
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado los procedimientos para revocar la Medalla al Mérito en el Trabajo a siete personas y a la Organización Sindical del Movimiento, el sindicato vertical y único permitido durante el franquismo, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Así consta en una resolución de la Subsecretaría publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se recoge que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acordó el 5 de noviembre el inicio de los ocho expedientes de retirada.
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La propia Yolanda Díaz ha escrito una entrada en su cuenta de Bluesky asegurando que "la memoria democrática también se construye con hechos" y por ello no se pueden "mantener honores públicos a quienes contribuyeron a la represión franquista". Por ello, recalca que se han iniciado ocho expedientes para retirar medallas concedidas a figuras y organizaciones de la dictadura. "La democracia se construye cada día", ha apostillado.
Estos expedientes afectan a Pedro Barrié de la Maza, Esteban de Bilbao y Eguía, Juan Antonio Suanzes y Fernández, Pilar Primo de Rivera, Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, José Fariña Ferreño y José María González-Llanos y Caruncho, además de la Organización Sindical del Movimiento.
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LAS MEDALLAS REVOCADAS
El trámite planea revocar la Medalla al Mérito en el Trabajo a ocho personas, fallecidas todas ellas, que desempeñaron algún tipo de labor en la cúpula franquista por lo que el Ministerio de Trabajo ha alegado que tuvieron "conductas y circunstancias antidemocráticas".
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Uno de los casos es el de Pedro Barrié de la Maza, que fue procurador en las Cortes franquistas entre 1946 y 1971 y recibió la medalla en 1949. Según el Miniserio que dirige Yolanda Díaz, Barrié de la Maza mantuvo una activa colaboración con las autoridades gobernantes tras el golpe de Estado de 1936 y con el régimen, mediante aportaciones económicas y materiales al bando sublevado durante la Guerra Civil y la depuración de trabajadores considerados afines a la República desde su posición al frente del Banco Pastor.
Otro caso es el de Pilar Primo de Rivera, que recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 1965, fue procuradora en Cortes durante los primeros años de la dictadura y delegada nacional de la Sección Femenina entre 1937 y 1977.
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Desde ese puesto, según Trabajo, impulsó un modelo de adoctrinamiento y subordinación de las mujeres a través, entre otros instrumentos, del Servicio Social de la Mujer, obligatorio y no remunerado, que condicionaba su acceso al empleo, la formación y determinados derechos.
La lista incluye además a Esteban Bilbao y Eguía, que fue ministro de Justicia, presidente de las Cortes Españolas y presidente del Consejo del Reino; a Juan Antonio Suanzes, ministro de Industria y Comercio y presidente del Instituto Nacional de Industria, que recibió la medalla en 1956; y a Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, galardonado en 1950, que participó en el alzamiento militar de 1936 y desempeñó responsabilidades militares y políticas durante la Guerra Civil y la dictadura.
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También figuran José Fariña Ferreño, que recibió la distinción en 1961 y fue promotor y responsable de la Delegación de Información de Residentes de Madrid (DIDREM), un organismo cuya información sobre residentes en territorio republicano fue utilizada con fines represivos. Y José María González-Llanos y Caruncho, condecorado en 1945 con la Medalla de Plata, que prestó apoyo al bando sublevado como oficial del crucero Canarias, el más potente de los de Franco, y fue directivo de la Factoría Naval de Ferrol.
A ellos se suma una entidad, la Organización Sindical del Movimiento, que recibió la Medalla de Oro en 1949. Trabajo la define como un elemento esencial del aparato de represión de la dictadura, un sindicato vertical único subordinado a Falange que contribuyó a la supresión de la libertad sindical, la restricción de la negociación colectiva y la represión del derecho de huelga.
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LA LEY Y LOS PRECEDENTES
El artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática permite revisar las condecoraciones concedidas antes de su entrada en vigor cuando se acredite que el beneficiario, por haber formado parte del aparato de represión de la dictadura, realizó actos o conductas incompatibles con los valores democráticos y de derechos humanos.
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El Ministerio ya aplicó esta norma en 2023, cuando retiró las medallas concedidas a Francisco Franco y a otros ocho altos cargos de la dictadura. Además, revocó la distinción al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, aunque en esos casos el motivo fueron condenas penales firmes posteriores.
El Ministerio da publicidad al inicio de los nuevos procedimientos en el BOE por "la antigüedad de los reconocimientos" y por la "imposibilidad de localizar a la totalidad de las personas físicas o jurídicas" que pudieran tener interés legítimo, o que instaron la concesión de la medalla.
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Quienes lo tengan podrán comunicarlo, justificándolo, en el plazo de 10 días hábiles desde el primer día hábil siguiente a la publicación, dirigiéndose a la Subsecretaría de Trabajo. Una vez notificado el acuerdo de inicio al interesado, se abrirá otro plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, según el reglamento de la Medalla.
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