La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía Regional Metropolitana, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional, llevan adelante este martes un extenso operativo denominado “Ventanillas Paralelas”, enfocado en desmantelar una estructura que habría movilizado fondos por más de Q5 mil millones en operaciones financieras inusuales.
Esta cifra supera cualquier antecedente reciente y sitúa la investigación entre las de mayor magnitud jamás enfrentadas por el Ministerio Público, mientras los indicios apuntan a posibles conexiones con actividades delictivas transnacionales cuyo alcance y naturaleza aún se encuentran bajo análisis en el proceso penal.
Durante la fase actual de las diligencias, las autoridades realizaron la aprehensión de Esaú P., a quien se le imputan los delitos de lavado de dinero u otros activos, tráfico ilícito de guatemaltecos y asociación ilícita. Además, en el mismo contexto, fue capturado Alejandro G. por lavado de dinero, y Carlos A. por tráfico ilícito de guatemaltecos y asociación ilícita.
Estas detenciones, concretadas en Huehuetenango, forman parte de las 22 diligencias de registro, inspección y secuestro de pruebas que el Ministerio Público ejecuta de manera simultánea.
De acuerdo con información oficial del ente investigador, los detenidos han sido trasladados vía aérea a ciudad de Guatemala para ser presentados ante los tribunales de justicia y esclarezcan su situación.
Detección del esquema financiero ilícito
El hallazgo. Todo comenzó con una denuncia formulada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, la cual permitió detectar movimientos atípicos en agentes bancarios de San Pedro Soloma, Huehuetenango.
El análisis financiero, ampliado en el marco judicial, reveló la existencia de una red capaz de movilizar recursos equivalentes a unos Q5 mil millones, dato que sigue siendo objeto de investigación y no representa aún una determinación de responsabilidad penal, según lo informado por el Ministerio Público.
Las operaciones bajo sospecha no son un hecho aislado para los investigadores. Según la Fiscalía, la investigación apunta a que los fondos manejados podrían estar relacionados con delitos de carácter transnacional, aunque la determinación precisa de su naturaleza dependerá del progreso del proceso judicial.
La entidad recordó que, siguiendo la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, parte de la información permanece reservada mientras avanza la investigación.
Tráfico ilícito de personas y desvío financiero
En paralelo, la Fiscalía contra Delitos Transnacionales ejecuta acciones contra organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas, las cuales no solo negociaban el traslado de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América, sino que además los exponían a redes criminales mexicanas.
Las víctimas abonaban entre Q80.000 y Q120.000, bajo la promesa de facilitar su paso a territorio estadounidense, pero la mayoría terminaba en manos de grupos delictivos en México que las secuestraban y solicitaban rescates adicionales.
Según la investigación, estas estructuras llegaban a captar entre tres y cinco personas cada semana, aunque apenas una fracción conseguía alcanzar su destino final, ya que la mayor parte era deportada. La dimensión de este flujo, sumado al volumen de recursos movilizados por las redes bancarias, constituye uno de los golpes más importantes a la criminalidad financiera y de trata en Guatemala en lo que va del año.
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