
El riesgo latente para conductores y personal forzó la paralización, mientras que la falta de opciones alternativas afectó directamente los medios de vida de la población que depende de este sistema básico.
Las autoridades reconocen que el temor frena las denuncias formales, pero advierten sobre el posible cierre de otras rutas si no se implementan medidas efectivas que rompan el ciclo de violencia.
Testimonios obtenidos al cierre de la jornada revelan el nivel de desesperación y el impacto psicológico que atraviesa el gremio. Un dirigente del sector describió la situación de la siguiente manera: “Nos están asfixiando. Entre combustible, repuestos y extorsión, ya no sale ni para mantener los buses en buen estado”.
Otros empleados recalcan el tono personal de las amenazas, señalando que los extorsionadores envían incluso imágenes de sus familiares. “El terror no es solo para uno, sino para la familia. Cuando te mandan fotos de tus hijos o de tu casa, uno se siente completamente acorralado”, admitió un conductor consultado.
Junto con la parálisis de la Ruta 2, el sector transporte había experimentado hechos recientes igual de graves. Solo semanas antes, al menos tres rutas de la zona norte detuvieron operaciones luego del asesinato de un empleado de la Ruta 1, un crimen que provocó conmoción generalizada dentro del gremio y evidenció la intensidad del problema.
La presencia constante de asaltos, ataques armados y amenazas forma ya parte de la dinámica ordinaria en los buses urbanos de San Pedro Sula, sin que los usuarios perciban una opción segura.

El sistema de extorsiones cobra una factura millonaria. Dirigentes del rubro aseguran que cada año deben pagar millones de lempiras a distintas bandas criminales para poder continuar operando. La crisis financiera, agravada por el aumento en combustible, repuestos y mantenimiento, volvió insostenible para muchos empresarios y conductores permanecer en el negocio.
Quienes optaron por continuar lo hacen bajo un “riesgo de muerte”, mientras que otros prefirieron “vender todo e irse del país porque aquí no hay garantías”, como relató un dirigente.
Desde las primeras horas del día, la falta de buses obligó a trabajadores y estudiantes a recorrer largas distancias o buscar a duras penas rutas alternativas, exponiéndose a riesgos adicionales en las calles y aumentando sus gastos diarios.
“El transporte es una necesidad básica. Cuando no hay buses, el que sufre es el pueblo”, manifestó una pasajera que debió caminar varios kilómetros para llegar a su empleo. La Ruta 2 recorre zonas de alta circulación como Pradera, el Centro de San Pedro Sula y La Primavera, por lo que su paralización resiente todo el tejido urbano.

El círculo de temor limita la respuesta de las autoridades. La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) afirmó que lleva adelante operativos y patrullajes en los puntos más vulnerables. Un portavoz de la institución declaró: “Entendemos el temor de los transportistas, pero es importante que denuncien para poder actuar de manera más efectiva”. Aun así, conductores y usuarios perciben que estas acciones no logran protegerlos de una dinámica delictiva que se repite año tras año.
Por ahora, la suspensión de la Ruta 2 representa una advertencia sobre un posible agravamiento en el sistema de transporte público. Dirigentes del sector advirtieron que, sin intervenciones concretas de protección, más rutas podrían quedar paralizadas, profundizando la crisis social y económica en San Pedro Sula.
Según la Asociación para una Sociedad más Justa, la extorsión ha aumentado en los últimos cinco años en el país y se muestra muy poca voluntad de las autoridades para dar respuesta a estos hechos. Entre noviembre de 2022 y junio de 2025, apenas 294 de 1,959 denuncias por extorsión terminaron en sentencia judicial condenatoria.
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