Fiscalía pide a Supremo desestimar el recurso contra el cierre del caso de la joven que denunció violación en Santander

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que no se admita el recurso de casación presentado por la representación de la joven de Zaragoza que aseguró haber sido víctima de una sumisión química y violación en verano de 2024 en Santander, contra el auto de la Audiencia Provincial de Cantabria que confirmó el sobreseimiento libre de la causa.

La joven aseguró haber sufrido estos hechos mientras se encontraba en la capital cántabra con motivo de una convención laboral de una conocida inmobiliaria para la que trabajaba a través de una franquicia, de la que posteriormente fue despedida. El caso volvió a la actualidad judicial después de que la Audiencia Provincial de Cantabria acordase investigar a la denunciante y a un amigo.

Ahora, el Ministerio Fiscal ha trasladado al Tribunal Supremo su posición sobre el recurso de casación interpuesto contra el auto dictado el 23 de marzo de 2026 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. En su escrito, la Fiscalía interesa la inadmisión de la impugnación y, subsidiariamente, su desestimación.

En este sentido, el letrado defensor del hombre denunciado, Fernando Pamos de la Hoz, que considera previsible que la sala lo inadmita, ha avanzado a Europa Press que presentará una denuncia contra la mujer y un amigo de la supuesta víctima que declaró a favor de ella.

El recurso fue presentado por infracción de ley, al considerar la representación de la joven que se había aplicado indebidamente el artículo 637.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto contempla el sobreseimiento libre cuando de las actuaciones resulta que el hecho que motivó la formación de la causa no constituye delito o, como recoge el supuesto aplicado en este procedimiento, no existen indicios racionales de que se haya perpetrado.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que el recurso de casación tiene carácter extraordinario y que únicamente puede interponerse contra determinadas resoluciones judiciales y por los motivos establecidos legalmente. En concreto, recuerda que el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita la posibilidad de recurrir los autos de sobreseimiento libre dictados por las audiencias provinciales cuando se cumplen determinados requisitos procesales.

Entre ellos, el Ministerio Fiscal destaca la necesidad de que se haya producido previamente una imputación formal y fundada contra el encausado. En los procedimientos ordinarios, explica, esta circunstancia debe quedar concretada mediante un auto de procesamiento, una resolución que delimita la investigación y constituye un presupuesto necesario para poder acordar la apertura del juicio oral.

Precisamente, la Fiscalía considera que este requisito no concurre en el procedimiento, ya que no se llegó a dictar auto de procesamiento. El escrito señala que la Audiencia Provincial confirmó el auto de conclusión del sumario sin procesamiento y el sobreseimiento libre acordado al amparo del artículo 637.1 de la LECrim.

La resolución de la Audiencia dio respuesta a la petición del Ministerio Fiscal, que había interesado el sobreseimiento provisional de la causa, y rechazó la solicitud de la acusación particular personada, que reclamaba la apertura del juicio oral. Según expone la Fiscalía, ninguna de las partes había solicitado la revocación del sumario.

Para fundamentar su postura, el Ministerio Público se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y cita, entre otras resoluciones, la sentencia 797/2023, de 25 de octubre, que establece la necesidad de una imputación formal y fundada para que pueda prosperar un recurso de casación contra un auto de sobreseimiento libre.

La Fiscalía concluye que, al no haberse dictado auto de procesamiento, no concurren los presupuestos necesarios para admitir el recurso presentado por la representación de la mujer. Por ello, solicita al Alto Tribunal que no lo admita y, en su caso, lo desestime.

ANTECEDENTES

En marzo de este año, la Audiencia Provincial de Cantabria acordó investigar a la joven de Zaragoza y decidió igualmente que se deduzca testimonio contra su amigo que ejerció como testigo en la denuncia falsa. Además acordó el sobreseimiento libre y archivo de la causa contra el hombre denunciado.

A finales de 2024, la titular del entonces Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ya decidió dar carpetazo al caso, en el que, a petición de la defensa del supuesto agresor, la jueza también acordó que se dedujera testimonio a la denunciante y a su amigo por un presunto delito contra la Administración de Justicia.

El letrado defensor había reclamado el sobreseimiento de las actuaciones tras la declaración de testigos y la presentación de informes forenses que descartan la sumisión química, tal y como ponía de manifiesto la magistrada.

Por su parte, la Fiscalía de Cantabria consideró que existía justificación para el sobreseimiento libre de la causa contra el hombre denunciado por no haber "persistencia en la versión de la denunciante, ni dato objetivo alguno de su versión y sí un motivo espurio tras ser despedida del trabajo". Y señalaba que la chica fuera juzgada en Zaragoza por un presunto delito de denuncia falsa contra el compañero al que acusó.

El denunciado por la falsa sumisión química en Santander avanzó entonces, en marzo, que pedirá al menos cuatro años de cárcel a la joven de Zaragoza --dos por denuncia falsa y otros tantos por un presunto delito contra la integridad moral-- así como 250.000 euros de indemnización a cada uno de los implicados, esto es, a ella y al amigo que corroboró su versión, por los daños de imagen causados con "la imputación de un delito tan brutal".

Por su parte, la mujer fue condenada por la Audiencia Provincial de Zaragoza por un delito leve de amenazas, por amenazar a su jefe con una denuncia falsa de agresión sexual tras ser despedida.

HECHOS DENUNCIADOS

Los hechos denunciados sucedieron en junio de 2024 en Santander, donde se encontraba la joven zaragozana para participar en una convención de Tecnocasa, la inmobiliaria para la que trabajaba a través de una franquicia y de la que fue despedida tras la denuncia, presentada el día 20 ante la Policía Nacional de la capital aragonesa.

Según explicaba en ella, la noche del 14 había acudido junto a un compañero a una fiesta en un establecimiento de Santander y habría consumido una única bebida, pese a lo cual experimentó una 'laguna de siete horas' hasta que despertó por la mañana desnuda en la habitación del hotel donde se alojaba con dolor vaginal y marcas en las muñecas de haber sido sujetada.

A su regreso a Zaragoza se sometió a diferentes pruebas que dieron positivo por consumo de cocaína y benzodiacepinas, por lo que acudió a Urgencias del Hospital Clínico para realizarse las prácticas médicas pertinentes.

En ese momento, se activó el protocolo de violencia sexual que movilizó a un forense y Policía Nacional, quedando el caso en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de Zaragoza, que abrió la investigación y recabó testimonios y pruebas de lo sucedido en contacto con el Juzgado instructor.

Pero tanto la UFAM como forenses del Instituto de Medicina Legal de Cantabria concluyeron en sus respectivos informes que no se distinguen evidencias de sumisión química en la denunciante una vez analizadas las diferentes pruebas practicadas.