La discusión legislativa en Guatemala expone divisiones sobre medidas para contener el alza de combustibles

El Congreso de la República de Guatemala debate la creación de un subsidio temporal a los combustibles ante la escalada de precios internacionales y la percepción de especulación en la cadena de comercialización.

La discusión, centrada en la falta de propuestas concretas del Poder Ejecutivo y el impacto de la crisis en el transporte y la economía nacional, revela no solo la urgencia de una respuesta, sino también divisiones en torno a la viabilidad y el alcance de las medidas.

El análisis, presentado y transmitido a través de redes sociales del mismo Congreso, expone además la existencia de posibles fondos disponibles que podrían destinarse a aliviar el incremento de los precios para los consumidores.

Durante la última semana, los precios en las estaciones de servicio superaron los seis quetzales por litro de diésel, más de cinco quetzales para la gasolina súper y superaron los cuatro quetzales para la regular, según lo informado.

Voces del Congreso sostienen que, tras veintisiete días de aumentos, “los guatemaltecos están pagando más de lo que deberían”, e insisten en que parte de la subida no se corresponde de manera directa con la evolución internacional del petróleo, sino a mecanismos internos de ajuste y posibles márgenes especulativos, de acuerdo con lo transmitido en la sesión.

El Congreso señala responsabilidad del Ejecutivo y pide actuar sobre fondos disponibles

La ausencia de una respuesta oficial estructurada fue objeto de reiteradas críticas por parte de los jefes de bloque de la legislatura. Según Elmer Palencia, bloque Valor y segundo Vicepresidente de la Junta Directiva, el Poder Ejecutivo “goza de tener todos los datos, todo el equipo técnico y el aparato estatal”, pero hasta el momento “no vemos una propuesta aterrizada ni consensuada”.

Araya enfatizó que corresponde al Congreso de la República “buscar los consensos necesarios” y recordó que hay “veintidós mil millones de quetzales en saldos de caja” provenientes de impuestos ya recaudados, disponibles para ser utilizados en medidas que favorezcan a la población consumidora.

Los bloques legislativos coincidieron en la necesidad de formular “una medida paliativa, en todo caso, lo que vamos a tener que formular y decretar, si Dios permite, el día de hoy”, detalló Palencia.

El llamado es a un acuerdo parlamentario que, por su estructura, permita ejecutar un subsidio de corto plazo ante lo que describieron como “un evento de corto plazo con consecuencias irreversibles si no se interviene rápidamente”.

La Comisión de Finanzas, presidida por Héctor Estrada, elaboró una iniciativa inspirada en los esquemas de apoyo adoptados durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

El proyecto contempla que el subsidio conste de una compensación temporal al consumidor: ocho quetzales por galón de diésel, y seis quetzales por galón tanto para la gasolina regular como superior. El cálculo oficial estima un consumo mensual de 47.8 millones de galones de combustibles, lo que supondría un costo anual de 440 millones de quetzales para el diésel, 180 millones para la gasolina regular y 130 millones para la gasolina superior.

Esquema de aplicación y mecanismo de control del subsidio propuesto

La propuesta técnica plantea que el descuento se aplique en la etapa de importación. El importador reflejaría la reducción en el precio antes de la entrada al terminal, de manera que la factura al distribuidor ya incorpora el monto subsidiado.

En la estación de servicio, el consumidor paga el precio final con el descuento, lo que elimina la necesidad de reembolsos directos al usuario final y facilita la fiscalización.

Las fórmulas de ajuste permiten que, si los precios internacionales bajan, los subsidios puedan reducirse o eliminarse. El proyecto prevé un mecanismo de revisión periódica para cautelar el impacto fiscal y evitar transferencias innecesarias una vez se revierta la tendencia alcista. El reglamento correspondiente deberá ser emitido por el Ministerio de Energía, en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El Ministerio de Energía y Minas adquiriría competencias reforzadas con la aprobación de una ampliación presupuestaria específica, con el objetivo de orientar tanto a las compañías distribuidoras como a los consumidores hacia opciones más económicas. Esto se vincula a un artículo clave de la iniciativa que introduce un “precio de referencia” nacional e internacional, permitiendo que, cuando los precios globales desciendan, los consumidores en Guatemala también se beneficien de modo inmediato.

El debate parlamentario se configura así en torno a los detalles de la ejecución, la urgencia de las medidas y los controles sobre la cadena comercial, en un contexto donde los precios del combustible impactan directamente a transportistas, consumidores de la canasta básica y la economía nacional en su conjunto.