El Gobierno estadounidense declaró el jueves que los altos funcionarios iraníes y sus familiares “no son bienvenidos” en Estados Unidos, en el marco de la tensión generada por las advertencias de Washington hacia Teherán tras la brutal represión de las recientes manifestaciones contra el régimen en Irán.
El Departamento de Estado afirmó en redes sociales que “quienes se benefician de la brutal opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio”.
La cartera informó que su titular, Marco Rubio, tomó “medidas esta semana para revocar el privilegio de estar en Estados Unidos de altos funcionarios iraníes y sus familiares”, mientras que ”el pueblo iraní continúa luchando por sus derechos básicos”.
El anuncio coincidió con la decisión de la Unión Europea (UE) de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, al considerar que el grupo paramilitar forma parte del aparato represivo iraní.
La decisión, anunciada por la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, coloca al cuerpo militar iraní al mismo nivel que Estado Islámico, Al Qaeda y Hamas, alineándose con las posturas de Estados Unidos, Canadá y Australia.
Kallas manifestó: “Cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición”. Activistas reportan que la represión dejó al menos 6.373 muertos en las últimas semanas, entre ellos más de 5.900 manifestantes y más de 40 mil detenidos.
Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, entre las víctimas figuran 113 menores de edad y 53 civiles ajenos a las movilizaciones.
La decisión fue unánime y representa un cambio en la política europea hacia Teherán, ya que países como Francia e Italia, que antes mostraban reticencias por la seguridad de sus ciudadanos y las relaciones diplomáticas, finalmente apoyaron la medida. La subdirectora del German Marshall Fund, Kristina Kausch, calificó la decisión como un “acto simbólico” que marca el fin del intento de diálogo y el inicio de una etapa de aislamiento y contención.
La inclusión de los Guardianes de la Revolución en la lista negra implica la prohibición de entrada a la UE y la congelación de activos para 21 personas y entidades iraníes, incluidos altos mandos como el ministro del Interior, Eskandar Momeni, y el jefe de la policía. Además, se sancionaron a seis organizaciones, entre ellas algunas encargadas de la supervisión de contenidos en línea, en un contexto de restricción de las comunicaciones que dificulta el acceso a información independiente.
Los Guardianes de la Revolución, creados tras la revolución islámica de 1979, actúan en paralelo a las fuerzas armadas regulares y controlan sectores clave de la economía, así como los programas de misiles balísticos y nucleares. La fuerza interna Basij fue clave en la represión, especialmente desde el 8 de enero, cuando se cortó el acceso a internet en el país. Videos difundidos por canales alternativos muestran a efectivos disparando y golpeando a manifestantes.
Las sanciones, aunque de carácter simbólico, aumentan la presión internacional sobre la República Islámica. El presidente Donald Trump ordenó el traslado del portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados al Medio Oriente tras los incidentes. Por su parte, Irán advirtió con represalias y anunció ejercicios militares con fuego real en el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.
Por su parte, Naciones Unidas instó al régimen de Irán a poner fin a la “brutal represión” de las manifestaciones y a escuchar las demandas “legítimas” de la población. El organismo internacional reclamó la adopción de “medidas efectivas” para responder a los reclamos ciudadanos y garantizar la rendición de cuentas por la “represión violenta” que dejó a miles de muertos en el país.
Thameen al Kheetan, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, remarcó en declaraciones a Europa Press que la mano dura contra los manifestantes “no resuelve ninguno de los problemas”. Advirtió además que “la represión solo puede incrementar las violaciones de los Derechos Humanos, la inestabilidad y el derramamiento de sangre”.
Según el portavoz, Naciones Unidas vio “cómo la gente se ha echado a las calles para expresar su frustración, su ira, por su situación económica”. “Sus demandas han evolucionado de forma natural para incluir también reformas del sistema político y de la situación de los Derechos Humanos”, sumó.
(Con información de Europa Press)
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