Un juez federal de Estados Unidos desestimó los cargos contra dos exagentes del FBI por sus declaraciones sobre Hunter Biden

Un juez federal de Estados Unidos desestimó los cargos contra dos exfuncionarios del FBI acusados de mentir ante el Congreso sobre la investigación de la computadora portátil de Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden.

El magistrado Zia M. Faruqui concluyó este lunes que el Departamento de Justicia no había aportado elementos suficientes para establecer que Nikki Floris y Bradley Benavides hubieran cometido un delito durante sus testimonios de 2023.

La decisión estuvo acompañada de fuertes cuestionamientos a la actuación de los fiscales. Según informó la agencia Associated Press, Faruqui consideró que la investigación había avanzado de manera apresurada, bajo el impulso del presidente Donald Trump y del director del FBI, Kash Patel, y que contenía errores graves. También señaló que el momento elegido para presentar los cargos, a pocos días de las elecciones de medio término, planteaba serias dudas.

“No voy a esconder la cabeza bajo la arena y fingir que no sé leer un calendario”, dijo el juez, en referencia a la cercanía de la acusación con los comicios del martes, que definirán el control del Congreso durante los dos últimos años del segundo mandato de Trump.

Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente una hora, Faruqui sostuvo que el Departamento de Justicia no había demostrado que las declaraciones de los exfuncionarios fueran deliberadamente falsas ni que hubieran interferido en la investigación legislativa sobre Hunter Biden. Tampoco encontró elementos que permitieran establecer que Floris y Benavides tuvieran motivos para engañar a los congresistas.

“Sin motivo, sin pruebas directas, no tengo nada” en qué basarme para establecer la causa probable necesaria para sostener la denuncia, afirmó.

Los fiscales habían acusado a los dos exagentes de minimizar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes lo que sabían sobre las investigaciones relacionadas con Hunter Biden y una computadora portátil que este había dejado en un local de reparación de equipos informáticos en Delaware en 2019.

La jueza también cuestionó que el Departamento de Justicia hubiera recurrido a una denuncia penal en lugar de solicitar una acusación formal de un gran jurado, una instancia que, según señaló, podría haber promovido en cualquier momento. Para Faruqui, la decisión de avanzar por esa vía justo antes de las elecciones tuvo una finalidad política.

“Lo que ha ocurrido aquí no puede describirse de otra manera que como un uso indebido de la fuerza”, afirmó al desestimar el caso, según consignó The Washington Post.

El fallo no necesariamente cierra el expediente. El Departamento de Justicia todavía puede apelar la decisión o intentar obtener una acusación formal de un gran jurado para reabrir el proceso.

Sin embargo, Associated Press señaló que la administración Trump ya había encontrado dificultades para conseguir que esos jurados presentaran cargos en otras investigaciones con implicancias políticas.

Floris y Benavides integraban la unidad del FBI dedicada a detectar injerencias extranjeras

Nikki Floris fue subdirectora adjunta de la Fuerza de Tarea sobre Influencia Extranjera (FITF, por sus siglas en inglés) entre 2019 y 2022, mientras que Bradley Benavides encabezó una sección de esa unidad desde 2019 hasta después de las elecciones presidenciales de 2020. El grupo, que luego fue disuelto, coordinaba dentro del FBI la evaluación de posibles campañas de influencia de otros países en los comicios estadounidenses.

Su trabajo quedó vinculado con la difusión, en octubre de 2020, de archivos atribuidos a una computadora portátil de Hunter Biden. The New York Post publicó entonces correos electrónicos y otros documentos que aseguró haber recibido de Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, y que relacionaban al hijo de Joe Biden con negocios fuera de Estados Unidos.

Parte de la polémica se concentró en Burisma, la empresa energética ucraniana cuyo directorio integró Hunter Biden cuando su padre era vicepresidente. Los documentos impulsaron cuestionamientos políticos sobre un posible conflicto de intereses, aunque no establecieron que Joe Biden hubiera beneficiado a su hijo o a la compañía.

Como la difusión de los archivos despertó sospechas de que Rusia podía estar detrás de una campaña de desinformación para influir en la elección de 2020, el Congreso quiso determinar si la FITF había evaluado esa posibilidad. Por ese motivo, los legisladores consultaron a Floris y Benavides qué información tenía el FBI sobre el origen y la circulación del material atribuido a la computadora de Hunter Biden.