Los electores de Miami rechazaron por amplio margen el arrendamiento de casi 12 hectáreas de terrenos públicos en Virginia Key para la remodelación de dos marinas. La pregunta 3 del referendo, votada el 3 de noviembre, obtuvo cerca de 65 % de votos en contra y 35 % a favor, de acuerdo con los resultados difundidos por las autoridades electorales y medios locales.
La propuesta contemplaba que Virginia Key LLC, una sociedad vinculada a RCI Marine Group y la empresa texana Suntex Marinas, asumiera la gestión y renovación de la marina Rickenbacker y la marina del Marine Stadium. El proyecto incluía una inversión privada estimada en USD 80 millones, además de espacios para almacenamiento de embarcaciones, comercios, restaurantes y estacionamiento público.
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El acuerdo sometido a consulta preveía un contrato inicial de 45 años, con la posibilidad de dos prórrogas de 15 años cada una. De haber sido aprobado, el arrendamiento podría haberse extendido hasta por 75 años, informó Miami Herald.
El referendo concentró el debate sobre el acceso al frente costero

La votación puso en discusión el destino de una zona pública situada junto a la calzada Rickenbacker, la principal vía de conexión entre el continente y Key Biscayne. El área abarca instalaciones vinculadas al Miami Marine Stadium, así como la marina Rickenbacker.
El texto de la consulta establecía una renta anual mínima de USD 2,2 millones para la ciudad, con aumentos progresivos y una participación del 6 % sobre los ingresos brutos. La administración municipal había presentado esos términos como parte de un proceso para modernizar infraestructuras marítimas existentes en una zona ambientalmente sensible, según la información oficial de la Ciudad de Miami.
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Sin embargo, el proyecto acumuló objeciones de residentes, ambientalistas y defensores del acceso público a la costa. Las críticas apuntaron a la duración del contrato, a la ampliación de actividades comerciales y a los posibles efectos sobre la Bahía Biscayne.
La campaña también reunió apoyo alrededor de Gramps Getaway, un bar ubicado en la zona de la marina Rickenbacker cuya continuidad podía verse afectada por la reconfiguración del lugar. Ese caso se convirtió en uno de los símbolos de la oposición a la iniciativa, reseñó Key Biscayne Portal.
Los opositores celebraron un respaldo al uso público de la costa

Tras conocerse el resultado, Aabad Melwani, operador de la marina Rickenbacker y cofundador de Preserve & Protect Miami, consideró que el voto expresó una defensa de los espacios costeros de la ciudad.
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“Esta noche, los votantes de Miami defendieron a su comunidad y enviaron un mensaje claro: nuestro frente marítimo público debe beneficiar a los habitantes de Miami y no a intereses privados de fuera del estado que solo buscan obtener ganancias”, afirmó Melwani en declaraciones recogidas por Key Biscayne Portal.
El empresario aseguró además que el resultado pertenecía a quienes se oponen a que sitios de uso colectivo se vuelvan más costosos o inaccesibles para las familias. La postura de Preserve & Protect Miami coincidió con los reparos planteados durante la campaña por organizaciones que reclamaban mayor protección para el entorno de la bahía.
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El rechazo de la pregunta 3 no resuelve, sin embargo, el futuro de ambas marinas ni de otros desarrollos contemplados en Virginia Key. Entre las iniciativas que continúan bajo discusión figura el proyecto Shoreline, relacionado con la calzada Rickenbacker, y los planes de transformación del Seaquarium.
La ciudad deberá redefinir el proceso para las marinas
La derrota de la propuesta obliga a la Comisión de la Ciudad de Miami a evaluar nuevas alternativas para las instalaciones de Rickenbacker y Marine Stadium. Miami Herald señaló que el gobierno local probablemente deberá reiniciar el proceso de licitación si pretende avanzar con otro proyecto de arrendamiento para esos terrenos.
Cualquier eventual venta o concesión de propiedades costeras municipales deberá volver a pasar por una consulta popular, tal como exige el procedimiento para este tipo de bienes públicos. Por ahora, la decisión de los votantes dejó sin efecto el acuerdo específico con Virginia Key LLC y mantuvo abiertas las discusiones sobre inversión, conservación ambiental y acceso ciudadano en el frente marítimo.
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