
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó Vox frente a la negativa de los magistrados a suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' ante la cercanía de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Mediante un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo apunta que "si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar, la respuesta podría haber sido distinta".
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Fue el pasado 9 de noviembre cuando el alto tribunal rechazó suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, de forma que podrán votar en las generales.
Los magistrados desestimaron las peticiones de Vox e Iustitia Europa que reclamaban extender la suspensión del voto a los hijos, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra por "no resultar conformes y ajustadas a derecho".
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Al respecto, hicieron hincapié en que la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados se adoptó el 10 de septiembre, "mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales", y que ratificaron su decisión el 12 de octubre, "en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral".
"Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", argumentaron.
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El Supremo consideró que "iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral".
"Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales", concluyó.
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