La Agencia de Protección Ambiental (EPA) presentó un plan de USD 93,4 millones para descontaminar el Canal Lauritzen, en Richmond, California. El sedimento contiene niveles del plaguicida DDT (diclorodifeniltricloroetano) hasta 3.800 veces superiores a los objetivos fijados en la primera limpieza fallida de los años noventa.
Sin embargo, los vecinos que llevan décadas reclamando una remoción total, también consideran que la propuesta es insuficiente, indicó Associated Press.
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El plan, presentado en 53 páginas, fue seleccionado entre 12 alternativas y es la opción más costosa evaluada por la agencia. Su costo total a 30 años asciende a USD 93,4 millones: USD 86 millones en capital inicial y USD 7,3 millones anuales en operación y mantenimiento.
Los gastos corren por cuenta de las empresas privadas responsables de la contaminación, aunque el documento no las identifica por nombre.
El plan contempla dragado, cobertura con carbón activo y controles de fuente
La propuesta prevé dragar y retirar los sedimentos contaminados de los sectores este, oeste y norte del canal, para disponerlos fuera del sitio.
Además, las áreas intervenidas se cubrirían con una mezcla de arena y carbón activado, mientras que el extremo norte y el tramo costero recibirían una tapa activa con geotextil y piedras. También incluye una barrera costera, sellado de tuberías, retiro de pilotes de madera y limpieza de desagües pluviales.
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Entre las opciones, la EPA eligió esta alternativa por considerarla la más eficaz a largo plazo para reducir los riesgos para la salud y los ecosistemas, mejorar la calidad del agua y disminuir la necesidad de controles institucionales.
La Richmond Shoreline Alliance rechaza el plan y exige una remoción completa
La Richmond Shoreline Alliance (RSA), principal organización comunitaria que sigue el caso, sostiene que la propuesta no constituye una limpieza integral. Su coordinadora, Janet Johnson, cuestionó el uso de carbón activado porque, según afirmó en el medio Richmond Side, solo inmoviliza temporalmente los contaminantes y podría permitir su liberación posterior.
También advirtió que cubrir únicamente el extremo norte deja expuestos otros límites del canal.
La RSA, junto con Sierra Club y SF Baykeeper, elaboró una propuesta propia, respaldada por la ciudad de Richmond y el senador Jesse Arreguín. Plantea drenar el canal y retirar por completo el suelo, los sedimentos, las rocas y los residuos industriales contaminados.
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Sus impulsores consideran que trabajar en seco sería más efectivo y evitaría la posible dispersión del DDT durante el dragado.
Mientras que la EPA no reconoció formalmente esa alternativa. La agencia descartó la excavación en seco al señalar que gran parte de los sedimentos contaminados se encuentra bajo profundidades de agua que no permitirían drenar el canal.
La primera limpieza fracasó y el DDT superó miles de veces los niveles permitidos
El Canal Lauritzen fue construido para la industria naval de Richmond durante la Segunda Guerra Mundial y se contaminó entre las décadas de 1940 y 1960 por vertidos de empresas químicas, entre ellas United Heckathorn Chemical Co.
La remediación realizada en los años noventa fue declarada fallida en 2016, cuando la EPA comprobó la persistencia de contaminantes en los sedimentos, la costa y los terraplenes.
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Un seguimiento de 2022 halló que la zona central del canal contenía niveles de DDT 3.800 veces superiores a los objetivos de aquella intervención. El pesticida, considerado cancerígeno, fue prohibido en Estados Unidos en 1972.
La EPA también detectó aportes más recientes de contaminación procedentes de los sistemas municipales de aguas pluviales y de Levin-Richmond Terminal Corporation.
Comer pescado del canal representa un riesgo de cáncer mayor a 1 en cada 1.000 personas
El DDT y el dieldrín, otro insecticida presente en los sedimentos, dañan a organismos bentónicos, peces y aves que se alimentan de ellos. Por ese motivo, el área está cercada y la pesca permanece prohibida.
En una evaluación actualizada en 2010, basada en muestras de peces recolectadas en 2008 y en una encuesta a consumidores de mariscos, la EPA estimó que el riesgo de cáncer de por vida por comer pescado del Canal Lauritzen supera un caso adicional por cada 1.000 personas expuestas.
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Los estándares “Superfund” requieren medidas cuando el riesgo supera uno por cada 10.000. También se identificaron posibles efectos no cancerígenos, como alteraciones inmunológicas, irritación respiratoria y neurotoxicidad.
Los vecinos denuncian décadas de exclusión y señalan el impacto en comunidades de bajos ingresos
Residentes y grupos ambientales afirman que fueron marginados de las decisiones de la EPA y otras agencias. Los barrios cercanos al canal están habitados mayoritariamente por comunidades negras y latinas de bajos ingresos.
En una reunión del año pasado, integrantes del consejo vecinal de Santa Fe cuestionaron la demora de más de tres décadas y denunciaron consecuencias sanitarias para varias generaciones de residentes. “Si fuera otra zona, ¿habrían tardado 30 años en resolverlo?”, señalaron los vecinos, en declaraciones difundidas por Richmond Side.
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La comunidad también reclama que se informe dónde se depositará el material extraído, un dato ausente del plan. Durante el dragado de los años noventa, el periodista Vernon Whitmore rastreó residuos hasta un vertedero de Arizona cercano a una reserva nativa americana y expresó preocupación por la exposición de sus habitantes al polvo tóxico.
La RSA advierte que el plan ignora el riesgo de aumento del nivel del mar
La RSA sostiene que la propuesta no contempla el aumento del nivel del mar ni de las aguas subterráneas, factores que podrían incrementar la vulnerabilidad del sitio. Investigaciones de universidades y organizaciones científicas advirtieron sobre mayores riesgos de inundación en zonas peligrosas de Richmond y otras ciudades costeras.
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Sumado a esto, la organización también cuestiona que la EPA compare los niveles de contaminación del canal con los de otras aguas de la bahía. Alega que décadas de dragado y disposición de materiales extendieron los contaminantes fuera del canal, por lo que no existe una línea de base confiable para establecer metas de limpieza.
EPA realizará una jornada de puertas abiertas el 21 de octubre y recibirá comentarios públicos entre el 30 de septiembre y el 29 de diciembre. La aprobación final requerirá aceptación comunitaria y el visto bueno del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California.
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