El Congreso de Guatemala se prepara para un proceso determinante: la elección de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032, un hecho que, según el presidente del Congreso Luis Contreras, podría derivar en sesiones permanentes hasta lograr el acuerdo, dada la tensión política y la presión por garantizar transparencia y modernización en el sistema electoral. Esta definición es clave, ya que la nueva magistratura deberá conducir las elecciones generales previstas para 2027 y 2031, en un contexto de creciente escrutinio nacional e internacional sobre el procedimiento y la idoneidad de los candidatos, de acuerdo con declaraciones recogidas por el mismo Organismo Legislativo.
Esta tarde de martes se intentará concretar la votación durante la sesión plenaria, según anunció Contreras públicamente a los medios y a través de las redes sociales del Organismo Legislativo. Si en esta instancia el Congreso no alcanza un consenso, la discusión continuará el jueves 12 de marzo y se mantendrá abierta en sesión permanente, con el objetivo de completar la selección de los diez magistrados —cinco titulares y cinco suplentes— sin más dilaciones.
La integración del próximo TSE definirá el rumbo electoral hasta 2032
La relevancia del proceso radica en que estos magistrados serán responsables de organizar y supervisar los comicios nacionales durante los próximos seis años. El lunes previo a la sesión, la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso acordó avanzar en la agenda parlamentaria con la inclusión formal de la elección de magistrados, lo que anticipa jornadas de intensas negociaciones para destrabar el nombramiento tras una serie de votaciones sin resultado en semanas recientes.
El diputado Orlando Blanco, primer secretario de la junta directiva y referente de la bancada VOS, brindó a LaRed un panorama del ambiente interno. Blanco reconoció que, tras las derrotas parciales y los desacuerdos registrados, el clima será de “heridas y rasguños” entre los distintos bloques, quienes deberán “tragarse los insultos y sapos” para alcanzar consensos y dar legalidad al proceso. El legislador advirtió que podrían surgir intentos de manipulación en el Congreso: “Seguramente entrarán algunos pícaros al Congreso que querrán hacer aparentar o entender que lo que sucedió ayer también es válido y que la propiedad de seguir usando esos listados contaminados que puso el Estado”.
Este señalamiento pone en evidencia las disputas abiertas por el control del procedimiento y la polémica sobre los listados de candidatos, que enfrentan objeciones desde diversos sectores e incluso cuestionamientos internacionales respecto a su integridad.
Entrevistas a aspirantes y énfasis en la modernización electoral
La lista de aspirantes fue definida por la Comisión de Postulación, bajo la coordinación del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos. En los encuentros iniciales organizados conjuntamente por la Comisión de Asuntos Electorales y los jefes de bloque, cada candidato expuso su visión ante el Congreso para el futuro del órgano electoral. Entre las propuestas destacó la del aspirante Giovanni Francisco Soto Santos, cuya intervención giró en torno a la integración de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la educación cívica.
Soto Santos sostuvo ante la Comisión: “Tengo la firme convicción de que, con capacitación constante a los miembros del elector, al ciudadano, con una capacitación primaria a los jóvenes que están a punto de sacar su DPI y poderse empadronar, e indicarles cuál es la responsabilidad en cuanto a sus derechos civiles y políticos a la hora de emitir su voto”. Su enfoque incorpora la instrucción temprana a jóvenes al borde de obtener su Documento Personal de Identificación, con el objetivo de fortalecer la participación y la conciencia democrática desde las nuevas generaciones.
La comisión seguirá evaluando los perfiles y realizando entrevistas mientras persista la falta de acuerdo en el pleno. La sucesión de rondas y la reiteración de objeciones subrayan la dificultad de alcanzar el nombramiento definitivo, al tiempo que el país observa de cerca el desenlace de un proceso que sentará las bases del sistema electoral guatemalteco para los próximos seis años.
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