La renovación de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el periodo 2026-2031 ha entrado en una etapa clave, con definiciones previstas tanto en el Congreso de la República como en el Organismo Judicial y el Ejecutivo para los primeros días de marzo. Este proceso, seguido de cerca por sectores políticos y jurídicos, aspira a consolidar un órgano constitucional con mayores estándares de transparencia y confianza ciudadana.
Las elecciones en el Congreso y el calendario crítico de marzo
La comisión mixta de jefes de bloque del Congreso finalizó recientemente las entrevistas a los aspirantes a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Conforme a lo informado por Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva, cada candidato dispuso de cinco minutos para exponer sus credenciales y su visión sobre la función constitucional. Los videos de estas presentaciones están disponibles en el portal oficial del Congreso, para facilitar el acceso público a las propuestas de los postulantes.
El siguiente paso será la discusión del tema por parte de los jefes de bloque, prevista para el lunes anterior a la fecha límite de elección. La votación, aunque todavía pendiente de un consenso entre las bancadas, podría realizarse el 3 de marzo si se alcanza un acuerdo previo. Los diputados enfrentan el reto de elegir a dos representantes entre un grupo de profesionales reconocidos. Por ahora, no existe apoyo definido para ningún nombre específico, lo que augura intensos diálogos y negociaciones internas en los días previos a la deliberación parlamentaria.
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El proceso en el Organismo Judicial: plazos cerrados y sin impugnaciones
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala concluyó el periodo para presentar solicitudes el 27 de febrero a las 15:30 y anunció que los procedimientos internos del pleno de la Corte, regulados por el artículo 156 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no admiten impugnaciones administrativas ni judiciales. Esto convierte a la Corte Suprema de Justicia en la última instancia para aspirantes que no lograron incorporarse a través del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) o del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC).
El congreso y la Corte Suprema de Justicia han coincidido en la fecha del 3 de marzo para la elección de sus respectivos representantes en la Corte de Constitucionalidad, quienes se integrarán al pleno encargado de resolver los asuntos constitucionales más relevantes del país.
Más de setenta postulaciones y una participación femenina del 35 %
De manera paralela, la presidencia de la República abrió una convocatoria pública para la selección de los futuros magistrados titular y suplente de la Corte. Según detalló Juan Gerardo Guerrero, la iniciativa firmada por el presidente Bernardo Arévalo el 9 de febrero motivó la postulación de 76 personas, de las cuales 23 son mujeres, lo que representa 35 % del total. Guerrero señaló que, en comparación con procesos anteriores, esta edición evidencia una mayor confianza ciudadana en la transparencia de la selección.
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El proceso culminará con la designación final a cargo del consejo de ministros, fijada para el 13 de marzo. En palabras del presidente Arévalo, la elección de magistrados “es una decisión que marcará el rumbo institucional del país en los próximos años”, y subrayó su “compromiso de elegir a una persona honesta, proba y comprometida con la justicia”.
Reparto de cargos y exclusiones
Las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios y del Consejo Superior Universitario de la USAC ya definieron ciertos puestos. El CANG eligió a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, mientras que la USAC seleccionó a Julia Rivera y José Aguirre Pumay. Estas decisiones dejaron fuera del proceso a Leyla Lemus y Consuelo Porras, quienes no continuarán en la contienda.
Actualmente, tres magistrados en funciones—Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Roberto Molina Barreto y Luis Alfonso Rosales Marroquín—han formalizado su interés en permanecer en la Corte y acudieron al Congreso para registrar sus candidaturas conforme al Acuerdo Legislativo 3-2021 que reguló su ingreso original en enero de 2021.
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