
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha confirmado la citación como investigadas de cuatro personas, entre ellas la alcaldesa de EH Bildu entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri, acordada por un juzgado de Durango en una causa abierta por presuntos delitos contra la ordenación del territorio relacionados con el vertedero de Zaldibar, que colapsó el 6 de febrero de 2020 y en cuyo derrumbe fallecieron los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.
El tribunal ha determinado, en un auto firme, el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de las otras cinco personas que fueron citadas como investigadas por la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Durango en este procedimiento.
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Con esta resolución, la Audiencia vizcaína revoca en parte el auto dictado por el citado juzgado en el que se citaba a declarar en calidad de investigadas en esta causa a un total de nueve personas.
En este procedimiento se investiga la presunta comisión de hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y es una derivada de otra pieza que investiga presuntos delitos contra el medio ambiente en relación con ese vertedero que colapsó el 6 de febrero de 2020 causando la muerte de dos trabajadores.
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El único procedimiento judicial cerrado es el que se abrió por la muerte de estos dos operarios, que finalizó con un acuerdo de conformidad por el que fueron condenado por homicidio imprudente tres responsables de la empresa propietaria del vertedero.
RECURSO
Las nueve personas citadas como investigadas en esta pieza por presuntos delitos contra la ordenación del territorio recurrieron el auto del juzgado de Durango ante la Audiencia de Bizkaia, que ahora ha estimado los recursos de cinco de ellas y ha acordado el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de estas personas, de manera que el procedimiento no puede continuar para ellas.
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El tribunal considera que, en su caso, se ha producido una "quiebra absoluta del derecho de defensa" porque se acordó tomarles declaración como investigados cuando ya había transcurrido el plazo legal de instrucción y sin que sus abogados tuvieran ninguna resolución judicial hasta unas fechas en las que "ya no disponían de la posibilidad de articular una estrategia defensiva, de combatir las fuentes de imputación, de proponer pruebas de descargo, y sobre todo, de tener conocimiento de la imputación delictiva efectuada a sus clientes".
"En definitiva, entendemos que el discurrir del proceso ha provocado la afectación radical de su derecho constitucional que provoca que su llamada a declarar en calidad de investigados no sea válida por vulnerar su derecho fundamental", afirma la Audiencia de Bizkaia.
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En el caso de las otras cuatro personas, entre las que figura la que fue alcaldesa de esa localidad entre 2011 y 2018 por EH Bildu, el órgano jurisdicional vizcaíno rechaza sus recursos de apelación y confirma que el juzgado de Durango les tome declaración en calidad de investigadas por los hechos que se investigan en estas actuaciones.
El tribunal explica que la situación de estas cuatro personas es diferente porque su posible implicación en los hechos se conoció a raíz de un atestado ampliatorio de la Ertzaintza recibido el 16 de junio de 2025 y, cuando el juzgado acordó citarles como investigadas, no había transcurrido, en su caso, el plazo legal de instrucción.
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El auto del juzgado de Durango también fijó acotar temporalmente el objeto de la instrucción judicial, y declaró expresamente prescritos los hechos anteriores al año 2015, algo que no revoca la Audiencia de Bizkaia.
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