El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 2 de febrero de 2026 un decreto que instituye un estado de emergencia sanitaria en el sistema de salud pública, vigente hasta febrero de 2027 y con posibilidad de prórroga, con el propósito de afrontar la crisis estructural que atraviesa el sector.
Mediante la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, el Estado dispone de instrumentos legales para ejecutar acciones urgentes orientadas a superar las deficiencias identificadas en los servicios sanitarios.
Según la normativa, si la situación no mejora, la emergencia podrá extenderse a propuesta del Poder Ejecutivo y ratificación del Legislativo.
Entre las disposiciones más relevantes del decreto se encuentra la autorización para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, ejecute estrategias con mayor celeridad y bajo esquemas contractuales extraordinarios.
Conforme al articulado, estos mecanismos deben estar sujetos a auditoría y sistemas de control. Todos los contratos celebrados por esta vía deberán remitirse al Tribunal Superior de Cuentas y al Congreso Nacional, lo que implica una fiscalización constante sobre procesos de adquisición y contratación. A fin de garantizar el acceso público a la información, las compras extraordinarias deben publicarse en la plataforma oficial de HonduCompras, según estipula el texto del decreto.
La aplicación de la declaratoria supone la posibilidad de reducir la mora quirúrgica mediante la subrogación de servicios quirúrgicos a hospitales privados o acuerdos con instituciones, así como la compra acelerada de medicamentos, equipos y suministros médicos indispensables.
La infraestructura hospitalaria podrá recibir mantenimiento e iniciativas de actualización mediante un modelo operativo que prioriza la rapidez, sin obviar los controles y auditorías formales.
El Ejecutivo también queda facultado para suscribir fideicomisos financieros con bancos nacionales por hasta un año, dirigidos a la obtención de recursos necesarios para reducir listas de espera, adquirir insumos y garantizar el funcionamiento adecuado de los centros asistenciales. Todos estos fideicomisos están sujetos tanto a auditorías internas como externas.
La crisis del sistema sanitario hondureño motivó la declaración de emergencia.
Entre los factores destacados figuran la existencia de decenas de miles de pacientes en espera de procedimientos quirúrgicos, reportada por distintos sectores; la escasez crónica de medicamentos e insumos básicos; y las condiciones deficientes de infraestructura y atención en la red pública de servicios de salud.
El Congreso nacional reconoció que estas circunstancias impiden una atención integral a la población, lo que justificó la adopción de medidas legales excepcionales.
Para la aplicación efectiva de las acciones previstas, la normativa establece que el reglamento correspondiente se redacte en un plazo de 30 días tras la publicación de la ley, garantizando la inclusión de diversos actores del sector sanitario.
Entre los gremios y organizaciones que participarán en la elaboración del reglamento se encuentran el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Colegio Médico de Honduras, la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Afines de Honduras (Sitramedhys). La participación de estos sectores asegura la incorporación de criterios técnicos y profesionales en la implementación de la ley.
La emergencia faculta la contratación directa de médicos, enfermeras y personal administrativo, además de la compra de bienes y servicios requeridos para enfrentar la contingencia, mediante procedimientos simplificados y con la posibilidad de celebrar convenios con organismos públicos, privados y no gubernamentales.
La ley fue aprobada tras un debate en el que varias bancadas parlamentarias respaldaron la iniciativa. Según medios hondureños, la votación superó los 90 votos afirmativos, luego de una discusión en la que el énfasis estuvo puesto en la urgencia de atender la crisis sanitaria. El Partido Libertad y Refundación (Libre) optó por abstenerse o mostrar desacuerdo respecto a ciertos puntos, sin impedir la aprobación final. Los partidos Nacional, Liberal, PINU y Democracia Cristiana manifestaron apoyo al instrumento legal.
El proceso legislativo incluyó un receso solicitado por distintos grupos parlamentarios para revisar el dictamen. Posteriormente, la sesión se reanudó para concretar la aprobación, formalizando así un marco legal que permite respuestas excepcionales a los problemas estructurales del sistema público de salud en Honduras.
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