El Consejo Permanente de la OEA advierte sobre riesgos a la democracia en Guatemala

El Consejo Permanente de la OEA convocó a sus países miembros ante las crecientes inquietudes por la estabilidad democrática y el respeto al orden constitucional en Guatemala, tras una serie de incidentes durante el reciente proceso electoral que despertaron alarma tanto nacional como internacional. La cita, que se llevó a cabo en el salón Simón Bolívar de su sede central, planteó la urgencia de preservar la gobernabilidad en el país centroamericano frente a acciones que podrían vulnerar la legalidad democrática y la independencia del sistema judicial.

La intervención internacional y el respaldo de organismos multilaterales se vislumbran como factores esenciales para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procedimientos institucionales, declararon líderes gremiales y judiciales durante el encuentro. En ese sentido, el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sido valorado positivamente por los actores locales, quienes insisten en la necesidad de que los procesos de elección y designación se desarrollen libres de presiones indebidas.

Testimonios: irregularidades y amenazas a la institucionalidad

Patricia Gámez, Presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, fue una de las voces centrales al describir situaciones inusuales durante el desarrollo de las elecciones en el gremio. Gámez relató: “La presencia fiscal se prolongó hasta aproximadamente las veintiuna horas, tiempo en el cual estuvieron presentes en las mesas de votación, grabando y tomando fotografías, procediendo a la incautación del teléfono del presidente del Tribunal Electoral, requiriendo el secuestro de cualquier teléfono, también de mi persona.” Añadió que estas actuaciones incluyeron un registro corporal en su contra para verificar si portaba dispositivos, generando un clima de “incertidumbre y zozobra” percibido como desproporcionado dada la sensibilidad institucional.

La agenda del Consejo Permanente incluyó el monitoreo de la situación en Guatemala como respuesta a las denuncias sobre afectaciones al orden democrático derivadas de interferencias y acciones judiciales cuestionadas.

Gámez enfatizó que a pesar de estos episodios, el proceso electoral logró concluir respaldado por una resolución inmediata de la Corte de Constitucionalidad, la cual ordenó que prosiguiera sin interferencias externas. Los resultados finales fueron validados por el órgano electoral del Colegio. Desde el gremio, Gámez defendió que en “una democracia constitucional, el derecho penal debe ser siempre el último recurso y aplicarse con estricto apego a principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso”.

La presidenta del Colegio de Abogados cuestionó que se ponía en duda “la institucionalidad gremial y la integridad de procesos electorales” sin objeciones formales de los fiscales de mesa, remarcando la necesidad de privilegiar los canales institucionales ordinarios y la verificación previa de denuncias. Enfatizó que se debe evitar “diligencias intrusivas que generan confusión y pueden debilitar la constancia pública de sus instituciones”.

Gámez advirtió sobre “los riesgos latentes de criminalización y de manipulación del sistema de justicia”, reclamando el acompañamiento internacional temprano: “La vigilancia democrática del sistema interamericano no constituye una injerencia, sino una expresión de solidaridad hemisférica en defensa de los principios que compartimos”.

“La observación internacional contribuye a generar condiciones de transparencia, reduce los márgenes de arbitrariedad y fortalece la confianza pública y los mecanismos democráticos,” sostuvo. Además, reafirmó el compromiso del gremio con el fortalecimiento institucional y la defensa del Estado de Derecho.

Interrupción de elecciones y advertencia sobre el Estado de derecho

La intervención de Astrid Lemus, magistrada titular electa de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el período 2026-2031, describió acciones que “pretenden socavar la voluntad” de la Asamblea y su normal desenvolvimiento. Lemus subrayó que la elección fue interrumpida por medidas que calificó de “grotescas e intimidantes”, ejecutadas por el Ministerio Público, instancias que no ofrecieron justificaciones legales claras y actuaron en el marco de denuncias anónimas y procesos reservados.

La magistrada remarcó que la tentativa de frenar el proceso electoral no es comparable a una elección normal y constituye un intento de violentar el orden establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala: “Al pretender interrumpirla se está pretendiendo también violentar el orden constitucional en la renovación de la Corte de Constitucionalidad y con ello atentar contra ese orden establecido constitucionalmente”, declaró Lemus al foro del Consejo Permanente.

Lemus sostuvo que estos acontecimientos han debilitado el Estado de Derecho y disminuido la certeza jurídica, obstaculizando que Guatemala alcance una etapa de respeto pleno a la legalidad y a los derechos fundamentales. Justificó la importancia de la colaboración con organismos internacionales, mencionando que la OEA ha sido “un aliado importante”, especialmente a través de sus misiones de observación electoral, que “han contribuido a fortalecer la transparencia, el diálogo democrático y la confianza en nuestros procesos institucionales”.