Declararon culpables a ocho personas el viernes en un tribunal federal de Texas por terrorismo tras un tiroteo frente a un centro de detención de inmigrantes, un caso que, según NBC News, la Fiscalía Federal asoció al movimiento antifa, una corriente de activismo que se opone a ideologías consideradas fascistas o de extrema derecha.
El juicio, seguido de cerca más allá del tribunal de Fort Worth, plantea interrogantes sobre los límites de las estrategias del gobierno para penalizar la protesta, y anuncia posibles consecuencias para futuras manifestaciones en Estados Unidos.
Los condenados enfrentan una pena de hasta 15 años de prisión por el cargo de apoyo material al terrorismo, según el informe de NBC News, con la audiencia de condena programada para junio.
Este proceso judicial es el primero en que, de acuerdo con declaraciones del director del FBI, Kash Patel, se imputa dicho cargo a personas acusadas de pertenecer al movimiento antifa, lo cual no exige filiación formal a ninguna organización.
Un tiroteo frente a un centro de detención y su repercusión en el derecho a protesta
El incidente ocurrió el 4 de julio ante el Prairieland Detention Center en Alvarado, Texas, donde, según la cadena de noticias estadounidense, los manifestantes organizaron lo que definieron como una “manifestación ruidosa” para apoyar a inmigrantes detenidos por las políticas de deportación de la administración Trump.
La protesta se tornó violenta cuando, según la acusación, el ex reservista del Cuerpo de Marines, Benjamin Song, gritó “váyanse a los rifles” y disparó, hiriendo a Thomas Gross, teniente de la policía de Alvarado, quien recibió un disparo que atravesó su cuello.
La Fiscalía Federal de Texas argumentó que las acciones del grupo –como portar armas, chalecos antibalas y botiquines de primeros auxilios– demostraban una intención violenta y una preparación similar a tácticas atribuidas al movimiento antifa. El fiscal Shawn Smith sostuvo ante el jurado: “Esto no fue una protesta pacífica, fue una acción directa”.
De los nueve acusados inicialmente en el proceso, el jurado declaró culpables a ocho por apoyo material al terrorismo. Varios enfrentan además cargos de intento de asesinato de agente policial y de uso indebido de armas de fuego, ya que la fiscalía sostuvo que, debido a la planificación del grupo, la posibilidad de un tiroteo era previsible.
Por parte de la defensa, los abogados negaron cualquier vinculación orgánica con antifa y aseguraron que no existía plan para la violencia. Sostuvieron que quienes portaron armas lo hicieron por motivos de protección y que la mayoría había comenzado a retirarse cuando personal del centro apareció fuera, previo a los disparos.
Blake Burns, abogado de varios acusados, advirtió al jurado: “El gobierno está intentando caracterizar a los manifestantes como terroristas para encerrarlos”.
La disputa principal se centra en definir cuándo una protesta pasa a ser un acto criminal que pueda tipificarse como terrorismo doméstico. Al no existir una lista oficial en Estados Unidos de organizaciones terroristas nacionales, la legislación se basa en la naturaleza de las acciones y no en la pertenencia formal a un grupo, de acuerdo con NBC News.
Reacciones y consecuencias en el ámbito jurídico y social
El caso ha suscitado preocupación entre juristas y grupos defensores de derechos civiles en Estados Unidos. La presidenta interina del National Lawyers Guild, Suzanne Adely, advirtió en declaraciones a NBC News que el fallo podría provocar un efecto disuasorio sobre el derecho a manifestarse: “Esta es una forma de que el gobierno mida hasta dónde puede criminalizar manifestaciones constitucionalmente protegidas y aumente el temor, esperando que personas en otras ciudades se lo piensen dos veces antes de protestar”.
Varios de los acusados colaboraron con la fiscalía tras declararse culpables antes del juicio y testificaron para la acusación, con detalles sobre las razones de su presencia en el centro de detención. Seth Sikes afirmó: “Sentí que estaba haciendo lo correcto”.
La defensa de Song sostuvo que el tiro que hirió al agente Gross fue “fuego de supresión” y que la lesión fue consecuencia de un disparo desviado. El testimonio de Gross indica que, al llegar a la escena, observó a una persona vestida de negro, con el rostro cubierto y portando un rifle. En ese momento, el disparo le atravesó el cuello.
La controversia en torno a la imputación por “apoyo material al terrorismo” continúa, ya que tal cargo no exige probar vínculos con un grupo específico y desafía los límites de la Primera Enmienda, que protege los derechos de asociación y expresión en el territorio estadounidense.
El desenlace del juicio se conocerá en junio, cuando los ocho inculpados recibirán sentencia tras haber sido hallados culpables por el jurado.
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