El gobierno municipal de Doral aprobó por unanimidad un acuerdo con la agencia federal Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que autoriza a su fuerza policial a colaborar en la ejecución de leyes migratorias, bajo el marco del programa federal 287(g). La medida, debatida en una sesión del concejo municipal el pasado miércoles, ha generado inquietud entre sectores de la comunidad inmigrante, en especial dentro de la numerosa población venezolana que reside en la ciudad.
La decisión convierte a Doral en una de las más recientes jurisdicciones del sur de Florida en adherirse a esta iniciativa impulsada a nivel estatal. Según Local 10, el acuerdo tiene como objetivo “proveer asistencia operativa para la aplicación de leyes que combaten la inmigración ilegal”, lo que otorga a los cuerpos policiales locales nuevas funciones vinculadas a procesos migratorios.
La vicealcaldesa Maureen Porras afirmó durante la reunión que el equipo jurídico del municipio había determinado que la ciudad no tenía margen para rechazar la implementación del convenio. “Nuestro abogado nos ha aconsejado que este es un contrato que debemos firmar”, dijo Porras. Además, anticipó el resultado de la votación al señalar: “Creo que este va a ser un acuerdo que se va a aprobar”.
Debate político marcado por tensiones dentro del concejo municipal
La sesión del concejo municipal, según CBS News, estuvo cargada de intercambios tensos entre los funcionarios, particularmente durante la intervención de la concejal Digna Cabral, quien cuestionó al jefe de policía, Edwin López, sobre las consecuencias del nuevo acuerdo. Cabral solicitó más detalles acerca de cómo se implementaría la colaboración con ICE y cuáles serían sus implicaciones logísticas y operativas.
“Perdón por interrumpirte, es que tengo algunas preguntas más”, dijo Cabral en medio de la exposición del jefe López. Este respondió: “Quizás lo que estoy diciendo está respondiendo parte de eso”, a lo que Cabral replicó: “Por eso quería repasarlas”.
La discusión escaló cuando la alcaldesa Christi Fraga intervino para respaldar al jefe de policía. “Cuando el jefe responde, no solo te está respondiendo a ti. Nos está respondiendo a todos”, dijo Fraga. Cabral insistió: “Pero yo soy quien está haciendo las preguntas, no usted”. Fraga contestó: “Pero yo presido la reunión”.
ICE y la autoridad policial local: formación, reuniones y responsabilidades
Durante el debate, el jefe López respondió a varias inquietudes relacionadas con los cambios operativos que implica el acuerdo. Mencionó que se llevarán a cabo reuniones con representantes de ICE, así como procesos de formación para el personal policial. Además, destacó que la cooperación con autoridades federales no alterará la misión principal del departamento.
“Respondo no solo a tus preguntas, sino a las que recibimos todos los días de los hombres y mujeres que están detrás de mí haciendo el trabajo”, expresó López. El convenio contempla asistencia en la identificación de personas sin estatus legal y su posible transferencia a custodia federal, aunque no se especificaron cifras ni proyecciones de detenciones o intervenciones.
El programa 287(g) permite que oficiales locales actúen bajo la supervisión de ICE tras recibir capacitación específica, y se ha implementado en varios municipios del estado. Aunque defensores del programa argumentan que refuerza la seguridad pública, organizaciones de derechos civiles han cuestionado su impacto en la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.
Reacciones dentro de una comunidad marcada por la inmigración venezolana
Doral alberga una de las mayores concentraciones de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, lo que otorga un matiz particular a la decisión adoptada por el concejo municipal. Tras la aprobación del acuerdo, tanto Fraga como el concejal Rafael Pineyro intentaron matizar el impacto de la medida, asegurando que no tiene como objetivo criminalizar a la población inmigrante respetuosa de las leyes.
“Espero que la administración, como he venido impulsando distintas resoluciones, considere ofrecer una oportunidad a estos venezolanos respetuosos de la ley”, dijo Pineyro, citado por CBS News. Fraga añadió: “Somos una comunidad de inmigrantes, pero no de inmigrantes indocumentados. Tal vez hay una parte, pero esas personas necesitan entender”.
La alcaldesa también instó a que los afectados busquen asesoría legal adecuada. “Las leyes y políticas han sido establecidas por esta administración y ellos deben informarse y tomar decisiones para ellos y sus familias”, expresó durante la sesión.
El acuerdo entra en vigor de inmediato con foco en seguridad pública
El convenio aprobado entre el Departamento de Policía de Doral y el ICE entró en vigor de forma inmediata tras la votación del concejo. Según explicó el jefe López, los esfuerzos del cuerpo policial continuarán centrados en garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad, más allá de las nuevas funciones relacionadas con el control migratorio.
El programa no contempla modificaciones estructurales inmediatas dentro del departamento, pero se prevé un proceso de adaptación a través de sesiones de formación y colaboración con agentes federales. Hasta el momento, no se han informado casos concretos ni cronogramas de implementación de operativos conjuntos con ICE.
Con esta decisión, Doral se suma a una tendencia creciente de municipios en Florida que han adoptado políticas de colaboración directa con agencias federales en temas migratorios. La aplicación de estas medidas continúa generando debates entre los sectores políticos, policiales y civiles, especialmente en contextos locales marcados por la diversidad y la migración reciente.
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