Un juzgado federal bloqueó la ley climática de Nueva York que buscaba recaudar USD 75.000 millones de empresas petroleras y gasíferas en un plazo de 25 años para financiar infraestructura de protección ante desastres climáticos.
La decisión, emitida el lunes 31 de agosto por la jueza presidenta del Distrito Norte de Nueva York, Brenda Sannes, declaró la norma inaplicable por contradecir la legislación federal vigente en materia de contaminación atmosférica.
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La Ley de Superfondo de Cambio Climático de Nueva York —promulgada en diciembre de 2024 por la gobernadora demócrata Kathy Hochul— exigía que las compañías de combustibles fósiles responsables de al menos 1.000 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero entre 2000 y 2018 aportaran USD 3.000 millones anuales a partir de 2028.
Estos fondos debían destinarse a la construcción de carreteras, sistemas de agua potable, redes de alcantarillado y obras costeras para proteger a las comunidades de fenómenos como inundaciones y olas de calor extremo.
La ley de Nueva York choca con otras perspectivas estatales
Sannes, designada por el expresidente demócrata Barack Obama, dictaminó que la Ley de Aire Limpio —que otorga a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) la autoridad exclusiva para regular las emisiones de dióxido de carbono— no habilita a los estados a crear esquemas de compensación por emisiones como el establecido por Nueva York.
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En su resolución, la magistrada sostuvo que hacer cumplir la ley estatal arriesgaba alterar el equilibrio entre la lucha contra el calentamiento global, “un proyecto que necesariamente requiere estándares nacionales y participación global”, y la promoción del crecimiento económico, la producción energética, la política exterior y la seguridad nacional.
“La Ley Climática entra en conflicto con la necesidad imperante de una norma uniforme de decisión sobre asuntos que influyen en la política energética y ambiental nacional, y con los intereses básicos del federalismo”, escribió Sannes en su fallo.
El tribunal también resolvió que la doctrina de asuntos exteriores impedía que la ley intentara regular emisiones internacionales, terreno reservado al gobierno federal.
La demanda encabezada por West Virginia
La acción legal que derivó en este fallo fue presentada en febrero de 2025 por una coalición de 22 fiscales generales republicanos, liderada por el fiscal general de West Virginia, JB McCuskey.
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A esa iniciativa se sumaron grupos empresariales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y el Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Donald Trump también interpuso una demanda similar y respaldó la posición de los estados ante la jueza Sannes.
McCuskey calificó el fallo como “una victoria mayor en la lucha contra los estados liberales que intentan equilibrar sus presupuestos a costa de nuestros trabajadores del carbón, el petróleo y el gas”.
El fiscal argumentó que la ley penalizaba a productores de energía por actividades que eran legales en el momento en que se realizaron, y que los pagos exigidos podrían provocar el cierre de empresas y la destrucción de miles de empleos, con el consiguiente aumento de los precios de la electricidad y el transporte.
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Un fallo con implicancias para New Jersey y Vermont
La resolución es observada con atención en New Jersey, donde un proyecto de ley similar —identificado como S2338/A3735— busca imponer una penalización retroactiva de USD 50.000 millones a productores de energía y aguarda tratamiento en la legislatura estatal.
Ray Cantor, subdirector de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Empresas de New Jersey (NJBIA), señaló que el fallo confirma lo que la organización venía anticipando: que la norma es “injusta, punitiva para los consumidores, perjudicial para el empleo en New Jersey y, ahora, claramente inconstitucional”.
En su escrito, Cantor citó el razonamiento de Sannes, quien afirmó que la jurisprudencia deja en claro que “la Ley Climática opera en un área donde la ley federal rigió por más de un siglo”, y que, por lo tanto, la norma “está simplemente más allá de los límites del derecho estatal”.
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La NJBIA instó a los impulsores del proyecto en New Jersey a reconocer que la legislación carece de sustento constitucional.
Nueva York fue el segundo estado en crear un superfondo climático financiado por la industria
Vermont fue el primero en sancionar una legislación de este tipo, y su propia ley enfrenta desafíos legales similares. West Virginia también está impugnando esa norma ante los tribunales.
Según el fiscal McCuskey, si estas leyes estatales prosperaran, la producción energética se desplazaría hacia países competidores de Estados Unidos, que operan con estándares ambientales significativamente más laxos, lo que agravaría tanto la pérdida de empleos como el alza de los costos energéticos para las familias estadounidenses.
La oficina de Hochul indicó a través de su portavoz, Ken Lovett, que está analizando el fallo para determinar los posibles pasos a seguir. “Los contribuyentes no deberían pagar la cuenta por los daños causados por los contaminadores”, concluyó Lovett.
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