cuatro décadas.

Empresario, escritor y político, Chamorro encabezó en 1959 una fallida incursión armada contra la dictadura somocista conocida como la invasión de Olama y Mollejones, y presidió la Unión Democrática de Liberación, plataforma opositora que aglutinó a distintos sectores críticos del régimen.

La mañana del 10 de enero de 1978, cuando se dirigía en su automóvil hacia las oficinas de La Prensa en Managua, Chamorro fue interceptado y asesinado a balazos por sicarios vinculados al régimen de Anastasio Somoza Debayle.

Su muerte desató una ola de indignación popular que se convirtió en uno de los detonantes de la insurrección que, dieciocho meses más tarde, culminaría con el derrocamiento de la dictadura somocista el 19 de julio de 1979.

El reconocimiento oficial a su figura llegó primero por la vía del régimen sandinista que él nunca vio consolidarse: en noviembre de 1980, el Consejo de Estado le otorgó por decreto el título de “Mártir de las Libertades Públicas”.

Más de tres décadas después, la Asamblea Nacional aprobó el 3 de octubre de 2012 la Ley 813, que lo declaró formalmente Héroe Nacional de Nicaragua. Ese reconocimiento quedó además inscrito en el preámbulo de la Constitución Política a partir de la reforma constitucional de febrero de 2014, y según el propio borrador de reformas que ahora circula, la mención a Chamorro Cardenal como “Mártir de las Libertades Públicas” se mantendría intacta incluso en la nueva Carta Magna que Ortega y Murillo preparan para profundizar su control del país.

El régimen no puede, sin desdecirse de más de cuarenta años de discurso propio, retirarle a Chamorro Cardenal el título de Héroe Nacional que sus propios antecesores en el poder le otorgaron. Pero sí puede, mediante una reforma constitucional, desligar la ceremonia más visible y protocolaria del calendario político nicaragüense —la toma de posesión presidencial— de cualquier vínculo, aunque sea indirecto, con el nombre de un hombre cuya familia ha sido sometida a una de las persecuciones más sostenidas de todo el aparato represivo de los Ortega Murillo.

Esa saña contra los Chamorro tiene una explicación que se remonta al origen mismo del poder actual de Daniel Ortega. Fue precisamente la viuda de Chamorro Cardenal, Violeta Barrios, quien en febrero de 1990 propinó a Ortega una derrota electoral limpia, al frente de la Unión Nacional Opositora, y quien gobernó el país entre 1990 y 1997 en un intento de reconciliación nacional tras la guerra civil.

Esa derrota marcó a Ortega de una manera que nunca terminó de superar, y que se reflejaría décadas más tarde en el trato reservado a los hijos de Barrios y Chamorro cuando alguno de ellos intentó, de nuevo, disputarle el poder por la vía electoral.

En mayo de 2021, Cristiana Chamorro Barrios, hija del matrimonio e histórica figura de la sociedad civil nicaragüense, anunció su intención de convertirse en precandidata presidencial por el partido opositor Ciudadanos por la Libertad, de cara a las elecciones de noviembre de ese año. Las encuestas la ubicaban como la principal amenaza electoral para Ortega.

Apenas días después, el 2 de junio de 2021, la Policía allanó su vivienda y la puso bajo arresto domiciliario acusada de lavado de dinero a través de la fundación que llevaba el nombre de su madre. Cristiana fue posteriormente enviada a juicio y, en marzo de 2022, condenada a ocho años de prisión, convertida así en una más de la lista de opositores sentenciados por “traición a la patria” o lavado de activos en el marco de la Ley 1055, la norma que desde 2020 permite al Estado calificar como traidor a cualquier crítico del gobierno.

El 25 de junio de 2021 corrió la misma suerte Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano mayor de Cristiana y también hijo del periodista asesinado, detenido bajo la acusación de realizar actos que menoscababan la soberanía nacional apenas 48 horas después de admitir en una entrevista televisiva que no descartaba postularse como candidato opositor.

Un tercer hijo del matrimonio, el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de los medios independientes Confidencial y Esta Semana, tuvo que abandonar Nicaragua en 2021 luego de que la Policía allanara su vivienda, en lo que fue ya su segundo exilio tras haber sufrido una primera confiscación de sus equipos de prensa en 2018.

En febrero de 2023, un tribunal sandinista lo declaró, junto a otros 93 nicaragüenses, apátrida y lo despojó de su nacionalidad por el delito de “traición a la patria”, además de ordenar la confiscación de sus bienes. Chamorro, que hoy dirige su medio desde el exilio con nacionalidad española, ha calificado esas medidas como parte de una política de “venganza, capricho y odio” contra los ciudadanos críticos del régimen.

El golpe más simbólico, sin embargo, recayó sobre el propio diario La Prensa, fundado en 1926 y dirigido durante generaciones por la familia Chamorro. La propia Rosario Murillo, actual copresidenta del país, trabajó brevemente en ese periódico antes de sumarse a la militancia sandinista en los años setenta.

El 13 de agosto de 2021, un día después de que el diario anunciara que dejaba de circular en papel por la retención de insumos en aduanas, agentes policiales tomaron militarmente el edificio de la redacción en Managua y detuvieron a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, sobrino del director asesinado, bajo cargos de lavado de dinero que nunca fueron sustentados con pruebas en un juicio celebrado a puertas cerradas.

Holmann permaneció encarcelado durante 18 meses, hasta que en febrero de 2023 fue desterrado hacia Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos liberados por el régimen. El resto de la redacción del diario, obligada a trabajar desde la clandestinidad primero y desde el exilio después, terminó dispersa fuera de Nicaragua. En abril de 2023, el edificio confiscado fue inaugurado por el propio Estado como un centro cultural y politécnico, en lo que la familia Chamorro interpretó como la consumación formal del despojo.

A la persecución judicial y policial se sumó, finalmente, el propio exilio de Violeta Barrios de Chamorro. La expresidenta, quien había gobernado Nicaragua tras derrotar a Ortega en las urnas, fue trasladada por sus hijos desde Managua hasta San José, Costa Rica, en octubre de 2023, para poder estar cerca de ellos mientras la vigilaba una salud ya muy deteriorada.

Allí murió el 14 de junio de 2025, a los 95 años, sin haber podido regresar a Nicaragua y sin que el régimen permitiera actos públicos de duelo en su honor dentro del país. Sus restos permanecen sepultados en San José, según dispuso su familia, “hasta que Nicaragua vuelva a ser República”.

Es en ese contexto que cobra sentido la incomodidad oficial ante el 10 de enero. Cada año, la fecha obliga al aparato de propaganda del régimen a convivir, aunque sea de manera indirecta, con el recuerdo de un hombre al que sus propios antecesores políticos declararon mártir y héroe nacional, y cuya familia ha sido sometida por el actual gobierno a cárcel, destierro, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes y medios de comunicación.

Para el analista político Enrique Sáenz, el 10 de enero “fue institucionalizado para honrar a Pedro Joaquín Chamorro, un hombre que entregó su vida por sus ideales democráticos”, mientras que hoy, sostiene, “recuerda la instauración de una dictadura familiar que contradice todo lo que él representó”.

Trasladar la fecha al 18 de enero, bajo la fachada de un homenaje literario a Rubén Darío, permitiría al régimen desprenderse de esa carga simbólica sin tener que retirarle formalmente a Chamorro Cardenal ningún título oficial, y sin necesidad de explicar por qué, cada aniversario de su asesinato, el país entero seguía siendo obligado a rendirle, aunque fuera sin nombrarlo, un tributo cívico que el propio poder ha convertido en su peor recordatorio.