Illinois avanza hacia la prohibición total de celulares en las escuelas

La ley, que podría aprobarse antes del fin del periodo legislativo, obligaría a todos los distritos públicos y charters a restringir los teléfonos durante la jornada educativa

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La propuesta de prohibir celulares
La propuesta de prohibir celulares en escuelas de Illinois busca restringir su uso desde el ingreso hasta la salida, según el gobernador JB Pritzker. (Reuters)

La propuesta de prohibir teléfonos celulares en Illinois ha regresado con fuerza, luego de que el proyecto anterior quedara estancado el año pasado. El gobernador JB Pritzker impulsó una iniciativa más estricta que obligaría a todos los distritos escolares públicos y charters a restringir el uso de estos dispositivos desde el ingreso hasta la salida, en respuesta a los desafíos que, según sostiene, afectan negativamente al ambiente educativo.

La medida, presentada durante su discurso sobre el Estado del Estado y detallada posteriormente en conferencia de prensa, busca establecer un estándar homogéneo en medio de un debate creciente sobre el impacto de la tecnología en las aulas, informó el medio Chicago Tribune.

En la última semana, el gobernador se mostró optimista sobre la posibilidad de que la nueva versión de la ley obtenga el visto bueno legislativo antes del 31 de mayo, fecha de cierre del periodo ordinario de la Asamblea General.

Pritzker afirmó que la normativa responde a una necesidad urgente: “Hay daños reales y esto interfiere con nuestra capacidad de brindar a los niños el ambiente educativo más productivo posible. Es momento de sacar los celulares del aula”, sostuvo durante su mensaje, en una declaración que cosechó aplausos de ambos bloques partidarios.

Un cambio respecto al proyecto anterior

El proyecto revisado establece una política “de timbre a timbre”, prohibiendo a los estudiantes desde el ingreso hasta la salida—es decir, de jardín de infancia a 12.º grado— el uso de teléfonos celulares en todas las escuelas públicas y charters. Esto representa un endurecimiento respecto a la propuesta de 2024, que solo limitaba el uso de celulares durante el horario de instrucción.

La legisladora estatal Michelle Mussman, principal promotora del texto en la Cámara de Representantes y presidenta de la Comisión de Política Educativa, explicó que la revisión responde al diagnóstico de que un veto circunscrito solo a las clases resulta insuficiente.

Mussman relató a Chicago Tribune que en la sesión pasada el Senado aprobó la iniciativa sin objeciones, pero que no se sometió a voto en la Cámara Baja porque los legisladores priorizaron el presupuesto de USD 55.200 millones y otras medidas catalogadas como “de mayor urgencia”.

La propuesta incluye excepciones por
La propuesta incluye excepciones por motivos médicos, necesidades educativas especiales y autorizaciones docentes, manteniendo flexibilidad ante situaciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, existen políticas de restricción, en distinto grado, en varios distritos de Illinois. El Distrito Escolar Secundario Hinsdale 86 exige que los alumnos depositen sus dispositivos en un soporte específico durante las clases. En el Distrito Glenbrook 225 los celulares están vetados en horario de aula desde 2024, y el Distrito Champaign Unit 4 instauró en ese mismo año la prohibición de uso de celulares durante toda la jornada.

Las Escuelas Públicas de Chicago, por su parte, no cuentan con una política general sobre celulares, pero sí permiten que cada escuela establezca su propio reglamento.

Excepciones, consenso y ajustes en la sanción disciplinaria

La propuesta mantiene las excepciones obligatorias del año anterior, permitiendo el uso de teléfonos para quienes presentan necesidades médicas, estudiantes en proceso de aprendizaje del inglés, alumnos con programas de educación individualizados, así como para quienes ejercen funciones de cuidado primario a familiares.

Además, los distritos conservarán la posibilidad de autorizar el uso de celulares durante el almuerzo, en emergencias, ante amenazas inminentes o para fines pedagógicos si el docente lo aprueba.

Uno de los puntos que generó mayor debate en la instancia previa estuvo relacionado con la aplicación de sanciones, riesgos de discriminación y seguridad estudiantil. Para abordar estas inquietudes, Mussman explicó que la nueva versión del proyecto exige a cada distrito establecer consecuencias claras y uniformes para las infracciones, con revisiones periódicas al menos cada tres años y la obligación de consultar a docentes, estudiantes, padres y directivos antes de implementarlas.

Las políticas no podrán incluir multas, suspensiones ni expulsiones por infracciones a esta norma, y tampoco resultará admisible la intervención de agentes de seguridad escolar ni de la policía local con fines disciplinarios.

Según Mussman en declaraciones a Chicago Tribune, se buscaron acuerdos directos con legisladores preocupados por casos excepcionales y por los posibles sesgos en la aplicación de las normas:

“Muchos nos han dicho que sienten que sus inquietudes han sido suficientemente resueltas. Puede haber situaciones imprevistas, pero consideramos que hemos hecho un esfuerzo para atender todo lo que se ha planteado”.

El costo de cumplir con el mandato y las críticas sindicales

El debate sobre la viabilidad económica de la propuesta se intensificó en los días posteriores al anuncio. La Federación de Maestros de Illinois (IFT, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones sindicales más relevantes del estado y actualmente presidida por Stacy Davis Gates, expresó su rechazo a la iniciativa.

Según la vicepresidenta ejecutiva Cyndi Oberle-Dahm, la norma impondría a los distritos la obligación de costear sistemas de almacenamiento de teléfonos sin que exista financiamiento estatal específico.

Actualmente, existen importantes diferencias en
Actualmente, existen importantes diferencias en las políticas escolares sobre celulares dentro del estado, con distritos como Hinsdale 86, Glenbrook 225 y Champaign Unit 4 aplicando restricciones parciales o totales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las escuelas ya tienen la autoridad para implementar políticas sobre celulares, pero lo que no pueden hacer es financiar por sí solas los ‘lockers’ o ‘pouches Yondr’ que serían requeridos por este mandato sin fondos”, indicó Oberle-Dahm según cita Chicago Tribune.

En la práctica, el gasto puede variar significativamente. El distrito escolar de Danville destinó USD 70.000 en 2025 para “pouches Yondr”, un sistema de almacenamiento utilizado en escuelas estadounidenses, mientras que las escuelas públicas de Peoria desembolsaron casi USD 250.000 el año anterior.

Según la vocera de la empresa Yondr, Liz Baker, cada funda tiene un precio entre USD 20 y USD 25 por estudiante, con ajustes en función del tamaño y volumen del pedido. Frente al planteo sindical, Mussman señaló que existen alternativas sin costo adicional, como utilizar los armarios escolares tradicionales para reunir los teléfonos durante la jornada.

Tendencia nacional e impacto en el aula

Si la normativa propuesta por Pritzker se aprueba, Illinois pasaría a integrar la lista de estados que han legislado restricciones a los celulares en escuelas. Según datos de The Associated Press, la agencia internacional de noticias, citados por Chicago Tribune, 35 estados regulaban el uso de teléfonos en el ámbito escolar para agosto de 2025.

El debate ha tomado fuerza más allá de la escena estatal. Un informe del centro de estudios Pew Research Center, referente en análisis social estadounidense, revela que cerca de 7 de cada 10 docentes en el país perciben la distracción generada por los celulares estudiantiles como un problema grave en las aulas.

Aunque decenas de distritos en Illinois ya han avanzado, de forma autónoma, en regulaciones parciales o totales, el gobierno estatal apuesta ahora por establecer un criterio uniforme.

El periodo ordinario de la Asamblea General concluye el 31 de mayo. El gobernador JB Pritzker, según sus propias palabras reproducidas por Chicago Tribune, considera que hay buenas posibilidades de que la ley obtenga el respaldo necesario este año legislativo y manifiesta una confianza mayor que en la sesión anterior de cara a su aprobación.

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