
El programa electoral de Frente Amplio recoge también la idea de reconocer el derecho al voto a partir de los 16 años, algo que el PSOE se ha comprometido a estudiar, pero además aboga por devolver a los residentes en el extranjero el derecho de voto en municipales y por permitir que los inmigrantes puedan votar en los comicios locales, aunque no haya tratado de reciprocidad con su país de origen.
Desde 2011, cuando se implantó el llamado 'voto rogado' que posteriormente se derogó en 2022, los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no pueden participar en las elecciones municipales, al primar el principio de residencia en el municipio.
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Lo que propone ahora Frente Amplio en su programa electoral es revocar aquella norma y devolver a los residentes en el extranjero la posibilidad de votar también en elecciones municipales, incluyendo también a los descendientes de exiliados que han obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática.
CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL PARA 'LA DIÁSPORA'
Además, y al igual que el PSOE, la coalición que encabeza Ada Colau propone crear una circunscripción especial para "la diáspora" de tal modo que los votos de los residentes en el extranjero permitieran designar directamente a sus diputados y senadores.
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La otra propuesta es facilitar la participación de los inmigrantes en elecciones municipales, y no sólo aquellos que, como en la actualidad, sean ciudadanos de la Unión Europea o de países que tienen firmados acuerdos de reciprocidad con España. Esa reforma abriría la puerta a electores de Marruecos, uno de los países con una mayor colonia en nuestro país y que actualmente no pueden votar porque Rabat no permite que los extranjeros voten en sus comicios locales. "Ampliaremos el derecho de sufragio activo y pasivo de las personas migrantes en las elecciones municipales", es el compromiso recogido en el programa electoral.
Igualmente, Frente Amplio insiste en "devolver la nacionalidad española" a las y los saharauis nacidos bajo administración española antes de septiembre de 1977, así como a sus descendientes en primer grado de consanguinidad. Ya registraron una ley en ese sentido en el Congreso, pero decayó al disolverse las Cortes cuando estaba a punto de aprobarse.
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BOLSA DE RESTOS PARA PARTIDOS DE ÁMBITO ESTATAL
Otra promesa electoral es reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para "lograr la proporcionalidad directa a nivel nacional", una idea que Izquierda Unida ya desarrolló en su día mediante una 'bolsa de restos' que permita compensar a las formaciones de ámbito estatal frente al peso de los partidos de ámbito territorial en sus circunscripciones.
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Del mismo modo, se comprometen a rebajar a la mitad las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP), pasando de las 500.000 actuales a 250.000, incluyendo mecanismos para que los promotores de la misma puedan retirarla si el Congreso la desvirtúa, o que puedan solicitar una consulta popular al respecto.
Por otro lado, Frente Amplio insiste en su tradición republicana comprometiéndose a construir "una mayoría social con el objetivo de avanzar hacia un modelo de Estado republicano federal y plurinacional" y que "regule el referéndum y el pleno reconocimiento de la realidad plurinacional y plurilingüística de España, para resolver de forma estructural la cuestión territorial".
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"Nuestro horizonte es avanzar hacia una República Federal que nos permita alcanzar una democracia real en la que también elijamos la Jefatura del Estado", subrayan.
Añaden también la abolición definitiva y total de la pena de muerte, pues todavía el artículo 15 de la Constitución contempla la excepción de lo que "lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".
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Por último, Frente Amplio vuelva a prometer la derogación completa de la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno Rajoy, la conocida como 'ley mordaza', así como la despenalización de los delitos de opinión (ofensas religiosas, ultrajes a los símbolos nacionales, injurias al Rey y el enaltecimiento del terrorismo", y la implantación de criterios de proporcionalidad a la hora de imponer multas, elevando o reduciendo su importe en función de los ingresos económicos de la persona sancionada.
Se trata de reformas que Sumar registró en el Congreso y que llegaron a tramitarse, pero que decayeron cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes para convocar elecciones anticipadas, lo que frustró su aprobación.
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