La fiscalía investiga irregularidades en la elección de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala

La Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas de Guatemala mantiene bajo investigación irregularidades en la reciente elección para magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad realizada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Según informó la fiscal de sección, Leonor Morales, esta pesquisa busca esclarecer la posible participación de personas sin la acreditación legal necesaria habilitadas para votar, lo que podría constituir un delito electoral y comprometer la validez de los resultados.

Esta preocupación surge a partir de denuncias formales ante la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, donde se señaló que directivos y personal del Tribunal Electoral habrían solicitado a empleados la emisión de carnets de abogado a politólogos y profesionales de otras disciplinas para permitirles sufragar, a pesar de no contar con la calidad exigida por la ley.

Morales explicó que el requerimiento de información al Colegio de Abogados sobre el registro digital actualizado de votantes no se ha cumplido en los plazos ni en la forma entera solicitada por resolución judicial, dificultando la labor investigativa.

Mientras tanto, la investigación también examina la instrucción dada a ciertos votantes irregulares para que fotografiaran su boleta y la enviaran como prueba. Este proceder, según la fiscalía, podría estar motivado por la promesa de conservar puestos en entidades gubernamentales o recibir una retribución económica por sufragar por candidatos específicos.

Morales recalcó que, pese a la existencia de carteles en la sede electoral que prohibían explícitamente el uso de teléfonos y cámaras, hay evidencia de que se permitieron grabaciones previo al ingreso del Ministerio Público, lo que plantea interrogantes sobre los procedimientos internos y el control real de la votación.

Durante el operativo, autorizado judicialmente y efectuado el 12 de febrero en la sede del Club La Aurora y el parque Erick Bernabé Barrondo García, fiscales realizaron inspecciones, registros y secuestro de documentos para recabar elementos de prueba.

Morales aseguró que la acción ministerial en ningún momento interrumpió el proceso electoral en curso y que se respetaron los derechos humanos de todos los presentes.

No obstante, mencionó actitudes de resistencia y falta de colaboración de parte de algunos asistentes, incluyendo episodios de agresividad, por lo que, en determinado momento, se decidió cerrar temporalmente los accesos para garantizar la seguridad y el orden de la diligencia.

Requerimiento y acceso a información clave

El Ministerio Público notificó al Colegio de Abogados y Notarios la orden judicial para la entrega integral del “Cardex” digital con la documentación de los abogados y notarios colegiados y activos. A pesar de la reiterada solicitud y de haber documentado la notificación en audio y video, los representantes del Colegio comunicaron que cumplirían la entrega el lunes 16 de febrero, promesa que no se materializó.

En respuesta oficial, el Colegio afirmó que: “El padrón digital es único y se genera en la fecha de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo trece del Reglamento de Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el archivo digital no es susceptible de reproducción posterior una vez impreso el padrón que corresponde a la elección que se trate”.

Esta postura, para el Ministerio Público, agrava las dificultades para verificar la legalidad de la composición del padrón, especialmente dada la existencia de testimonios y pruebas que prueban el sufragio de profesionales no habilitados al momento legal de la convocatoria.

Esta obstaculización en la entrega del documento requerido ha llevado a la fiscalía a analizar la responsabilidad penal de quienes impiden el avance de la investigación o se resisten a los requerimientos judiciales.

Desarrollo de la investigación y garantías procesales

La diligencia, autorizada por el juez contralor, incluyó la organización interna del personal fiscal antes de permitir el ingreso de los abogados presentes para votar. Morales subrayó que, a lo largo de la inspección, se garantizó la transparencia y la comunicación fluida con agremiados y medios, explicando que la actividad no detendría la operativa electoral en curso.

Se instruyó a las personas involucradas sobre los procedimientos que se seguirían, en un contexto en el que registraron actitudes reticentes y poco colaborativas, incluso manifestaciones hostiles. A pesar de este ambiente, Morales destacó que todos los responsables de los locales y participantes finalmente reconocieron el respeto a los derechos humanos por parte del Ministerio Público.

La fiscal también señaló que la persistencia de trabas y disturbios por parte de algunos integrantes del Colegio podría ser constitutiva de un intento de obstaculizar la acción penal, asunto que se encuentra bajo análisis para determinar las medidas a tomar conforme avance la causa.

Implicaciones en el proceso electoral y en la transparencia institucional

La investigación busca establecer la verdad histórica sobre la habilitación irregular de votantes y el posible quebrantamiento del Reglamento Electoral. Según las evidencias recolectadas, existen testimonios y documentación aportada por abogados y notarios que sustentan la hipótesis de participación de personas no activas en el padrón durante la convocatoria, en contradicción con la normativa esgrimida por el mismo Colegio de Abogados y Notarios.

El Ministerio Público reitera que avanzará en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de responsabilidades conforme a la ley, en resguardo de la legitimidad de la elección y de la seguridad jurídica de las instituciones guatemaltecas.