Un juez federal dio inicio este miércoles al proceso para declarar al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con “completo menosprecio” una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió.
Permitir al Gobierno “anular” los fallos de las cortes, agregó Boasberg, “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
Por otra parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró este miércoles que Kilmar Ábrego, el hombre deportado por un “error administrativo” a El Salvador, “no regresará” a territorio estadounidense, confrontando así directamente con el Tribunal Supremo.
Bondi hizo eco de las declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien esta misma semana ha visitado la Casa Blanca y junto a Trump aseguró que no enviará a Ábrego de vuelta a Estados Unidos. “No va a regresar a nuestro país, el presidente Bukele dijo que no lo enviaría de regreso”, manifestó.
Así, Bondi señaló que, bajo la interpretación de la Administración Trump, la orden del Supremo de “facilitar” el regreso de Ábrego al país pasaba por poner a disposición de El Salvador los recursos necesarios para la deportación. Sin embargo, Bukele no lo ha solicitado, por lo que Washington se desentiende del asunto.
Ábrego fue deportado a mediados de marzo como parte de las políticas impulsadas por Trump para expulsar a los migrantes ilegales del país, si bien en este caso el ciudadano salvadoreño gozaba de estatus de protección temporal concedido por un juez en 2019 tras abandonar su país de origen huyendo de la violencia.
La jueza federal Paula Xinis ordenó su repatriación, si bien la Administración Trump recurrió al Tribunal Supremo para que bloqueara la decisión. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense respondió que el Gobierno debía “facilitar” el regreso de Ábrego, pero sin dictar ninguna orden concreta al respecto.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EEUU y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una “desaparición forzada”.
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
EEUU llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EEUU hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, EEUU pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
(Con información de EFE y Europa Press)
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