El referéndum que puso fin al apartheid: el día en el que la población blanca de Sudáfrica votó en contra de la segregación racial

El 17 de marzo de 1992, los ciudadanos blancos de Sudáfrica acudieron masivamente a las urnas en un referéndum que marcaría un punto de inflexión en la historia del país.

La votación, vedada a la población negra, buscaba medir el nivel de respaldo ciudadano a las negociaciones iniciadas en 1989 para desarmar definitivamente el andamiaje del apartheid, el sistema segregacionista que consideraba a los negros ciudadanos de segunda categoría.

El presidente sudafricano Frederick Willem de Klerk, máximo dirigente del oficialista Partido Nacional, apostó todo su capital político al convocar la consulta, asumiendo un riesgo enorme para acallar a la derecha blanca opositora.

Para entender la dimensión del hecho, hay que remontarse al triunfo del Partido Nacional en 1948, cuando se institucionalizó el apartheid, palabra que en afrikáans significa “separación”. El Estado legalizó la supremacía blanca, negando a la población negra cualquier participación política, obligándola a vivir en áreas minúsculas y cercenando de cuajo sus oportunidades laborales y educativas.

Durante aquellos primeros años, el tablero geopolítico estaba dominado por la Guerra Fría. El presidente estadounidense Harry Truman priorizó frenar en seco la expansión soviética, haciendo la vista gorda ante el racismo sudafricano para resguardar a un aliado anticomunista.

Esa postura marcó la pauta para que Washington avalara en silencio los atropellos del régimen de Pretoria. A contramano de la impunidad internacional, la resistencia puertas adentro jamás aflojó. Ante la proliferación de boicots y protestas pacíficas constantes, el Estado dictó en 1960 la proscripción absoluta del Congreso Nacional Africano y del Congreso Panafricanista, metiendo presos a sus principales referentes.

Entre los detenidos por el régimen descolló la figura de Nelson Mandela, quien se transformó a la velocidad de la luz en el emblema mundial del repudio a la opresión. Mientras Mandela acumulaba años tras las rejas, otros dirigentes montaron sedes operativas en naciones vecinas, como Guinea, Tanzania, Zambia y Mozambique, coordinando los esfuerzos para voltear al régimen.

El escándalo global estalló tras la masacre de Sharpeville en 1960, donde la policía sudafricana fusiló a manifestantes negros desarmados, dejando 69 muertos y 186 heridos.

Aunque Naciones Unidas intentó aplicar castigos severos, miembros de peso del Consejo de Seguridad, como Estados Unidos y el Reino Unido, diluyeron las iniciativas por temor a perder socios estratégicos. Recién en los años 70, la presión de los movimientos sociales estadounidenses forzó a sus dirigentes a imponer embargos sobre Pretoria.

El Congreso de Estados Unidos asestó un golpe letal al aprobar la Ley Integral contra el Apartheid en 1986, espantando a enormes multinacionales del territorio sudafricano.

Para finales de la década, la economía sudafricana estaba en rojo, ahorcada por las restricciones comerciales y el costo altísimo de sostener la ocupación militar ilegal en Namibia. Los funcionarios sudafricanos argumentaban que su accionar bélico servía de contención contra el comunismo de Angola, pero el final de la Guerra Fría y el acuerdo multilateral firmado en 1988 dejaron ese argumento completamente obsoleto, arrebatando a Pretoria todo el apoyo de Washington.

Esa tormenta perfecta de embargos y presiones forzó en 1989 la caída del primer ministro P. W. Botha, quien debió dar un paso al costado luego de que el propio Partido Nacional le soltara la mano por carecer de muñeca para pacificar el país.

Su sucesor en el sillón presidencial, F. W. de Klerk, pateó el tablero de entrada. En el mes de febrero de 1990, blanqueó el escenario anunciando el levantamiento de las proscripciones políticas, el retorno de la libertad de prensa y la apertura de las celdas para todos los presos.

El mundo entero quedó atónito al ver a Nelson Mandela caminar en total libertad a partir del 11 de febrero de aquel año, luego de purgar nada menos que 27 años ininterrumpidos de detención.

Con la dirigencia opositora libre de ataduras, se armaron de inmediato las mesas de negociación formal. En diciembre de 1991, durante la segunda tanda de diálogos bautizada como CODESA II, el gobierno exigió que cualquier diseño institucional a futuro estuviera cimentado en un esquema obligatorio de poder compartido. El Partido Nacional se atrincheró duramente en esa demanda porque los sondeos mostraban cómo crecía a pasos agigantados el Partido Conservador.

Ese espacio, que agrupaba a la derecha más dura y racista, había nacido en marzo de 1982 por obra y gracia de varios disidentes del propio oficialismo que repudiaban todo acercamiento con la oposición negra. Los conservadores sacaban inmenso provecho electoral metiendo miedo, repitiendo hasta el cansancio que un país gobernado por la mayoría africana traería la ruina absoluta para los blancos.

Las alertas sonaron de forma estrepitosa en los despachos gubernamentales tras perder dos bancas legislativas a manos de los conservadores durante las elecciones de 1991. La humillación final llegó en febrero de 1992, en la votación para cubrir una banca vacante en la ciudad de Potchefstroom. Pese a que De Klerk viajó al distrito para ponerle el pecho a la campaña oficialista, el candidato conservador Andries Beyers arrasó con 9.746 votos, dejando muy atrás a Theuns Kriel, que juntó 7.606 apoyos. Al hilvanar tres victorias consecutivas, Beyers se agrandó y le exigió a De Klerk la renuncia inmediata.

Como respuesta fulminante, el 21 de febrero el presidente rompió la lógica y convocó al plebiscito, poniendo su propio cargo sobre la mesa si resultaba derrotado. La pregunta exacta que imprimieron en las boletas fue: “¿Apoya usted la continuación del proceso de reforma que el presidente del Estado inició el 2 de febrero de 1990 y que tiene como objetivo una nueva constitución a través de la negociación?”.

La previa a la votación desató una campaña extremadamente salvaje. El líder conservador Andries Treurnicht, apodado “El Doctor No”, se alió sin pestañear con agrupaciones extremistas como el Movimiento de Resistencia Afrikáner de Eugene Terre’Blanche para militar fuerte por el rechazo.

Llamativamente, algunos dirigentes de la comunidad negra, como el obispo Isaac Mokoena, también salieron a respladar a los conservadores alegando que pactar con el Congreso Nacional Africano equivalía a regalarle el país al comunismo.

En la vereda de enfrente, Mandela exhibió una cintura política superlativa y convenció a sus propias bases de apoyar con uñas y dientes el voto por el “Sí”, entendiendo que una derrota en las urnas dejaría el país a merced del extremismo radical de derecha. A modo de garantía absoluta, Mandela prometió que ningún empleado público blanco perdería su puesto de trabajo o sus jubilaciones en un futuro gobierno.

El poder económico y diplomático internacional desembarcó de lleno en el barro de la campaña. Empresas gigantescas como First National Bank, Shell y Anglo-American abrieron la billetera, conformaron un fondo millonario y publicaron avisos durísimos en los diarios recordando que un triunfo del “No” espantaría todo el capital inversor en horas y destruiría la economía nacional.

Desde el exterior llovieron advertencias fenomenales: ex funcionarios estadounidenses aseguraron que aplicarían castigos feroces si ganaba la ultra derecha, Japón amenazó con cortar todo tipo de comercio, y Australia avisó que boicotearía al seleccionado de rugby sudafricano. Además, el Parlamento Europeo dejó asentado formalmente que una victoria del “Sí” en las urnas era la única llave válida para acelerar el levantamiento definitivo de los embargos de armamento militar. El Partido Demócrata de Zach de Beer sumó músculo alertando que los conservadores dividirían territorialmente al país.

Finalmente llegó el 17 de marzo. Ese día el presentismo marcó un récord fabuloso del 86 por ciento del padrón habilitado. Los resultados superaron cualquier expectativa: el “Sí” logró 1.924.186 votos, una cifra equivalente al 68,6 por ciento del total, vapuleando sin atenuantes a los conservadores, que se estancaron en la magra cantidad de 875.619 sufragios.

De las 15 regiones en las que se dividía el país en 14 eligieron seguir adelante con las mesas de negociaciones. La boleta del rechazo apenas logró imponerse en el histórico bastión derechista de Pietersburg. En contraposición, el apoyo a las reformas fue monumental en centros urbanos clave: en Pretoria, corazón del movimiento afrikáner, sacaron el 57 por ciento; en Bloemfontein lograron el 58,5 por ciento; y en Ciudad del Cabo consiguieron un impactante 85 por ciento. Los relevamientos estimaron que un 62 por ciento de los afrikáners y un contundente 79 por ciento de los ciudadanos angloparlantes se volcaron a favor del gobierno.

Semejante triunfo electoral generó repercusiones instantáneas que sacudieron la estructura del poder. En pleno festejo por su cumpleaños número 56, un exultante De Klerk se paró frente a la multitud en Ciudad del Cabo y aseguró que con esa elección se clausuraba de una buena vez por todas el sistema del apartheid, sentando las bases de una nación renovada.

El líder conservador Treurnicht acusó recibo del tremendo mazazo, adjudicando su derrota a la histeria brutal que habían fogoneado los empresarios sobre la posibilidad de desatar sanciones feroces y un desempleo inmanejable, pero reafirmó que bajo ningún punto de vista se sentaría en las mesas de diálogo constitucional porque sus exigencias de autodeterminación territorial seguían totalmente ignoradas por el Ejecutivo.

Analizando el nuevo panorama, Nelson Mandela declaró que los aplastantes números significaban un mandato indiscutible para instalar un gobierno interino de manera que allanara el arribo de una asamblea constituyente.

Dejó en claro que para terminar con el apartheid habría que construir casas, montar hospitales y asegurar jubilaciones dignas para la población más postergada, pero reconoció con mucho optimismo que la votación demostraba la enorme disposición de la ciudadanía blanca para resolver esos conflictos crónicos.

En el ámbito internacional, autoridades de primerísimo nivel del gobierno británico y de los Países Bajos celebraron el resultado como una excelente noticia que salvaba a Sudáfrica de retroceder hacia un desastre civil. Acto seguido, Estados Unidos anuló sus castigos comerciales de un plumazo y las corporaciones extranjeras retornaron con fuertes inversiones al territorio sudafricano.

Aquella votación de 1992 significó la puntada final para el andamiaje racista y pavimentó de forma irreversible el camino constitucional que derivó, en el mes de abril de 1994, en la elección por voto popular de Nelson Mandela como el primer presidente negro de Sudáfrica.