Una corte de apelaciones de Nueva York revirtió el miércoles el fallo que bloqueaba la implementación del impuesto a las segundas residencias de lujo, la pieza central de la agenda progresista del alcalde Zohran Mamdani, y ordenó desestimar la demanda que lo cuestionaba por considerar que los demandantes carecían de legitimación procesal para litigar.
El tribunal de segunda instancia, con sede en Brooklyn —la División de Apelaciones, Segundo Departamento—, actuó con unanimidad de sus cuatro jueces y anuló la resolución que el 29 de septiembre había dictado el juez Wayne Ozzi, del Tribunal Supremo de Staten Island, quien había ordenado a la ciudad reiniciar desde cero el proceso de implementación del gravamen.
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El fallo determina que los propietarios no sufrieron daño concreto
En su decisión de seis páginas, el tribunal superior concluyó que los siete propietarios que presentaron la demanda —representados por el abogado Randy Mastro— no lograron acreditar un perjuicio suficientemente concreto. Recibir una notificación de posible obligación tributaria o figurar en un listado público de propiedades no constituye, según los jueces, una afectación real.
La corte señaló que el aviso “cumple una función informativa”, comparable a una carta de cobro de deuda, y que el legislador “debe haber previsto que la lista de destinatarios de las notificaciones no sería exacta ni perfecta”, de lo contrario no habría creado un proceso de exención.
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Los propietarios habían argumentado que “la Ciudad de Nueva York los había cargado con costos innecesarios” —incluyendo honorarios legales y contables— al obligarlos a demostrar que su domicilio principal estaba en la ciudad, en lugar de que el Departamento de Finanzas cruzara sus propios registros de antemano.
El tribunal tampoco encontró pruebas de que los datos publicados en el listado online hubieran sido mal utilizados o de que los demandantes enfrentaran riesgos de acoso o fraude. Además, señaló que los padrones anuales de tasación ya contienen de forma pública el nombre del propietario, el valor catastral y el valor de mercado de cada inmueble.
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El impuesto seguirá vigente mientras se resuelven los desafíos constitucionales
La victoria judicial no pone fin a la disputa en torno al gravamen. Dos demandas separadas tramitadas en Suffolk County, en Long Island, impugnan la constitucionalidad de la medida. Ambas sostienen que la ley viola disposiciones de la Constitución del estado que limitan la recaudación municipal por impuestos inmobiliarios.
Entre los argumentos también figura que el tributo es discriminatorio bajo la Constitución federal por aplicarse únicamente a residentes de estados distintos de Nueva York.
Una de esas demandas fue presentada en septiembre por el ex secretario de Comercio Wilbur Ross, su esposa Hilary Geary Ross, y el magnate de los casinos Steve Wynn, todos residentes de Florida con propiedades en la ciudad.
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La otra fue iniciada por la corporación propietaria del edificio de apartamentos Montclair, en el Upper East Side, con el respaldo del Real Estate Board of New York (REBNY), uno de los grupos de presión inmobiliaria más influyentes del estado.

El fallo llega semanas después de que la ciudad ignoró la orden de reinicio
La administración de Mamdani había comenzado a implementar el impuesto en julio, cuando el Departamento de Finanzas envió notificaciones iniciales a aproximadamente 17.000 propietarios.
Tras el fallo adverso de septiembre, la ciudad lo apeló y continuó el proceso de implementación sin interrupciones. Hasta el 28 de octubre, el Departamento había aprobado alrededor de 8.800 solicitudes de exención de propietarios que acreditaron ser residentes primarios.
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El gravamen, aprobado por la Legislatura estatal en mayo e incorporado al presupuesto para el año fiscal 2027 con el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul, se aplica como un recargo sobre la factura del impuesto predial. Alcanza a los condominios y cooperativas utilizados como segundas residencias con un “valor de mercado” de al menos USD 1 millón, y a las residencias unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares con un valor superior a los USD 5 millones que no constituyan la residencia principal del propietario, ni la de un familiar suyo o un inquilino.
La administración municipal estima que el impuesto recaudará USD 500 millones anuales, aunque el contralor Mark Levine había proyectado una cifra de hasta USD 380 millones.
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Mamdani celebró la decisión y Mastro anticipó una “batalla final”
“Desde el primer día, quienes tienen más intentaron usar todos los recursos legales disponibles para proteger su riqueza y evitar contribuir más a nuestra ciudad”, dijo Mamdani en un comunicado citado por The New York Times.
El alcalde calificó el fallo como un motivo de aliento y prometió continuar defendiendo el impuesto ante los tribunales de Suffolk County.

Mastro, quien también representó a la ciudad en gestiones anteriores durante las administraciones de los alcaldes Eric Adams y Rudy Giuliani, lamentó que el tribunal “tomara el atajo procedimental de la legitimación” sin pronunciarse sobre el fondo del caso.
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“Lo que hizo la ciudad es un acto inconcebible: intentar enredar a miles de personas que no deben este recargo en la obligación de probar que viven en sus propias casas”, declaró el abogado en declaraciones recogidas por Fox News Digital.
Mastro anticipó que la “batalla definitiva” se producirá el próximo mes, cuando los tribunales analicen la constitucionalidad del gravamen, y dijo confiar en que se logrará “poner fin a este recargo inconstitucional”.
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