El Congreso Nacional de Honduras avanza hacia la derogación del reglamento que otorga pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios del Estado y sus parejas, según informó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.
Esta disposición, aprobada por la Cancillería en mayo de 2025 bajo la gestión de Enrique Reina, provocó fuertes críticas, alertan sobre la institucionalización de privilegios permanentes. El nuevo proyecto normativo busca restringir los pasaportes diplomáticos exclusivamente al periodo activo de funciones públicas, según se dio a conocer en un programa televisivo.
El reglamento fue aprobado el 6 de mayo de 2025 por la Cancillería hondureña, 23 días antes del retiro de Reina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entró en vigor al publicarse en el diario oficial La Gaceta el 14 de junio de 2025. La resolución, de quince artículos, define las reglas para la emisión y vigencia de documentos oficiales y diplomáticos para funcionarios activos y retirados.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, calificó la normativa como “un exceso y abuso” desde el Poder Legislativo y anunció que impulsarán su derogación. Destacó la contradicción de los privilegios vitalicios frente a la temporalidad de los cargos públicos. En palabras del legislador al medio 30/30, “no es posible que exfuncionarios tengan un pasaporte diplomático vitalicio. Estos cargos son transitorios; cuando se terminan tienen que devolver sus pasaportes”.
La exigencia de entregar estos documentos incluye a funcionarios de cualquier partido político. “Si hubiera diputados del Partido Nacional que tienen pasaportes diplomáticos y han terminado sus funciones, que devuelvan ese documento”, subrayó Zambrano.
Desde el ámbito jurídico, la abogada Ruth Lafosse explicó en 30/30 que la disposición es un reglamento administrativo, no una ley, por lo que la actual secretaria de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, tiene la facultad de derogarlo de manera directa. De acuerdo con Lafosse, “es prácticamente una oficialización del abuso del poder”, y lo comparó con antiguas prácticas de títulos nobiliarios. “Los pasaportes diplomáticos están destinados a quienes desempeñan funciones en el Estado. No corresponden a quienes ya dejaron sus cargos”, insistió.
La normativa establece que los pasaportes diplomáticos y oficiales tienen una vigencia de uno o cinco años durante el desempeño de funciones públicas y solo pueden renovarse si se conserva el vínculo laboral.
Según Lafosse, mantener este privilegio tras el cese de funciones representa “un precedente preocupante” para la transparencia y la administración pública de Honduras. “Es una vergüenza y algo inaudito”, agregó.
La controversia en torno al reglamento se incrementó ya que, contrario a los estándares internacionales, amplía el alcance del privilegio a exfuncionarios y sus parejas, promoviendo, según analistas, la formación de una “casta privilegiada” en el servicio exterior hondureño.
Zambrano reafirmó la postura del Congreso de revisar y anular el reglamento, a fin de evitar que los beneficios del servicio público se transformen en ventajas personales duraderas. El Legislativo, además, continuará revisando el uso de documentos diplomáticos, con el objetivo de “reforzar los principios de transparencia y responsabilidad en la función pública”.
El rumbo que adopte este caso dependerá de la coordinación entre el Congreso Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras sigue abierto el debate sobre la legitimidad y pertinencia de mantener o eliminar privilegios vitalicios para exautoridades estatales.
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