El ICAM exige a Bolaños convocar el examen de acceso a la Abogacía ante la incertidumbre de 1.500 aspirantes

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El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha exigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que publique de inmediato la segunda convocatoria del examen de acceso a la Abogacía de 2026, pendiente a 20 de noviembre pese a que el Gobierno anunció que se celebraría durante el segundo semestre del año.

La demora mantiene en "la incertidumbre" a cerca de 1.500 aspirantes que esperan superar la prueba para incorporarse al ejercicio profesional, según informa el Colegio en un comunicado.

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El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha remitido una segunda carta a Bolaños, fechada este miércoles, en la que reclama que el Ministerio de Justicia, en coordinación con el de Ciencia, Innovación y Universidades, publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y comunique un calendario oficial para la celebración del examen.

La nueva reclamación llega después de que el Colegio solicitara una solución el pasado 22 de octubre sin obtener una respuesta que despeje la incertidumbre de los candidatos. Ribón advierte de que la falta de fechas impide a los afectados organizar su preparación y planificar su incorporación al mercado laboral, por lo que reclama "compromisos verificables, fechas concretas y soluciones efectivas".

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El Gobierno anunció en mayo que celebraría una segunda prueba de acceso a la Abogacía durante el segundo semestre de 2026. Así consta en una nota informativa conjunta de los ministerios de Justicia y Universidades, firmada entre el 22 de abril y el 4 de mayo, en la que ambos departamentos aseguraban que informarían de la convocatoria "en los próximos meses".

Sin embargo, a 20 de noviembre, la Administración todavía no ha publicado la convocatoria ni ha comunicado una fecha para el examen, lo que supone una situación inédita en la última década.

UNA SITUACIÓN SIN PRECEDENTES EN DIEZ AÑOS

Desde 2016 hasta 2025, la Administración convocó dos pruebas de acceso a la Abogacía cada año, incluso en 2020, durante la pandemia, cuando adaptó el procedimiento para garantizar su celebración. La segunda convocatoria de 2025 se publicó el 24 de julio, mientras que la de 2024 apareció el 20 de agosto y la de 2023, el 25 de agosto.

La demora de este año supera ya los tres meses y medio respecto al calendario de publicación del pasado ejercicio y amenaza con romper una continuidad de convocatorias que se ha mantenido durante una década.

El ICAM estima que la falta de una segunda prueba podría afectar a cerca de 1.500 personas, tomando como referencia los datos de los últimos años. En noviembre de 2025 se presentaron 1.431 aspirantes de los 1.597 admitidos, mientras que en 2024 participaron 1.428 candidatos.

EMPLEO Y PROYECTOS PROFESIONALES PARALIZADOS

El Colegio advierte de que el retraso no supone únicamente un problema administrativo, sino que mantiene paralizados proyectos profesionales y personales de quienes han completado su formación y esperan superar el último requisito para ejercer la Abogacía.

La ausencia de una fecha puede retrasar incorporaciones a despachos, limitar oportunidades de empleo y posponer iniciativas de quienes quieren iniciar su propio proyecto profesional. Los aspirantes han trasladado al Colegio su desconcierto y frustración ante la falta de información oficial y la imposibilidad de planificar su futuro laboral.

Ante esta situación, el ICAM ha puesto en marcha la campaña pública 'Examen de acceso YA. Nuestro futuro no puede esperar', a través de Abogacía Joven ICAM, para dar visibilidad a las reivindicaciones de los afectados y mantenerlos informados sobre las actuaciones del Colegio.

La iniciativa contará con un espacio digital para que los aspirantes puedan facilitar sus datos y recibir información sobre las novedades de la convocatoria, las reuniones organizadas y las gestiones institucionales. También incluirá una pieza audiovisual sobre la incertidumbre de los titulados que, tras completar su formación, siguen sin saber cuándo podrán comenzar a ejercer.

El Colegio pretende intensificar así la presión sobre la Administración hasta conseguir la publicación de la convocatoria y una fecha definitiva para la celebración del examen.

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