Un hombre armado y en posesión de un manifiesto con “retórica antisemita” fue arrestado en el distrito del congresista Jared Moskowitz, según informó el propio legislador demócrata de Florida.
La policía de Margate, dentro del distrito 23 del estado que representa Moskowitz, detuvo a Johnathan Lapinski, de 41 años, el sábado pasado. El hombre fue acusado de posesión ilegal de armas por ser un delincuente convicto, además de otros cargos relacionados.
Moskowitz reveló en la red social X que el sospechoso fue arrestado cerca de su residencia y poseía un rifle, un supresor de sonido y armadura corporal. Además, el congresista detalló que el manifiesto hallado incluía “retórica antisemita” y contenía su nombre en una “lista de objetivos”.
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“Un día antes de las elecciones, fui notificado por el Departamento de Policía de Margate sobre un posible plan contra mi vida”, declaró el legislador, quien fue elegido a la Cámara de Representantes en 2023 y fue reelegido en los comicios recientes. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) encabeza la investigación en curso.
Moskowitz, quien también fue nombrado en una fuerza de tarea enfocada en la protección de altos funcionarios, expresó su preocupación ante las crecientes amenazas a legisladores, independientemente de su afiliación política. “Nosotros también tenemos familias que queremos mantener a salvo”, apuntó.
El legislador comentó que este caso revela una “significativa carencia de seguridad” para los congresistas mientras trabajan en sus distritos, un periodo en el que suelen tener un contacto más cercano con sus comunidades y estar fuera de los círculos de protección de la capital.
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Este hecho coincide con el anuncio de un presunto complot internacional dirigido a Donald Trump. Las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Farhad Shakeri, quien habría sido instruido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para vigilar y posiblemente asesinar al ex presidente.
En un comunicado, el fiscal general Merrick Garland explicó que el régimen iraní encargó al acusado “dirigir una red de socios criminales para impulsar tramas de asesinato de Irán contra sus objetivos, incluyendo el presidente electo Donald Trump”.
Otros dos hombres, Carlisle “Pop” Rivera y Jonathan Loadholt, fueron detenidos en conexión con este caso, que también incluía como blanco a la periodista iraní y activista Masih Alinejad.
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El principal acusado es Shakeri, de 51 años, descrito en la demanda como un afgano residente en Teherán que pasó una década en la cárcel en Nueva York, donde conoció a sus socios, antes de ser deportado -ahora se le supone en Irán-, y que es un miembro “activo” de la Guardia Revolucionaria.
La acusación se produce después de que en septiembre la campaña de Trump dijera que funcionarios de inteligencia de EEUU habían advertido al entonces candidato “sobre amenazas reales y específicas por parte de Irán con el objeto de asesinarlo”.
Las amenazas escalan y autoridades advierten
Los ataques y amenazas a figuras políticas en Estados Unidos no son un fenómeno nuevo, pero en los últimos años, la frecuencia y gravedad de estos incidentes han encendido las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios públicos. Ejemplo de ello es el ataque en 2017 al congresista republicano Steve Scalise, quien fue herido durante una práctica de béisbol en Washington D.C. cuando un hombre armado disparó al menos 50 balas contra el grupo de legisladores y agentes policiales. Este caso, que puso en riesgo la vida del legislador, marcó uno de los momentos más impactantes en una cadena de atentados y amenazas recientes.
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Estas amenazas internacionales contra figuras políticas estadounidenses, sumadas a episodios nacionales de violencia, han reavivado el debate sobre la protección de los congresistas y otros líderes electos.
La situación es particularmente compleja para los congresistas cuando trabajan en sus distritos, como lo evidenció la experiencia de Moskowitz. Al estar lejos de las medidas de seguridad reforzadas de Washington, D.C., los funcionarios pueden encontrarse en mayor riesgo de ataques. Este contexto de crecientes amenazas ha generado una demanda por una revisión y refuerzo de las medidas de seguridad, no solo en la capital, sino en todo el país.
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