Una nicaragüense, de 42 años, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en una red transnacional que, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de California, obtuvo más de USD 36 millones mediante estafas contra más de 400 personas, en su mayoría adultas mayores y vulnerables.
La mujer de apellido Mora, quien reside en Nicaragua y anteriormente vivió en Hayward, California, admitió el 14 de septiembre su responsabilidad en el esquema. El anuncio fue difundido al día siguiente por el fiscal federal Eric Grant.
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De acuerdo con el comunicado oficial y los documentos judiciales, la organización operó desde Estados Unidos y distintos países de América Latina.
Los integrantes contactaban a propietarios de multipropiedades de edad avanzada y a personas que ya habían sido víctimas de fraudes. Se presentaban como abogados y les aseguraban que podían obtener indemnizaciones.
Las víctimas creían que trataban con representantes legales reales. Por ese motivo, firmaban contratos de representación falsos y acuerdos de confidencialidad fraudulentos. Luego pagaban honorarios que terminaban en compañías ficticias y cuentas bancarias bajo control de colaboradores de la red en Estados Unidos.
La red usaba empresas fantasma y cuentas bancarias para mover el dinero
La Fiscalía sostuvo que el grupo creó una estructura de empresas fantasma y cuentas para recibir, transferir y ocultar el origen de los fondos. Sus integrantes habrían proporcionado información falsa a las entidades financieras para encubrir el propósito de las operaciones y evitar los controles contra el lavado de activos.
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Según el expediente, Mora se incorporó a la trampa en agosto de 2021. Durante su participación, mantuvo sociedades utilizadas como fachada y recibió más de USD 1.5 millones procedentes de las víctimas. Los investigadores, además, rastrearon USD 2.7 millones de los fondos sustraídos hasta cuentas bajo su control.
La acusada habría mentido a los bancos sobre el origen y la naturaleza del dinero. También habría abierto nuevamente cuentas que las entidades ya habían cerrado tras detectar actividad sospechosa. En varias oportunidades, según la Fiscalía, depositó fondos de las víctimas en forma directa en la cuenta bancaria de una de sus empresas.
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Tras mudarse a Nicaragua, Mora pasó a cumplir un rol de organizadora dentro de la estructura, de acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses. Desde ese país mantenía contacto con cómplices radicados en Estados Unidos y les daba instrucciones para recibir y enviar dinero, establecer sociedades ficticias y preparar documentos legales utilizados en la maniobra.
La investigación indica que también empleó correos electrónicos, atribuidos a supuestos asistentes jurídicos, para comunicarse con las víctimas. Mora fue detenida en diciembre de 2025, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Logan de Boston en un vuelo procedente de Ciudad de Panamá.
Las autoridades estadounidenses detuvieron a acusados en varios países
El caso incluyó operativos en Estados Unidos, Nicaragua y México. En octubre de 2025, los investigadores detuvieron a 15 acusados que residían en cuatro estados estadounidenses e incautaron más de USD 2.1 millones que, según las autoridades, correspondían a fondos de las víctimas.
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Varios integrantes de la red huyeron a México y otros países de Centroamérica. Entre ellos estaba Marlon Solis Bonilla, identificado por las autoridades como uno de los principales investigados.
Las autoridades nicaragüenses lo arrestaron en julio de 2025, en coordinación con el Servicio Diplomático del Departamento de Estado. Luego fue entregado a agentes estadounidenses y trasladado desde Managua hasta Houston, Texas.
En agosto de 2026, las autoridades mexicanas arrestaron en Guadalajara a Julián Jauregui, Sergio Jauregui y Eduardo Navarro. La operación contó con apoyo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Ciudad de México, el Servicio de Alguaciles de
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Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Los tres fueron derivados al Instituto Nacional de Migración y posteriormente enviados a Estados Unidos. La Fiscalía informó que tres acusados aún permanecían prófugos.
La investigación estuvo a cargo del FBI, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Policía de Bakersfield, con colaboración del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Truckee.
La jueza federal Jennifer L. Thurston dictará sentencia contra Mora el 14 de diciembre de 2026. La nicaragüense enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de USD 500,000, o el doble del monto lavado, según cuál sea mayor. La decisión final dependerá del tribunal y de las directrices federales de sentencia.
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