Las disparidades territoriales de la ley ELA generan "frustración y asfixia burocrática"

Madrid, 13 nov (EFE).- La ley ELA ha supuesto una "conquista histórica sobre el papel", pero la vivencia compartida en las distintas comunidades autónomas evidencia un sentimiento generalizado de "frustración y asfixia burocrática", según el segundo informe sobre el estado de implementación de la norma.

El estudio, elaborado por la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) y presentado este viernes por su presidente, Pepe Jiménez, muestra entre los avances consolidados el reconocimiento jurídico expreso del Grado III+ de dependencia y la dotación presupuestaria estatal.

Además, también destaca otras medidas como las vías de urgencia con valoraciones en menos de un mes en los territorios más ágiles o la implantación del cero copago y el blindaje del Complemento de Gran Invalidez (CGI) en la mayoría de las comunidades autónomas, entre otras.

Sin embargo, existe una brecha territorial, ya que la vida de una persona enferma de ELA y la estabilidad económica de su familia dependen de "forma injustificable" de la comunidad autónoma en la que reside.

"Puede haber procedimientos distintos, estructuras administrativas diferentes y modelos organizativos propios, pero el resultado debería ser el mismo", ha señalado Jiménez en la presentación del informe en el Congreso de los Diputados.

En ese sentido, el presidente de ConELA ha lamentado que continúen teniendo una atención diferente dependiendo del código postal.

El estudio indica que, mientras en otras regiones se garantizan liquidez inmediata y coberturas reforzadas, otras imponen modelos de reembolso que excluyen a las rentas más vulnerables.

Por otro lado, señala que las resoluciones económicas aprobadas no pueden ejecutarse por falta de cuidadores titulados en el mercado laboral y por la negativa administrativa a homologar la experiencia de las personas cuidadoras que ya están en los hogares.

Otra de sus reivindicaciones se basa en la atención fisioterapia respiratoria y motora en el hogar, que actualmente sigue dependiendo de las asociaciones de pacientes.

La Comunidad Valenciana (86), Cataluña (76), Castilla y León (66) o Madrid (56) son las que llevan la delantera respecto a las solicitudes que han recibido prestación, frente a las que menos, entre las que se encuentran las Islas Baleares, Aragón o Murcia.

El estudio apunta a que el 34 %, es decir, 412 de las 1.130 solicitudes se producen con cobro o servicio efectivo en el domicilio.

Respecto al cero copago, doce territorios cuentan con esta medida, mientras que en siete persisten las barreras económicas y, en cuanto al CGI, diez lo respetan íntegramente y en nueve se encuentra en regularización, teniendo en cuenta que el estudio desgrana el País Vasco en sus provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

En relación a la compatibilidad con la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), en cinco regiones es compatible; en dos, es parcial y, en doce, está en regularización.

Según el informe, ya constan renuncias a la ayuda por no poder adelantar un mes en nóminas y Seguridad Social, ya que siete territorios cuentan con un pago adelantado y tres tienen acuerdos con empresas -un desembolso de cero euros para las familias en ambos casos-, pero siete reembolsan el dinero a mes vencido, lo que supone un riego de inclusión.

En cuanto a la fisioterapia a domicilio, la cobertura pública domiciliaria es "inexistente" en toda España excepto en Cataluña, que es la única con una cobertura regularizada previa a la ley y que ofrece un servicio de dos horas semanales.

También destaca que el acceso efectivo a la asistencia personal choca frontalmente con la rigidez de los títulos formativos exigidos, puesto que el 56 % de los territorios los solicitan desde el primer día, lo que se traduce en que se conceden ayudas que no pueden ejecutarse por falta de cuidadores titulados. EFE